Activismo empresarial contra los pueblos indígenas

Las crecientes movilizaciones indígenas en América Latina en defensa de sus territorios están centradas en la reivindicación del derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado que con ser de naturaleza procedimental, su violación sistemática es hoy por hoy el más fuerte reclamo de cara a las concesiones sobre minería y megaproyectos.

Incluso la Organización In­ter­nacional de Empleadores (OIE), integrante de la tripartita Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1920, está centrando baterías en el campo indígena como parte del creciente activismo de empresas sobre todo trasnacionales implicadas y según ellas afectadas por el rechazo indígena a su accionar en perjuicio de los pueblos. En este sentido encontramos una evidencia dentro del Informe de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo (102 reunión, 2013), en el cual se incluye la Comunicación que presentó la OIE en agosto de 2012 destinada a la OIT, pero con evidente dedicatoria a los diversos estados que han ratificado el Convenio 169. Este año se incluyeron observaciones en el informe respecto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela.

En cada uno de estos países se incluyó, con texto similar, la comunicación referida en la cual se anotan como problemas la identificación de las instituciones representativas, la definición de territorio indígena y la falta de consenso entre los pueblos indígenas y tribales sobre sus procesos internos, y la importancia de que la Comisión de Expertos sea consciente de las consecuencias que estos asuntos tienen para la seguridad jurídica, el costo financiero y la previsibilidad de las inversiones tanto públicas como privadas.

La OIE se refiere a las dificultades, los costos y el impacto negativo que el incumplimiento por parte de los estados de la obligación de consulta puede tener en los proyectos que llevan a cabo empresas tanto públicas como privadas y observa que la mala aplicación e interpretación del requisito de consulta previa puede implicar obstáculos legales y acarrear dificultades para los negocios, afectar a la reputación y tener costos financieros para las empresas, entre otras cosas.

También declara que las dificultades para cumplir con la obligación de consulta pueden tener repercusiones sobre los proyectos que las empresas quieren llevar a cabo a fin de crear un entorno propicio para el desarrollo económico y social, la creación de trabajo productivo y decente y el desarrollo sostenible del conjunto de la sociedad. Esta postura tiene como telón de fondo el fracaso empresarial en sus iniciativas orientadas a dividir a los pueblos a través de ofertas económicas destinadas a construir supuestos consensos contra las organizaciones que están resistiendo a estas empresas con la complicidad activa en algunos casos de los estados o bien con la omisión de los mismos frente a su deber de consultar a los pueblos.

Ya desde 2011 la OIT había presentado una observación general justificada en las crecientes quejas de los empleadores (empresas) y conflictos, donde aclaró que la consulta no es equivalente al derecho a veto para lo cual señaló que tal criterio fue rechazado por los estados desde que se discutió el texto del Convenio 169. En esta ocasión se optó por pasar a los estados la pelota incluyendo una nota similar para los países referidos en el sentido de invitar al gobierno respectivo a incluir en su próxima memoria los comentarios que juzgue oportuno al respecto de las observaciones de la OIE.

En México encontramos posturas similares a las de la OIE, donde las empresas se justifican y el Estado pretende tapar el sol con un dedo mediante respuestas triviales. En el informe presentado en la reciente sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU (E/C.19/2013/11) se consigna la postura de la Cámara Minera de México (Camimex) que reivindica buenas prácticas, las cuales, según sostienen, constituyen uno de los sectores más dinámicos de la industria mexicana y aporta mayores beneficios a la balanza comercial de México, ofrece a los trabajadores los mejores salarios y realiza sus operaciones de manera sostenible, respetando el ambiente y los códigos de conducta establecidos a escala internacional para este tipo de empresas. Así tenemos la réplica de lo planteado por la OIE por una parte, pero también a los pueblos indígenas movilizados y además con la ley en la mano acuden a tribunales en busca de justicia con resultados dispares. La agenda pendiente para los tres poderes del Estado es amplia y de nueva cuenta está colocado el desafío para modificar la política y legislación relativa a concesiones y propiciar en serio la justiciabilidad del derecho indígena.

http://www.jornada.unam.mx/2013/06/18/opinion/020a1pol