Las FARC piden reparación integral por el genocidio contra la Unión Patriótica

Además de garantías políticas y electorales para hacer oposición, proponen tener participación en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la Junta Directiva del Banco de la República.

Medidas de reparación integral por el genocidio contra la Unión Patriótica, incluyendo la conformación de una comisión de la verdad sobre lo que llaman “terrorismo de Estado” contra dicho movimiento político. La expedición de un estatuto de oposición que incluya el derecho a ser gobierno. La financiación estatal especial a los partidos y movimientos políticos y sociales en el país. Garantías efectivas en el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos sin estar supeditados al logro de un umbral electoral determinado y participación en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la Junta Directiva del Banco de la República.

Son algunas de las principales peticiones que las Farc comenzarán a poner sobre la mesa de negociaciones de paz con el Gobierno en La Habana, al iniciarse hoy un nuevo ciclo de conversaciones, cuyo objetivo es lograr un acuerdo sobre el segundo punto de la denominada ‘Agenda para el fin del conflicto’: el de la participación en política. Es lo que el grupo guerrillero considera las “diez propuestas mínimas” sobre “la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional”.

En una declaración leída por Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, las Farc reclamaron “el derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político”, así como también “a constituir partidos, movimientos y agrupaciones sin limitación alguna; a formar parte de ellos y a difundir sus ideas y programas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo político y la tolerancia; a la acción política social y popular a través de la protesta y la movilización, y a la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos, con la obligación del Estado de garantizar el diálogo, deliberante y público, con sus opositores”.

Sin duda, un punto que encuadra perfectamente dentro de la actual coyuntura nacional, teniendo en cuenta las protestas sociales que se viven en diferentes regiones del país, algunas de las cuales, según denuncias del Gobierno, estarían infiltradas por la guerrilla. Precisamente, en la región del Catatumbo (Norte de Santander), se desarrolla desde hace más de 45 días un paro campesino, al que las Farc la expresaron su respaldo y hasta ofrecieron apoyo en hombres y armas. Una declaración que generó mucho malestar en el alto Gobierno.

Volviendo al comunicado, sin duda el tema de la Unión Patriótica resulta fundamental cuando lo que está por pactarse se refiere a participación en política de la guerrilla tras su eventual desmovilización. Las Farc quieren que además de la reparación integral a dicho partido –surgido tras los diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancur en 1985 y exterminado en los años siguientes por los paramilitares, algunas veces en alianza con fuerzas del Estado— se expida una ley especial mediante la cual se reconozca la responsabilidad estatal en esos hechos. También buscan que se devuelvan las curules que se tenían y se haga una ceremonia pública de reconocimiento. Además, el Estado deberá comprometerse también con la reconstrucción de su memoria histórica.

En este sentido, las Farc pedirán que para el ejercicio de la oposición se les den garantías de seguridad e igualmente acceso libre y oportuno a la información oficial y a los medios de comunicación del Estado o a aquellos que hagan uso del espectro electromagnético. Quieren que haya derecho de réplica y la obligación de rectificación: “Se tendrá derecho de réplica cuando el Presidente de la República o miembros del Gobierno Nacional hagan afirmaciones que atenten contra el buen nombre de los partidos o movimientos políticos y sociales de oposición, o contra la dignidad de sus dirigentes, y las mismas hayan sido divulgadas en medios de comunicación social que utilicen el espectro electromagnético”.

El grupo guerrillero considera que, con miras a garantizar de manera efectiva los derechos de la oposición y de las minorías políticas, el reconocimiento de la personería jurídica debe darse con la sola inscripción del programa político y de los estatutos de la respectiva colectividad, sin estar ligados al cumplimiento de un umbral electoral. Igualmente, piden que la oposición tenga asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y un representante en la Junta Directiva del Banco de la República.

Pero además, buscan que los candidatos de oposición a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador, alcalde de Bogotá y alcalde de todos los municipios del país, que sigan en votos a quienes ganen las elecciones, tengan derecho a ocupar n una curul en el Senado, la Cámara Territorial, la Asamblea, y los concejos distrital y municipal, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección.

Otra de sus propuestas apunta a que se establezca una legislación especial, incluida la política criminal, “para la proscripción de prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas, que permean el sistema político y de representación, el régimen electoral, y los diferentes poderes públicos, restándoles credibilidad y transparencia y generando poderes fácticos sustentados en la compra de votos y el ejercicio de la violencia. De manera especial se proveerán garantías de no estigmatización y criminalización de la oposición política, así como garantías de seguridad individual y colectiva para los partidos políticos y movimientos declarados formalmente en oposición”.

Y un tema neurálgico y polémica: lo que llaman “política de seguridad del Estado y doctrina militar y policial”. Según las Farc, estás deben ser “reformuladas para desproveerlas de los contenidos propios de la guerra, expresados, entre otros, en el seguimiento y las escuchas ilegales y en la concepción de persecución y combate al enemigo interno. En lugar de ello, se fomentará una nueva cultura política en todos los funcionarios públicos de reconocimiento y respeto del opositor y sus derechos, orientada a la regulación pacífica de los conflictos políticos y sociales”. Asimismo, piden un “compromiso efectivo del Estado con la erradicación y proscripción del paramilitarismo y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia”.

Son los puntos de la guerrilla en cuanto a la eventual participación en política en caso de llegarse a un acuerdo de paz con el Gobierno, que como es habitual, frente al comunicado de hoy, no tuvo reacciones. El domingo, Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental, había acusado a las Farc de usar las negociaciones de paz para “hacer política”, y la instó a “avanzar” en la búsqueda de acuerdos que permitan poner fin al conflicto armado de casi medio siglo. El pulso comienza y falta ver qué están dispuestas las partes a aceptar y a ceder.

 

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