Ley de Matrimonio igualitario cumple tres años y ya se casaron 7000 parejas.

465

Dio inicio a una construcción de ciudadanía para la comunidad homosexual que no se detiene y sigue con identidad de género, fertilización asistida para todos y todas, discriminación en retroceso y hasta un candidato de la diversidad.

Fue a las cuatro de la mañana, después de quince horas de debate. Ese 15 de julio de 2010, el tablero electrónico del Senado registró 33 votos a favor, 27 en contra. Afuera, en la plaza, miles de personas festejaron una ley que creían quimérica; se entusiasmaron con una política que se atrevía a lo inesperado, que asumía riesgos. La Ley de Matrimonio Igualitario construyó ciudadanía, sanó desigualdades. A partir de esa madrugada, siete mil parejas accedieron a los mismos derechos que cualquier otra: beneficios previsionales, licencias, asignaciones familiares, obras sociales, adopción conjunta. Esa madrugada también fue el piso para todo lo que estaba por hacerse, el punto de partida hacia una sociedad mejor. Tres años más tarde, ¿qué hubo de ese esperado cambio cultural?

El giro se esparce a distintas velocidades según los escenarios: la casa, la escuela, el hospital, la política. Siempre hay una vanguardia, militante o no, que se anima a dar los primeros pasos, que convierte en historias personales la letra de la ley. Gente que se expone para llamar la atención de temerosos e indiferentes: dos policías que se casan en Rosario; un empresario que monta en Santiago del Estero una planta de exportación de carbón con seis empleadas trans.
La ampliación legislativa es la mejor evidencia. Primero, la sanción casi unánime de una Ley de Identidad de Género modelo a nivel internacional. Hace sólo unas semanas, la promulgación de la Ley de Fertilización Asistida. El Poder Ejecutivo acompañó los avances con el reconocimiento de los hijos de parejas de mujeres nacidos antes de la sanción, y el INDEC, con la pregunta por las familias homoparentales en el Censo Nacional 2010.
El Poder Judicial, el primer escenario donde se dio esta batalla, no es homogéneo. Cuando el proyecto de matrimonio no lograba superar la discusión en comisiones en la Cámara de Diputados, varios magistrados, entre ellos la porteña Elena Liberatori, se arriesgaron a poner la firma para las primeras bodas gay. Así se casaron Norma Castillo y Ramona «Cachita» Arévalo, las dos señoras que esperaron «30 años, 5 meses y 12 días» para que su familia fuera reconocida por el Estado. Otros jueces, en cambio, pusieron el cuerpo para que prevalezca el sentido religioso de la institución matrimonial. Este viernes, por ejemplo, se concretó la prisión domiciliaria amparada por la Ley 26.472 y dictada por la Corte Suprema, de Ana María Fernández, funcionaria porteña condenada por el caso Cromañón y detenida en la cárcel de Ezeiza junto a Bautista, el bebé de un año que tuvo junto a su mujer, Gabriela Aguad, y que aún amamanta. El Tribunal Oral N°24 y la Cámara de Casación habían negado ese derecho con el argumento de que el niño tenía «otra madre». «Nuestra historia empezó hace 28 años. La ley nos pareció algo maravilloso, pero desgraciadamente, hay sectores que manipulan los nuevos derechos para perjudicarnos», señala Aguad.
Las experiencias en los tribunales no son unívocas. Fernando Juárez, trabajador social, vive en Lomas de Zamora, junto a su pareja, con quien planea casarse el año que viene. Hace unos meses, tuvo que ir a una mediación porque la mamá de su hijo no quería que lo visitara: temía que la homosexulidad de su papá le generara algún daño. «Lo primero que me dijeron en el juzgado fue que si eso pasaba años atrás, no habrían podido defenderme, pero que ahora se podía hacer una lectura amplia de la ley de matrimonio. Ahí tuve conciencia de cuánto cambió la estructura jurídica», cuenta.
La escuela es el lugar donde se forma el sentido común de las nuevas generaciones, y por eso, el escenario privilegiado de ese cambio cultural. Desde 2010, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) incorpora en sus manuales para padres y docentes, temas vinculados a la diversidad, con el objetivo de romper «el silencio pedagógico». Los materiales se distribuyen en todo el país, pero se usan de un modo desparejo. Algunas provincias los tratan con total indiferencia, Salta a la cabeza. El mismo camino recorrieron los canales Paka Paka y Encuentro. En el Congreso, aún espera tratamiento un proyecto de ley del diputado Roy Cortina (Partido Socialista), que busca garantizar el ingreso y la permanencia del colectivo LGBT en el sistema educativo.
«La ley fue una liberación individual y colectiva que compartimos todos los argentinos. Una ley que aflojó la mirada hacia el otro. Quienes quieren trabajar con esa libertad en el aula, hoy puedan respaldarse en los manuales y contraponerse a los sectores más reaccionarios

Más notas sobre el tema