Declaraciones del Gobierno Nacional colombiano y las FARC, al final del ciclo de conversaciones No. 12 en La Habana

Declaración del Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle al final del ciclo de conversaciones No. 12 en La Habana

La Habana, Cuba, agosto 10 de 2013.

Buenas tardes.
Siempre es oportuno recordar la esencia y el objetivo central de lo que estamos haciendo aquí en La Habana: mediante el diálogo directo con la guerrilla, buscamos un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Y a partir de ese momento -el fin del conflicto- iniciar un proceso de construcción de la paz, de una paz estable y duradera para Colombia que involucre a toda la nación, a todos los sectores de la sociedad. No más excusas para continuar una guerra sin sentido. Para eso exactamente estamos aquí. No para favorecer el uso de la violencia.

Tenemos una Agenda acordada con las FARC para estas conversaciones. Nos ceñimos a ella. Actualmente estamos discutiendo el tema de participación política que corresponde al segundo punto. La esencia del fin del conflicto no es otra cosa que el rompimiento del vínculo entre política y armas, para transitar a un escenario en el que todos juegan con las mismas reglas que son las de la democracia.  Eso quiere decir, por una parte, que quienes transitan a la democracia deben dejar las armas. Esto es el fin de la combinación de todas las formas de lucha. Y por otra parte, que quienes participan en la democracia deben tener las garantías por parte del Estado de que no van a ser objeto de la violencia y que pueden ejercer la oposición y la actividad política legal. Son garantías de doble vía.

Y las FARC, si hacen el tránsito a movimiento político legal como esperamos, requieren garantías especiales como ha ocurrido en todos los procesos de diálogo en el mundo.  Tal como lo dijimos en el comunicado conjunto, que acaba de salir luego de que cada delegación presentara su visión y propuestas concretas, iniciamos en este ciclo la confección de acuerdos sobre los “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Igualmente acceso a medios de comunicación”, tal como reza la Agenda.

Toda la discusión de este punto tiene directa relación con el fin del conflicto. Pero no se trata simplemente de dar garantías. Discutimos de participación política con las FARC porque esperamos que, a partir de la firma del Acuerdo, dejen sus armas, se desmovilicen y se incorporen a la democracia. Para que defienda sus ideas, seguramente para que hagan oposición, pero reconociendo los elementos esenciales del estado de derecho.

Paso a paso esperamos lograr este acuerdo para el fin del conflicto.  Paso a paso le estamos dando una oportunidad a la paz. Nunca se había llegado tan lejos en este ejercicio de diálogo. Ya logramos, como lo recordó esta semana el Presidente Santos desde el Puente de Boyacá, un acuerdo sobre desarrollo rural integral. Un acuerdo que busca darle una verdadera oportunidad de progreso y superación de la pobreza al campo y a los campesinos colombianos, también dentro del marco del fin del conflicto.

La combinación de estos acuerdos que estamos buscando en materia de participación política y los que ya logramos en el tema agrario, que también reconoce los derechos de las víctimas del despojo de tierras, deben igualmente vigorizar nuestra democracia en particular en el contexto regional.  Al final serán los colombianos quienes decidirán si aceptan estos acuerdos, ya que serán sometidos a la refrendación de los ciudadanos. En ese momento todos conocerán integralmente el texto de lo que pactemos aquí en La Habana, para que puedan pronunciarse sobre el mismo.

Osea que ustedes -cada uno de Ustedes los colombianos- tendrán la posibilidad y la potestad de decidir sobre la conveniencia de estos acuerdos. Esperamos que la discusión previa a la refrendación se desarrolle en el marco de la tolerancia y el respeto por las ideas ajenas. Proclamamos que la discusión es conveniente. Quienes se oponen al proceso tienen derecho a expresarse libremente. Todas las ideas son valiosas.  Pero siempre es necesario tener presente que al final del intercambio democrático de opiniones, será la mayoría la que tome las decisiones. Por encima de las ideas de cada quien, es esencial no olvidar que la mayoría definirá el bien supremo de Colombia. Esperamos continuar en este proceso de construcción de acuerdos sobre los temas de participación política y participación ciudadana a partir del próximo ciclo de conversaciones que se inicia el 19 de agosto.
Muchas gracias.

 

Declaraciones de las FARC-EP

Culminamos hoy un nuevo ciclo de conversaciones de paz en La Habana con avances significativos en la construcción de un acuerdo en torno al punto dos de la Agenda referido a la Participación Política. Estamos dando los primeros pasos en esa dirección.

Tuvimos en esta ronda el gran honor de escuchar a académicos expertos de la estatura intelectual de Víctor Manuel Moncayo, Marco Romero, Carlos Medina Gallego y Sergio de Zubiría, profesores del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y de los Andes. Días atrás habíamos escuchado las esclarecedoras disertaciones de los doctores Alberto Rojas Puyo y Fabio Velásquez que nos entregaron como insumos para la discusión el producto de
sus ideas para la Participación Política y Ciudadana, herramienta indispensable para la construcción de un nuevo país.

Nos recordaron los profesores que el conflicto en Colombia tienen causas estructurales; que aquí hubo un estado de sitio permanente que atropelló derechos ciudadanos durante muchos años; que la paz debe ser política de Estado para que los eventuales acuerdos, perduren; que debemos buscar un modelo incluyente de democracia, que no acabe con la confrontación de las ideas, pero que nos saque de la guerra. Con ellos coincidimos en la certeza de que sin el ejercicio de la oposición política no hay democracia, que la movilización ciudadana es el más eficaz contrapeso a los grupos de poder, y que los Foros colocaron la voz ausente de las organizaciones sociales en la mesa de conversaciones y produjeron los insumos de sus propias demandas.

En Colombia hay un descrédito creciente de la política, y por ello estamos convocando a un acuerdo de voluntades para refundarla y reinventarla, para que sirva a todos, especialmente a las mayorías ignoradas y para que sirva a la paz y a la reconciliación. Para que el acuerdo se convierta en verdadero tratado de paz, tendrá que remontar las fronteras y las líneas rojas que se atraviesan a la posibilidad de cambios estructurales, legislativos y constitucionales. Queremos que la guerra emprenda su marcha irreversible hacia la política en un ambiente de justicia social y democracia verdadera.

Tras este propósito superior, y derecho síntesis, la paz, hemos presentado a consideración del país y del gobierno nacional *10 propuestas mínimas para la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional*, de cuyas primeras cinco se derivan ya, 49 propuestas, entre las que destacamos “participación política y reestructuración democrática del Estado, creación del poder popular, límites a la concentración del poder público, rediseño del orden jurídico-económico, reforma democrática a la justicia, reforma política democrática y electoral, creación de la circunscripción de paz, conformación legal de un nuevo movimiento político, democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la propiedad pública estatal y comunitaria, ordenamiento territorial para la democratización y la participación política y social, conformación de la cámara territorial que asuma la voz olvidada de las regiones, y convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras.

Por otra parte, queremos reiterar que el tema de la verdad histórica y el de la justicia transicional que está siendo considerado por estos días en la Corte Constitucional a instancias del gobierno, hacen parte de la Agenda como componentes del punto quinto, y deben ser debatidos en la mesa de La Habana y no en Bogotá. En estas circunstancias la esperada sentencia de la Corte puede constituirse en un petardo contra las conversaciones que buscan una salida política al conflicto. Los que insisten en hacer prevalecer parcializados aspectos jurídicos sobre el anhelo mayoritario de paz,
podrían estar generando innecesariamente motivos para la continuación de la guerra y la generación de nuevas víctimas. Este asunto debe ser resuelto sin injerencias externas, soberanamente entre los colombianos. El poder creador, el constituyente primario, es el que tiene la palabra, es el que puede. Ese soberano puede más que el poder constituido, y es que las cortes externas no deben interferir si es una Constituyente la que alcanza la paz.

La Constituyente es la fuente de toda autoridad, el summun de la autoridad del pueblo y expresión de la soberanía nacional. No hay otra salida.

La historia de la contienda colombiana no puede ser investigada, relatada, por una sola de las partes en conflicto. Debe ser integral, abarcadora, contando lo de todos. Hay que precisar la responsabilidad política del Estado, de los partidos, de la clase dirigente. Precisar quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, el alcance de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia, la guerra de baja intensidad,  y políticamente a las hordas paramilitares que asolaron al país, quién o quiénes diseñaron la estrategia de exterminio del movimiento político Unión Patriótica, quién la de los falsos positivos… Por eso insistimos en la creación de la Gran Comisión de la responsabilidad histórica integrada por nacionales y personalidades del ámbito internacional, que evalúe y complemente el informe general del grupo de memoria histórica yy entregue nuevos insumos a la mesa.

Para mayor rigor histórico -reiteramos-, se deberá acceder a los archivos de los organismos de inteligencia de los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la policía y el ejército y demás organismos secretos de inteligencia, así como a las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante facultad que le otorgaba la vieja Constitución.

Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Es pertinente insistir que en todos los casos en donde se ha aplicado justicia transicional o marcos jurídicos como el que se pretende en Colombia, el conflicto o las dictaduras se superaron primero; el conflicto llegó a su fin con un vencedor y, los ganadores aplicaron sus reglas del juego con sus gobiernos nuevos y sus aparatos jurisdiccionales nuevos; y este no es el caso de Colombia. Este tema no puede tramitarse unilateralmente. Como está demostrado, el Estado responsable no puede ser juez y parte para efectos de una ley de transición, con el pretexto de aplicarle justicia a la otra parte contendiente.

Finalmente, queremos reiterar que es nuestro anhelo, que el conjunto de la sociedad se vincule a las discusiones y definiciones sobre la paz de Colombia, considerando que este es un asunto que atañe a todos. Dentro de esa perspectiva, queremos invitar a los partidos políticos y a los precandidatos presidenciales a La Habana para intercambiar sobre los problemas múltiples que aquejan al país, y para buscar un entendimiento que permita colocar más y más cimientos a este emprendimiento de construir la paz sobre sólidas bases de justicia social, que nos reconcilie para siempre.

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

 

http://www.arcoiris.com.co/2013/08/declaraciones-del-gobierno-nacional-y-de-las-farc-documentos/