Parlamento pide investigar a Francisco Flores y podría ser el primer ex presidente enjuiciado

El informe técnico que analiza las negociaciones que hubo en torno al contrato CEL-Enel, servirá de insumo para que la FGR inicie eventualmente, investigaciones sobre el posible enriquecimiento ilícito del expresidente Francisco Flores y de otros exfuncionarios.

El trasfondo de este caso es el de una posible corrupción durante la gestión del expresidente Francisco Flores que entregó a un socio estratégico los recursos energéticos del Estado, según el presidente de la comisión especial que investiga el contrato entre CEL-Enel, diputado Jaime Valdez.
En el informe parcial dado a conocer por la comisión especial que le da seguimiento al caso, se pide que se investigue por posible enriquecimiento ilícito al expresidente Francisco Flores, al exministro de Economía Miguel Lacayo y al expresidente de la CEL Guillermo Sol Bang; así como a los ex superintendentes generales de electricidad José Luis Trigueros y Ernesto Lima Mena.
De igual manera, se pide que la investigación se haga extensiva por los mismos indicios a los ex directivos de CEL 1999-2004 Jorge José Simán, Manuel Rosales Torres, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría, Aldo Enmanuel Miranda Sol y Tomas Hawk Baker. Asimismo, a los miembros de la junta directiva de GESAL, después la GEO, del mismo periodo, conformada por Jorge Simán Zablah, Oscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilez Herdocia, Ricardo Palomo Déneke, Mario Christopher Selva Breyel, Carlos Mauricio Novoa González, Tomas Hask Baker y Pedro José Escalón Pacas.
¿Qué es lo que ha pasado este día en la comisión especial que investiga el contrato CEL-Enel?
Que se ha leído el documento que es el informe parcial elaborado por la comisión especial para conocer sobre las negociaciones en la firma del contrato de CEL-Enel.

¿Y qué es lo que determina este informe?
Las conclusiones son que hubo excesos de algunos exfuncionarios en las atribuciones de sus funciones y que actuaron con negligencia así como se solicita en el informe que se les investigue su patrimonio de ese momento ya que hay situaciones que llaman la atención de que pudo haber alguna negociación ilícita en este contrato. Se recomienda que se acuda a la Fiscalía de la República y a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que se determine si hubo negociaciones ilícitas… lo que estamos buscando son los mecanismos en defensa de los intereses del Estado y esos mecanismos implican hacer todas las diligencias para ganar el arbitraje internacional que se nos sigue en París en donde hemos sido demandados por ENEL, a efecto de recuperar la soberanía y los bienes públicos de los salvadoreños.

¿Qué funcionarios son los que tienen responsabilidades según el informe parcial?
El expresidente Francisco Flores; el exministro de Economía, Miguel Lacayo; y el expresidente de la CEL Guillermo Sol Bang, además de la junta directiva de 1999-2004 de la CEL y dos superintendentes de estos periodos. Son una veintena de exfuncionarios.

¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el rumbo que tome este caso?
El informe será leído mañana (hoy) en el pleno legislativo y si es aprobado por mayoría simple, esto es, cuarentaitrés votos, se remitirá a la Fiscalía y a Probidad para que inicien las investigaciones pertinentes para deducir responsabilidades y que se ejecuten las recomendaciones.
¿Cuáles son esos indicios de los que se habla que dan paso a creer de que hubo negocios turbios?
Eso está debidamente comprobado por declaraciones de los dos superintendentes que dicen que desconocieron de las negociaciones, cuando era deber de ellos conocerlas pues ellos mismos autorizaron las concesiones a ENEL. En el caso de la junta directiva de la CEL, el sustento que hicieron fue sobre el artículo ciento diecinueve de la Ley Orgánica de CEL, pero este artículo no les faculta para hacer uso de los bienes del Estado. Este artículo solo dice que CEL se va a reestructurar y que a las sociedades que se van a constituir no se les va a aplicar el régimen de sociedades mixtas; pero no se estableció un marco jurídico para disponer del uso de los bienes del Estado.
Ellos interpretaron de una forma arbitraria y excesiva el artículo ciento diecinueve porque había un régimen especial en las leyes orgánicas de CEL que establece un régimen del patrimonio de CEL, además no hay que perder de vista que transfirieron bienes a instituciones privadas, siendo bienes públicos y los funcionarios públicos no tienen la libre disposición de los bienes del Estado.

En caso de que la Asamblea apruebe las recomendaciones de este informe ¿qué va a pasar?
Yo creo que debemos de rescatar ciertos hechos que se están suscitando. Por primera vez en la historia del país estamos enjuiciando a un expresidente y eso implica que vamos avanzando en este proceso democrático que exige transparencia. Hay en este informe gente en condiciones económicas muy favorables… la junta directiva de CEL si usted ve los nombres que están allí, son de gente con mucho dinero y estamos avanzando porque esta gente pudiente no debe estar al margen del cumplimiento de la ley y por supuesto avanzamos en el combate de la corrupción porque vamos a determinar si hubo negociaciones ilícitas.

¿Qué posibilidades hay de que la sección de Probidad y que la Fiscalía misma lleven adelante las investigaciones? Es decir ¿podrían hacer caso omiso?
Espero que no y que defiendan el patrimonio del Estado. Incluso a Francisco Flores ya se le está cuestionando a petición del presidente Mauricio Funes quien pidió una investigación por este mismo caso, pues hoy se le juntan las dos denuncias. Tenemos una serie de investigaciones que a la Fiscalía le pueden servir como insumos; nosotros lo que haremos será remitir todas las declaraciones con una serie de contradicciones por ejemplo de los superintendentes: uno de ellos que es pariente de Milena de Calderón, y el otro que es Luis Torres; ellos fueron los responsables de la institución contralora de la distribución y comercialización de la energía eléctrica, eran parte de la institución encargada de autorizar en aquel momento las concesiones y que hayan venido a expresar que no se dieron cuenta, que no tuvieron ninguna participación en este proceso… perdonen pero o son ignorantes, negligentes o se están haciendo los de los panes.

Imagino que ustedes esperarían a que se enjuicie a estos ex funcionarios…
Claro pero eso depende de las instituciones. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel de abrir una brecha y ya la Fiscalía tendría que cumplir con su rol y esperamos que lo cumpla. Igual la sección de Probidad.
Esta es una investigación de seis meses por donde han pasado técnicos de diverso tipo y funcionarios dando sus declaraciones. Aquí recibimos a ministros, exministros, presidente de CEL, etc. Tenemos una gran cantidad de información incluso información del Estado con clasificación de confidencial y allí están clasificadas todas estas negociaciones oscuras que hicieron.
Una decisión de este tipo en donde se abre el camino para enjuiciar a un ex presidente y ex ministros, de seguro tendrá entre otras consecuencias, las de tipo político ¿Cómo puede afectar al partido político al que representan estos exfuncionarios?
Ya esas son valoraciones de otro tipo pero no es ese el tema. No iniciamos esta investigación con esa finalidad de afectar a un partido político; la hicimos para determinar responsabilidades y claro que eso traerá secuelas para algunos, que la gente las va a valorar en su momento.
Para tener mayor claridad ¿podría darme mayores detalles de todo este caso para poner en contexto todo esto que está sucediendo?
La Asamblea Legislativa constituyó una comisión especial por la circunstancia que se está dando en París, y tiene que ver con el fallo de ese arbitraje. Enel Green Power, que es una empresa italiana, según el arbitraje, tendría que pasar a ser socio mayoritario de la GEO es decir, sería la dueña del cincuentaitrés por ciento de las acciones. Ahorita ya es dueña del treinta por ciento. Eso significaría que aquello que fue del Estado, el campo de geotermia de Berlín y de Ahuachapán, pasaría mayoritariamente a manos de Enel, entonces nosotros quedaríamos en una situación de desventaja y el Estado iría perdiendo participación según la modalidad que hicieron estos señores de contratar a un socio capitalista, a un socio estratégico, de tal manera, que el Estado va a reducir su participación a una mínima expresión y Enel va a ser la dueña de toda esa infraestructura.
Esto viene desde el año dos mil, que se constituyó el contrato y el acuerdo… así fue como Enel se convirtió en socio de la GEO.
¿Cuánto invirtió Enel en este negocio?
Unos cien millones de dólares, pero este negocio es mucho más rentable. En corto plazo ya han recuperado su inversión inicial. Para lo que se le está transfiriendo de dinero, la inversión inicial que hizo fue mínima; hizo una inversión de cien millones de dólares y eso lo está recuperando rápidamente a través de las utilidades.

¿En qué consiste el contrato entre la CEL y Enel?
Los funcionarios en aquel momento renunciaron al derecho preferente de suscribir acciones. Por ejemplo, si se iba a hacer una perforación de otro pozo y eso aumentaba el capital de la GEO, Sol Bang y todos estos renunciaron a ese derecho de suscribir acciones. Según el contrato entre ambas partes, el Estado no puede suscribir acciones antes que Enel. Cualquier emisión de acciones tiene derecho preferente Enel por lo tanto nunca va a dejar de hacer uso de ese hecho preferente. Entonces, cualquier aumento de capital le favorece a Enel y el Estado va cada vez reduciéndose más. Es un contrato lesivo para los intereses del Estado.
Pero el diputado Mario Valiente hace ver que el negocio era bueno para el Estado porque no se invirtió “ni un cinco”, en sus palabras…
Los campos de Berlín y Ahuachapán ya habían terminado toda su infraestructura a través de un préstamo que el Estado pagó como de quinientos millones de colones. Lo que Enel hizo fue introducir una pequeña tecnología… Una inversión de cien millones de dólares para la magnitud de lo que se están llevando es un gran negocio.
Y llama la atención del porqué esas circunstancias tan desfavorables para el Estado, lo que hace sospechar que puede haber negociaciones bajo de agua y que pudo haber dado lugar a un enriquecimiento ilícito de todos estos funcionarios mencionados en el informe.

Ya que vuelve a tocar el tema del informe ¿porqué hasta ahora y no en aquél momento se hicieron los señalamientos?
Si usted se recuerda, cuando Francisco Flores salió del gobierno se impidió por argucias legales que se revelara su patrimonio. Eso lo impidió la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. El actor principal de ese encubrimiento fue el entonces magistrado Ulises del Dios Guzmán. El fue de los actores principales para encubrir a Francisco Flores. Ulises del Dios dio una interpretación de la ley que impidió que se investigara el patrimonio de Flores. La resolución fue tomada por toda la Corte pero él fue el principal actor para defender al expresidente.
¿Qué le pedirían ustedes ahora a esta sección de Probidad?
Le pedimos a Probidad que investigue los aumentos de capital de todos estos funcionarios señalados en el informe… Cuando uno entra al servicio público presenta su declaración patrimonial y cuando finaliza su periodo vuelve a presentarlo y eso es normal. Durante ese periodo específico de esos exfuncionarios, hay que investigar qué aumento de capital tuvieron porque ellos declararon algo y pudieran tener ahora grandes capitales inexplicables como se sospecha y por ello pedimos que se investigue el estado patrimonial de estos exfuncionarios.
Ahora bien, hay otro elemento que no hemos tocado y es el de que estamos en tiempo de precampaña electoral ¿no podrían pensar los ciudadanos que todo esto se está haciendo para afectar a un partido político, en específico a Arena? ¿No podría ser esto parte de la contra campaña?
Antes del evento electoral ya la gente demandaba estas acciones porque la gente está consciente de lo que se está perdiendo en todo esto y es el patrimonio del Estado; no creo que ningún salvadoreño por cuestiones electorales sea apático a investigar o permitir que el Estado pierda un gran recurso. Y es un gran recurso porque las utilidades que se obtienen son bastante buenas.