Indígenas de Costa Rica reclaman autonomía y devolución de tierras

Autonomía propia con o sin ley fue la frase con la que el representante del Frente Nacional Pueblos Indígenas (FRENAPI), Sergio Rojas, señaló que la defensa de sus tierras no va a ser frenada ni intimidada.

“Las tomas de fincas y tierras realizadas y las que continuarán se han fundamentado en lo que más nos interesa como pueblo Bribri e indígena, que es mantener la columna vertebral de la tierra, nuestra madre, a partir de ahí podemos preservar nuestra cultura”, indicó Rojas, en el conversatorio sobre Movimientos Sociales, realizado en la ANDE.

La política que han elaborado va ligada a la reivindicación de derechos y autonomía. Las leyes están pero no se han respetado por parte del Gobierno, “nosotros trabajamos porque esas leyes se cumplan, Ley indígena y el Convenio Internacional 169, que son interpretados bajo de los intereses de los finqueros y los políticos” afirmó el representante del FRENAPI.

La lucha es conjunta, son muchos los problemas sociales, políticos y culturales. El conflicto se acrecienta cuando los indígenas deciden tener autonomía propia, y la falta empleo y la fuerte discriminación los limita en grandes dimensiones, además de las situaciones vulnerables de acceso a los servicios de salud y el inexistente respecto por la medicina tradicional.

Un ejemplo, citado por Rojas, indicó como la transnacional Pindeco, ubicada en Ujarrás, amenazó a un grupo de indígenas de tener que evitar el desalojo de un no indígena, sino se quedarían sin trabajo.

Los hijos y nietos de estas comunidades indígenas lograrán  interiorizar sus derechos ancestrales. Existen familias que vivían en tugurios y ahora han llegado a tener sus hogares, y por ende la presión de los no indígenas ha crecido.

Se condenó como reciben presiones por parte la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), de la Dirección Nacional de Desarrollo y el desleal control del Gobierno por parte de la mesa de diálogo, donde no se avance en el no cumplimiento de las leyes. Y de la Municipalidad de Talamanca en el caso de Salitre.

Los territorios de Cavagra, Boruca, Guatuso, Quitirrisí, han seguido el ejemplo de Salitre y la movilización se ha extendido a otros pueblos originarios de nuestra Costa Rica.

Para la observadora internacional, del Servicio de Paz y Justicia, Ana Gauncha, es una clara señal de intolerancia el hecho de que el porcentaje de % de privados de libertad indígenas encarcelados es mayor en proporción con el porcentaje de la población indígena, dato que le fue comentado por la magistrada Escoto.

Según investigaciones del Observatorio paz para América Latina, la militarización de nuestros países latinoamericanos va más allá de las bases y cuerpos militares sino que ahora estos sistemas de represión se evidencian en el control de las manifestaciones de forma más violenta, con rasgos militares.

Ya que los cuerpos militares han asumido nuevos roles y funciones, y los nuevos enemigos se unen en defensa de instaurar planes económicos y estratégicos, donde el objetivo primordial es drenar los recursos naturales y comercializarlos en el mercado mundial.

Por ello, se establecen proyectos entorno a esos recursos y  la represión es directa sobre los movimientos sociales indígenas y campesinos en su mayoría, por su estructura autónoma, son tomados como chivos expiatorios, mencionó críticamente Gaucha.

En América Latina está el 40% de la floresta a escala planetaria, por lo que las represiones están desatadas en toda nuestra región.

“Es necesario desmilitarizar nuestras conciencias, instituciones y sociedades, que seamos una sociedad donde el otro pueda vivir su dignidad humana”, enfatizó la Observadora internacional.

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