Nicaragua y Costa Rica vuelven a cruzar acusaciones de expansionismo

Nicaragua denunció en La Haya intenciones expansionistas de Costa Rica

El embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello Gómez, denunció las intensiones expansionistas del Gobierno de Costa Rica, que pretende apropiarse de una a barra de arena que separa el Mar Caribe y Harbour Head en la zona de río San Juan.

“Ante esas pretensiones tuvimos que hacer los planteamientos correspondientes, explicar cuáles eran los derechos de Nicaragua y sobre todo, las sorpresas nuestras de que Costa Rica ahora tuviera reclamando por ejemplo por la presencia de soldados nuestros que están en una isla y playón que están frente a Harbour Head que nunca han sido disputadas por Costa Rica como pertenecientes a Nicaragua” dijo.

En entrevista con el canal 4 de televisión desde La Haya, agregó que Nicaragua desde hace dos años tiene instalado en ese lugar un pequeño campamento con unos pocos soldados para ejercer labores de vigilancia.

El diplomático se refirió a la importancia de aclarar que con los costarricenses se está discutiendo no solo lo relacionado con el humedal que se conoce como “territorio en disputa”, sino que ahora Costa Rica pretende una extensión mayor que nunca antes la había atendido.

Argüello reiteró que los ticos nunca habían pretendido tener más espacios que los que están en disputa.

Los ticos también alegan que Nicaragua está violentando los derechos de navegación, es decir, pretenden reabrir un caso que ya fue fallado por la CIJ en el año 2009, donde se dejó claro que ellos (ticos) no tienen ningún derecho de navegar con autoridades y funcionarios de su gobierno, y que su único derecho se limita a navegación con fines de comercio, comentó el diplomático.

Ambientalistas demandarán a ticos ante CCJ

Organizaciones ambientalistas anunciaron que presentarán ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), una segunda demanda contra el Gobierno de Costa Rica por severos daños ambientales ocasionados al nicaragüense río San Juan.

Durante una conferencia de prensa, cinco organizaciones afirmaron que el Gobierno del Laura Chinchilla se mantiene en estado de rebeldía, al no acatar la sentencia definitiva de la CCJ, que mandó a detener la construcción de una carretera paralela al manto acuífero.

El presidente del Foro Nacional de Reciclaje (Fonare), ingeniero Kamilo Lara, sostuvo que ante la posición del Gobierno tico, están retomando diversos estudios que no se tomaron en cuenta en la primera demanda por falta de tiempo, e información obtenida recientemente para poder formular la demanda.

Los demandantes son el Foro Nacional de Reciclaje, la Fundación Amigos del Río San Juan, Tecuilcan, Cedaprode, Fedaprodec y la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional, que plantean daños acuáticos y terrestres al medio ambiente, así como daños sociales y económicos a las comunidades del área de influencia directa e indirecta en detrimento del nicaragüense río San Juan y a la gran reserva de biosfera.

 

http://www.rlp.com.ni/noticias/general/150727/ticos-ambiciosos-y-expansionista

 

Nicaragua pide rechazar las medidas solicitadas por ticos

Nicaragua pidió este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que “rechace” las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica sobre la disputa que ambos países mantienen por la soberanía de la bahía de Harbour Head, situada en la zona del río San Juan.

“Nicaragua pide a la Corte que rechace la solicitud de medidas provisionales presentadas por Costa Rica”, sostuvo el embajador de Nicaragua en Holanda, José Carlos Argüello, durante la última audiencia sobre la solicitud de medidas de urgencia requeridas por el Gobierno de Costa Rica ante el Alto Tribunal de la ONU.

Discurso íntegro del doctor Carlos Argüello ante la CIJ: http://www.rlp.com.ni/noticias/general/150693/nicaragua-pide-rechazar-las-medidas-solicitadas-por-ticos

 

Canciller tico dice que se demostró en La Haya “la política de mal vecino y expansionista de Nicaragua”

Costa Rica afirmó haber mostrado “la política de mal vecino y la política expansionista de Nicaragua”, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tras cuatro días de audiencias-

Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo, al término de las audiencias convocadas por la CIJ para analizar nuevas medidas cautelares solicitadas por su país por la construcción de dos nuevos caños en Isla Portillos, en disputa con Nicaragua.

“Evaluamos la semana muy positivamente, porque hemos tenido la oportunidad de mostrar a la Corte (Internacional de Justicia) y al mundo entero los extremos a que llega la política de mal vecino y la política expansionista de Nicaragua en relación con Costa Rica”, dijo Canciller en una declaración escrita.

Sostuvo que durante las audiencias “quedaron constatadas las violaciones gravísimas a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, el desaire a la Corte, el menosprecio por la integridad territorial y soberanía de un país vecino, de un país desarmado, que se ve acosado constantemente por un país que dispone de ejército y que acude constantemente para intimidar y agredir a su vecino. Todo esto quedó demostrado en la Corte”.

Entre otras violaciones, Costa Rica denunció la excavación de dos nuevos caños en la zona de Isla Portillos, territorio costarricense sujeto a medidas provisionales por la Corte. Uno de los caños tiene un ancho de entre 20 y 30 metros y casi 300 de largo.

Añadió que durante las audiencias Costa Rica mostró “evidencia irrefutable” de las nuevas y graves incursiones de Nicaragua.

El miércoles 16 de octubre, durante la réplica, el equipo jurídico de San José mostró  información satelital tomada el 5 de octubre, que muestran campamentos militares aún presentes en la zona en disputa, así como la excavación de una fosa cuyo objeto es la de unir el caño con el Mar Caribe.

Costa Rica advirtió que “estos caños nuevos son claramente el resultado de una planificación cuidadosa, lo cual es evidente por su diseño […] No se trata como si el señor (Edén) Pastora simplemente perdió el rumbo o se extravió en el territorio en disputa por accidente y decidió cavar un hueco por sí mismo”.

Además, acusó a Nicaragua de intentar, vanamente, de desvirtuar la necesidad de nuevas medidas cautelares con la argumentación de que había suspendido todos los trabajos y removido toda la maquinaria y personal en la zona de Isla Portillos, territorio costarricense sujeto a medidas provisionales por la Corte.

En este sentido, subrayó el reconocimiento del agente nicaragüense, Carlos Arguello, quien afirmó ante la Corte que habían retirado de la zona el personal, instalaciones o equipamiento, “porque en cuanto las autoridades nicaragüenses supieron de una presencia allí ordenaron su inmediata retirada”.

Dicha declaración de Nicaragua, cuando anteriormente había asegurado a la Corte que no habían ingresado a la zona ni tenían presencia ahí, es para Costa Rica un reconocimiento del permanente desacato de las órdenes emitidas por el Alto Tribunal en marzo de 2011 (que mandó despejar la zona) y de  que han violado la integridad territorial y la soberanía costarricense.

En una nota diplomática del 18 de setiembre de 2013, en respuesta a la protesta elevada por Costa Rica, Nicaragua afirmó que “no ha autorizado ningún tipo de trabajo en el territorio en disputa y no ha enviado personal ahí. Nicaragua reitera formalmente esta afirmación”.

El martes 15, la Presidenta Laura Chinchilla calificó la actitud de Nicaragua como, “errática, falsa y engañosa” al recordar las veces que Managua afirmó que no había realizado ningún tipo de trabajos en la zona, aunque luego señalaron que los nuevos caños que construían eran producto de las lluvias, o en boca del encargado de las obras, Edén Pastora, que limpiaban el lugar de plantas acuáticas. Finalmente admitieron que se habían retirado de la zona.

El 24 de setiembre de 2013, Costa Rica solicitó a la Corte que indicara nuevas medidas provisionales, tras denunciar el 17 de setiembre nuevas agresiones perpetradas por Nicaragua a la integridad territorial y soberanía costarricense, que se suman a las violaciones del año 2010.

El pedido se hizo tras detectar a mediados de setiembre la excavación de dos nuevos caños en la zona de Isla Portillos, territorio costarricense sujeto a medidas provisionales por la Corte.

“Nicaragua, casi con un tono de clemencia pide que la Corte no dicte nuevas medidas cautelares, porque ya acostumbrados a incumplir las del 2011 quieren seguir por esos derroteros dándole la espalda al derecho internacional y temen que la Corte les vaya a poner un freno”, dijo hoy el Jefe de la Diplomacia costarricense, quien insistió en la necesidad de las medidas.

Costa Rica insistió en la necesidad de impedir que Nicaragua concluya los trabajos de excavación de los nuevos caños, pues de sino, “se corre el riesgo de se imponga un hecho cumplido a Costa Rica antes de que la Corte emita su fallo final”.

Castillo advirtió la existencia de un riesgo “real e inminente de prejuicio irreparable”, pues una de las consecuencias de las nuevas obras ilegales por parte de Nicaragua es que el cauce del río San Juan sea desviado para siempre hacia el Mar Caribe, incluida la ubicación geográfica y la configuración de su salida al mar, así como por los graves y nuevos daños a un humedal internacionalmente protegido.

La solicitud señala, en particular: que “se suspenda todo trabajo de dragado o cualquier otro, y específicamente la cesación de cualquier tipo de trabajo en los dos caños artificiales adicionales…”, “que Nicaragua retire inmediatamente todo el personal, infraestructura (incluidas las tiendas de campaña) y equipo (incluidas las dragas) que ha introducido por sí, o por intermedio de cualquier persona bajo su jurisdicción o que provenga de su territorio al territorio en disputa…” y “qué se le permita a Costa Rica realizar trabajos de remediación en el territorio en disputa, en los dos nuevos caños artificiales y área circundante, en el tanto sea necesario para prevenir que se cause un perjuicio irreparable al territorio en disputa.”

El equipo jurídico que defiende los intereses costarricense está integrado por los Embajadores Edgar Ugalde y Jorge Urbina, los abogados costarricenses Sergio Ugalde, Arnoldo Brenes y Ricardo Otárola, y los abogados internacionales James Crawford, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth y Kate Parlett.

Las audiencias se celebraron en el Palacio de la Paz en La Haya, del 14 al 17 de octubre de 2013, y para las próximas semanas se espera un veredicto.

 

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