Carta abierta de Amnistía Internacional a los candidatos presidenciales

05 November 2013

A un mes de las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional se dirige a Ustedes como candidata y candidatos a la presidencia de la República de Honduras para llamar su atención sobre temas de preocupación principal en materia de derechos humanos en el país y solicitarle que reconozcan públicamente que los derechos humanos y la situación de quienes defienden estos derechos son una prioridad, asegurándose de que su propuesta de plan de gobierno incluye los temas y recomendaciones incluidos en la presente carta.

Estas elecciones constituyen una oportunidad extraordinaria para cambiar el rumbo del país y, en este sentido, Amnistía Internacional considera fundamental que Ustedes, como candidata y candidatos presidenciales, establezcan un diálogo constructivo con la ciudadanía sobre los principales retos en materia de derechos humanos que enfrenta Honduras y las medidas que se comprometen a tomar para superarlos.

Son varios y diversos lo retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Un indicativo importante sobre la situación en el país es el alto nivel de graves abusos y agresiones que están enfrentando quienes defienden los derechos humanos en Honduras. El ambiente en el que se defienden los derechos humanos es de gran desigualdad, impunidad e inseguridad que afecta el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en razón de su género, identidad sexual, su origen étnico, su ubicación geográfica o sus condiciones socioeconómicas. Es un gesto importante que Ustedes se hayan comprometido individualmente con la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos elaborado por el gobierno saliente. Además de ello es fundamental y necesario que, antes de llegar al día de las elecciones, el próximo 24 de noviembre, su propuesta de plan de gobierno de prioridad a los derechos humanos e incluya los siguientes temas y recomendaciones:

Defensoras y defensores de derechos humanos

Un alto número de defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras, incluidos líderes indígenas, líderes campesinos, activistas de la diversidad sexual, operadores de justicia y periodistas, entre otros, han sido objeto de abusos y violaciones a sus derechos humanos en los últimos años. Quienes defienden los derechos humanos en Honduras han sido objeto de escuchas telefónicas, allanamientos, seguimientos a ellas, ellos y sus familiares, amenazas de muerte, amenazas de violencia sexual, del uso indebido del sistema de justicia, de violencia física, secuestros y asesinatos.

El 29 de julio de 2013, por ejemplo, Amnistía Internacional condenó pública y enérgicamente el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos, ocurridos en un periodo de tiempo menor a dos semanas y en distintos lugares del país. Todas estas personas defendían la justicia, la igualdad y los derechos humanos: la Jueza Mireya Efigenia Mendoza Peña asesinada al medio día del 24 de julio en El Progreso, departamento de Yoro; el activista por los derechos de la comunidad LGBTI Herwin Alexis Ramírez Chamorro, también conocido como “África Noxema Howell”, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 21 de julio en la ribera del río López Bonito de La Ceiba, departamento de Atlántida; y el asesinato de Tomás García, el 15 de julio a medio día, líder indígena y miembro destacado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien recibió tres disparos por parte del ejército durante una protesta pacífica en Río Blanco, departamento de Intibucá.

En diciembre de 2012, Amnistía Internacional publicó el informe “Transformar Dolor en Esperanza: Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en América”. Allí se recogieron decenas de casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes defienden los derechos humanos, ocurridas entre 2010 y 2012 en 15 países del continente. Uno de los países allí mencionados varias veces, dada la cantidad y gravedad de casos, es Honduras. Tanto en lo casos allí incluidos como en otros casos anteriores y posteriores a esta publicación en los que nos hemos pronunciado, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas aún está por verse.

Nadie debería perder su vida, estar sujeto a procesos penales infundados o ser objeto de cualquier otra violencia, intimidación o represalia en respuesta a su ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos. Defender los derechos humanos es un derecho protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y una condición esencial para avanzar hacia el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en Honduras. La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por consenso por la Asamblea General de la ONU en 1998, reconoce expresamente este derecho. Así mismo, esta Declaración contiene y desarrolla disposiciones previstas en instrumentos jurídicamente vinculantes para Honduras, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual consagra, entre otros, el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, todos ellos precondición necesaria para el efectivo disfrute del derecho a defender los derechos humanos.

Dada la preocupante situación de defensoras y defensores de derechos humanos, y teniendo en cuenta que las acciones en defensa de los derechos humanos, sea cual sea su forma, contenido o el derecho que buscan proteger, contribuyen a avanzar los derechos humanos de todas las personas, es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* proteger a quienes se dedican a promover y proteger los derechos humanos, a través de la consolidación de un mecanismo estatal de protección para periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Es fundamental que el proceso de consolidación del mecanismo de protección cuente con la participación activa y respaldo de los mismos periodistas, defensoras y defensores de derechos, y con el respaldo legal y los recursos humanos y económicos necesarios para su efectivo funcionamientos.
* adoptar salvaguardias procesales en el sistema de justicia penal que impidan que éste sea usado indebidamente o sobre la base de pruebas poco fiables, investigaciones injustificadas o demoras procesales para poner cargas indebidas, coartar o eliminar las acciones legítimas de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.
* lograr que las investigaciones de los ataques y agresiones a quienes defienden los derechos humanos concluyan en la sanción de los perpetradores y la reparación de los daños causados. Muchas veces los ataques graves contra las defensoras o los defensores de derechos humanos ocurren después de que ya han tenido lugar otros incidentes de seguridad y no se ha procesado a los responsables.
* cumplir con las recomendaciones de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU a Honduras, tras su visita al país en 2012.

Seguridad pública

Quienes viven en Honduras están muy preocupados por los altos niveles de violencia, corrupción, delincuencia común, crimen organizado y proliferación de armas de fuego; todo esto alimentado y acompañado por crecientes desigualdades y una gran impunidad.

Durante la visita de Amnistía Internacional al país en mayo del presente año fue evidente la sensación de inseguridad y miedo en las personas. La gente en Honduras quisiera vivir sin miedo y para ello, casos como, por ejemplo, el de Ebed Yánez no se pueden repetir ni se pueden dejar en la impunidad. Este crimen debe ser sancionado y reparado en un marco de derechos humanos, que sancione tanto a sus autores materiales como intelectuales y a quienes encubrieron el crimen. Tarde en la noche del 26 de mayo de 2012, Ebed Yánez, de 15 años de edad, salió de su casa a ver a una joven sin que nadie supiera, pero nunca volvió. Su padre, Wilfredo Yánez, enfrentando grandes riesgos, logró averiguar que su hijo había sido muerto a disparos al no detenerse en un retén militar.

Una muestra directa del compromiso con el presente y el futuro del país debe ser el fortalecimiento de una seguridad pública respetuosa y protectora de los derechos humanos. En meses recientes, Amnistía Internacional observó con atención el proceso de “purga policial”, la creación de grupos especiales como la unidad TIGRES (Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad) y la Policía Militar de Orden Público, y la creciente militarización del país.

Amnistía Internacional entiende que se acuda a otras fuerzas con la idea de garantizar la seguridad pública, principalmente ante la debilidad institucional de la Policía Nacional, la gran corrupción que se ha identificado en esta institución y la total falta credibilidad en ésta por parte de la población en general e incluso por parte de otras instituciones estatales. Pero no se debe olvidar que durante el golpe de Estado y en otros casos y contextos, tanto miembros de la policía como miembros de las fuerzas armadas cometieron violaciones de derechos humanos que aún están por investigarse y sancionarse.

El ejército y la policía debe volver a ganar la confianza de la población hondureña y ello sólo será posible con hechos y acciones respetuosas de los derechos humanos. Es necesario buscar la forma de que la Policía pueda ser una institución que funcione efectivamente. Las funciones de policía en cabeza del ejército o de grupos mixtos deben ser una medida transitoria y deben estar estrictamente reguladas desde un marco respetuoso de los derechos humanos. Por ningún motivo se debe permitir que la policía vuelva a ser una policía militar, tal como lo era antes, esto sería un grave retroceso para Honduras.

Ante la gran situación de inseguridad y la falta de capacidad institucional para responder a ella de manera efectiva, en el país hay una gran proliferación de empresas privadas de seguridad. Pero los servicios privados de seguridad están lejos de ser una solución del problema, por el contrario en algunos casos se han convertido en un agravante más del mismo. Amnistía Internacional ha recibido con preocupación información, en varias ocasiones, de abusos a derechos humanos cometidos por personas que prestan estos servicios privados de seguridad.

Tras una visita a Honduras en febrero de 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios como Medio de Violar los Derechos Humanos y Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación publicó un informe en el que, entre otros, resaltó que hay un gran subregistro de empresas privadas de seguridad, no hay un control efectivo sobre éstas, no se cuenta con un marco jurídico y reglamentario adecuado en la materia, en muchos casos las empresas privadas de seguridad están actuando indebidamente con el permiso o la participación de la policía y el ejército, y “…estas deficiencias, junto con el clima de violencia e inseguridad que impera en el país y el hecho de que el Estado no pueda garantizar la seguridad, han creado un entorno en el que las empresas privadas de seguridad ejercen un control de facto de la seguridad y actúan con absoluta impunidad.”

Según cifras de la ONU, para el 2011 la tasa de homicidios de Honduras fue la más alta del mundo, de 92 por 100.000, y para 2010 en el 83% de los homicidios cometidos en Honduras se usaron armas de fuego. Parte de la gran inseguridad y violencia que se vive en el país se une al hecho de que hay una gran proliferación de armas, muchas de estas armas de fuego. De hecho, por ley, toda persona podría solicitar licencia para poseer y portar hasta cinco armas de fuego.

El derecho a la vida debe ser una prioridad para Usted y es urgente combatir la impunidad en los casos de abusos o violaciones de derechos humanos pues ello contribuye a agudizar la crisis de seguridad pública en el país; en este sentido, es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* garantizar que todas las denuncias de violaciones o abusos de derechos humanos cometidos por la policía, las fuerzas armadas o integrantes de las empresas privadas de seguridad se investigarán con prontitud y de manera independiente, exhaustiva e imparcial. Las víctimas de estos abusos o violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral;
* garantizar medidas efectivas para prevenir la comisión de abusos o violaciones de derechos humanos y para profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas y de policía, en un marco de respeto y estricta formación en materia de derechos humanos, contando con los recursos necesarios para ello;
* tomar medidas efectivas para reducir y controlar al máximo la proliferación de armas en el país;
* cumplir con las recomendaciones en materia de seguridad pública que tanto instituciones de la ONU como de la OEA han hecho en la materia en los últimos años.

Impunidad

La impunidad en Honduras es endémica. En la gran mayoría de los casos de abusos o violaciones de derechos humanos cometidos en Honduras, de los que ha tenido noticia Amnistía Internacional en los últimos años, nadie ha sido condenado por estos crímenes. En abril de este año, el entonces Fiscal General explicó ante el Congreso Nacional que el Ministerio Público sólo tiene capacidad de investigar el 20 por ciento de los homicidios en el país.

La falta de credibilidad en las instituciones y el clima generalizado de impunidad y corrupción en el país, tal como lo manifestaron varias personas a Amnistía Internacional en su última visita al país este año, han hecho que la gente no se acerque a las autoridades a denunciar; ya sea por temor a posibles represalias o dada la alta inefectividad del sistema de justicia.

Es de notar que la Policía Nacional debería cumplir una labor crucial en la investigación penal, dado que es la primera llamada a recoger y proteger las evidencias de un crimen. Pero, como se ha señalado anteriormente, en la Policía Nacional hay altos niveles de corrupción y debilidad institucional que impiden esta labor, y ha habido varios casos en que los mismos agentes de policía han estado involucrados con el crimen organizado o violaciones de derechos humanos.

Asimismo, es evidente que la Fiscalía General de la Nación, en particular la Fiscalía de Derechos Humanos y su Unidad para casos de defensores y defensoras de derechos humanos deben ser fortalecidas. La debilidad de la Fiscalía es incluso mayor a nivel departamental. Dados los altos índices de violencia y crímenes en el país, esta institución está desbordada y no cuenta con los recursos necesarios para hacer su trabajo. En algunos casos, además, hay obstáculos internos para avanzar en las investigaciones y en otros casos se ha manifestado incluso temor por parte de los mismos fiscales para actuar.

En los últimos meses Amnistía Internacional siguió con atención las medidas extraordinarias que tomó el Congreso de la República en relación al Ministerio Público, que implicaron, entre otros, la suspensión y posterior remoción del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, el establecimiento de una Comisión Interventora y la posterior elección de estos cargos. En relación a este último punto, Amnistía Internacional vio con preocupación que pese al llamado insistente de varias organizaciones, se llevó a cabo el nombramiento del Fiscal General y el Fiscal Adjunto de una forma irregular. La Coalición contra la Impunidad, alianza conformada por más de veinte organizaciones de derechos humanos del país, calificó en su momento a esta elección como inconstitucional, parcializada y sin transparencia.

En este sentido, es crucial que cualquier paso para reformar o fortalecer el sistema de justicia en el país se haga con estricto respeto de la Constitución, las leyes y las normas de derechos humanos. Por ningún motivo se puede permitir que los fines justifiquen los medios. Es imperante el fortalecimiento del estado de derecho y el respeto a las normas, de lo contrario se contribuirá a agudizar los serios problemas que afronta el país y la cultura de violencia e impunidad que se quiere superar.

De la misma forma, es necesario que instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura pueda funcionar y que lo haga de una forma que demuestre transparencia e imparcialidad. Destituciones como la que se dio en diciembre de 2012 no se pueden volver a repetir. En ese momento, el Congreso Nacional decidió en votación destituir a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Previamente, los jueces habían emitido fallos que bloqueaban propuestas de ley del Congreso destinadas a facilitar el saneamiento de la policía y la creación de “Ciudades Modelo”. Los jueces consideraban que algunos aspectos de estas leyes eran inconstitucionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó su polémica destitución e instó al gobierno a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.

Así mismo, hechos como los ocurridos el 4 de febrero de 2012 en la Penitenciaría Nacional de Comayagua no pueden volver a repetirse y las deficiencias estructurales que produjeron esta tragedia, en la que murieron 362 personas en un incendio, deben ser abordadas con prontitud. En este sentido, la o el presidente electo debe tomar medidas concretas para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema; entre ellas, la implementación efectiva y transparente de la nueva Ley del Sistema Penitenciario y dar todo el apoyo y los recursos necesarios al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV) para garantizar su efectivo funcionamiento.

Es imperante un compromiso explícito de luchar contra la impunidad en Honduras, dentro de un marco de derechos humanos y de respeto a las normas constitucionales y legales hondureñas, y en este sentido es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* fortalecer el estado de derecho y la separación de poderes;
* adoptar y promover garantías que no permitan que destituciones o elecciones irregulares como las que se han dado en el sistema judicial vuelvan a repetirse;
* fortalecer y garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad del poder judicial y todas sus instituciones, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia;
* fortalecer el sistema penitenciario, a través de medidas transparentes y objetivas, incluyendo el apoyo y los recursos necesarios para la CONAPREV, y la implementación efectiva y transparente de la nueva Ley del Sistema Penitenciario;
* fortalecer y garantizar el acceso efectivo a la justicia por parte de toda persona y sin discriminación alguna, adoptando protocolos y medidas que permitan acceso sin desventajas a personas en especial situación de vulnerabilidad.

Grupos, sectores y personas en especial situación de vulnerabilidad

Honduras es uno de los países más pobres en el continente americano. Más del 60 por ciento de su población vive en situación de pobreza y un poco menos del 40 por ciento en extrema pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas en 2010. La pobreza y la extrema pobreza siguen socavando la protección de los derechos humanos de grandes sectores de la sociedad en Honduras.

Los pueblos indígenas y comunidades garífunas (afro-descendientes) en Honduras sufren discriminación y desigualdades, por ejemplo, en relación al derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Se realizan proyectos económicos y de desarrollo en sus tierras sin consulta o sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Entre otros abusos, líderes indígenas se han enfrentado incluso a procesos penales infundados en represalia por su trabajo en defensa de los derechos humanos de sus pueblos. Así mismo líderes de las comunidades garífunas han sido objeto de violencia y otras intimidaciones en contextos semejantes.

Es necesario poner fin a estos abusos y para ello es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* tomar medidas para garantizar los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de los pueblos indígenas y las comunidades garífuna, incluyendo el acceso efectivo de estos pueblos y comunidades a servicios de salud, educación, vivienda y otros servicios básicos, y asegurando la participación de todos sus integrantes, en especial las mujeres, para formular políticas y prácticas adecuadas;
* tomar medidas para prevenir y garantizar que se investiguen, sancionen y reparen los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas contra pueblos indígenas, comunidades garífuna y sus líderes, ya sea por parte de actores estatales o no estatales;
* garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y las comunidades garífunas en los casos de proyectos que afecten a sus tierras ancestrales o territorios, tal como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos, y asegurarse de que estos proyectos no se llevarán a cabo mientras no se cumpla con este requisito.

Es también urgente atender las necesidades y obstáculos que están enfrentando las comunidades campesinas en el país. Las causas subyacentes a los elevados niveles de violencia y criminalización que están enfrentando estas comunidades y sus líderes, como por ejemplo en la región del Bajo Aguán o Zacate Grande, deben ser abordadas de una forma urgente. En la visita de Amnistía Internacional a Tocoa en mayo de este año, fue evidente que los niveles de violencia, inseguridad, impunidad y miedo en el Bajo Aguán son muy altos. En este sentido es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* garantizar el cumplimiento de compromisos adquiridos anteriormente por parte de las autoridades hondureñas en materia de redistribución de tierras;
* tomar medidas para prevenir y garantizar que se investiguen, sancionen y reparen los abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto, ya sea por parte de actores estatales o no estatales;
* tomar medidas para la redistribución equitativa de la tierra, velando porque las personas que están en una situación de vulnerabilidad o desventaja aún mayor, como por ejemplo las mujeres rurales, puedan participar en condiciones de igualdad.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada. Tal como lo anotó la Organización de Estados Americanos en el capítulo IV de su informe anual 2012: “…se ha observado un incremento significativo en el número de femicidios en el país. Según la información disponible, el número de femicidios en Honduras aumentó de 161 en 2005, a 407 en 2009 y 351 en 2010…”. Además, las autoridades continúan con una deuda pendiente hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Honduras, pues hacía meses debía haberse restablecido la legalidad de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y aún no se ha hecho. Restablecer la legalidad de éste método anticonceptivo constituye un paso fundamental en el respeto y protección de los derechos reproductivos de las mujeres hondureñas, y la rehabilitación y protección de las víctimas de violencia sexual. En este sentido es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* atender de manera prioritaria los altos niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en Honduras;
* garantizar el acceso en condiciones de seguridad a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo el acceso legal y efectivo a la PAE;
* avanzar en el diseño y fortalecimiento de protocolos especiales para el tratamiento de la problemática de violencia contra las mujeres y las niñas en sus distintas manifestaciones;
* garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de las mujeres víctimas de violencia, incluyendo la investigación adecuada que incorpore la perspectiva de género y la sanción de los responsables;
* ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) en Honduras siguen siendo objeto de discriminación y violencia en el país. Todo crimen contra personas de la diversidad sexual debe ser investigado, sancionado y reparado de manera efectiva. La reciente reforma al Código Penal que permite la sanción de estos crímenes o crímenes de odio debe ser promovida y protegida para que pueda ser mantenida en esta regulación y efectivamente implementada. Ante los recientes intentos y propuestas de volver a reformar el reciente reformado artículo 321 del Código Penal, éste debe ser protegido pues tal y como está constituye un avance hacia la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación, condición fundamental para el efectivo disfrute de cualquier otro derecho humano. En este sentido es esencial que en su propuesta de plan de gobierno esté incluido de manera explícita el compromiso de:

* fortalecer y proteger los avances institucionales ya logrados en materia de investigación y sanción de estos crímenes y asegurarse de que haya reparación por ello;
* promover, garantizar y desarrollar protocolos diferenciados que permitan un accesos equitativo e imparcial de la justicia tanto en la etapa de investigación como en el procesamiento y sanción de los crímenes de odio;
* promover y proteger el artículo 321 del Código Penal en cuanto éste ya reconoce y sanciona los crímenes de odio.

El respeto, promoción, protección y efectivo disfrute de los derechos humanos de todas las personas, es la piedra angular sobre la que se sustenta el estado de derecho. Es además una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para garantizar que bajo su jurisdicción todas las personas puedan vivir con dignidad y sin discriminación, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. De ahí la importancia de que todo gobierno y toda persona candidata a la presidencia de un país demuestre claramente su compromiso con la creación y consolidación de una sociedad más justa y de los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo disfrute de todos y cada uno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los instrumentos internacionales de derechos humanos que de ahí se desprenden.

Amnistía Internacional espera su compromiso expreso, claro y contundente en cada uno de los puntos acá señalados, antes de llegar al día de las elecciones. Esperamos que el componente en materia de derechos humanos sea prioritario y central en todas sus intervenciones, planes y propuestas.

 

 

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