El Salvador: presidente Funes exhorta al Congreso a aprobar la ley anti-lavado

El presidente de la República, Mauricio Funes, advirtió ayer que la aprobación de las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, cuyo estudio ha sido atrasado por  la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, es casi una condición para la entrega del segundo compacto de la Cuenta del Reto del Milenio (MCC, siglas en inglés).

El mandatario exhortó a los diputados a agendar esta y reformas a la ley de Asocios Público Privados que pretenden aumentar las condiciones de inversión en el país.

“Ambas son aprobaciones importantes para desbloquear y la entrega del segundo compacto”, advirtió ayer en declaraciones a la prensa.

El segundo compacto, que implicaría un total de $277 millones para proyectos para incentivar la inversión privada en la zona costera de El Salvador, aún no ha sido firmado entre el gobierno y la MCC, pese a que el Senado no rechazó el compacto durante el tiempo establecido para ello.

El mandatario respondió con un “Por supuesto”, a una pregunta sobre si la falta de aprobación de las reformas antilavado y la Ley de Asocios Público Privados afectará la entrega del segundo compacto. “Forma parte del calendario que hemos construido junto con la MCC, ellos han pedido y han puesto incluso casi como una condición el que la Asamblea debe aprobar las reformas a la ley de lavado que ha puesto el GAFI, a través del Fiscal (General), que es el vicepresidente del GAFI, y la aprobación a las reformas a la ley de asocios que han introducido algunos diputados”, advirtió.

El gobernante reiteró que las reformas fueron introducidas por la Fiscalía, siguiendo un mandato del GAFI “que es el que ha pedido esa reforma de modo de homologar la legislación salvadoreña a la normativa internacional en materia de lavado de dinero”.

El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ha impuesto 40 recomendaciones a sus países miembros, como El Salvador. Una de las recomendaciones es la diligencia especial financiera a funcionarios o exfuncionarios, definidos internacionalmente como “Personas Expuestas Políticamente” y abreviados como PEP. Esta es la recomendación número 12.

El FMLN se opone a este control especial. Alega que la normativa debe controlar a todos por igual. Pero ha cedido a incluir a los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales dentro de los sujetos de aplicación, el segundo punto polémico de las reformas. La inclusión de organizaciones deportivas y sociedades mixtas aún no ha sido decidida. El FMLN ha pedido tiempo para análisis.

http://elmundo.com.sv/reforma-antilavado-clave-para-fomilenio-dice-funes