Misión internacional de DDHH concluye que el Estado profundizó la represión

La Misión de Observación Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que estuvo en nuestro país para relevar información sobre la situación de los Derechos Humanos de pobladores de las zonas militarizadas en el marco de la implementación de la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, presentó hoy su informe en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

La misión realizó varias visitas para constatar la situación de los derechos humanos en las zonas militarizadas del Norte así como a las comunidades indígenas de y a familiares y víctimas del caso Curuguaty. Asimismo, se entrevistaron con los campesinos presos por la masacre que se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y que fueron llevados a un juicio oral violando todas las reglas del debido proceso, denunciaron.

El informe fue presentado por Ana Juanche, de Serpaj América Latina, y estuvo acompañada en la mesa por Enrique Gauto, secretario ejecutivo de Codehupy, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Juanche explicó en primer lugar que el informe recoge los testimonios de las personas con las cuales la misión se entrevistó, entre representantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas, autoridades locales y nacionales.

A renglón seguido aclaró que las organizaciones que participaron de la misión se identifican con la no violencia al tiempo que expresan su rechazo al uso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones con especial énfasis en el uso de la violencia armada. El principal hallazgo que destacaron fue la “profundización del Estado policial, militar y represivo” en zonas abandonadas en que los servicios públicos son prácticamente inexistentes.

“Queremos expresar nuestra especial preocupación por la constatación de la profundización del Estado policial, militar, represivo, que el Estado paraguayo despliega fundamentalmente en la zona Norte del país. Esto con base a una tendencia de creciente aumento en el uso abusivo de la fuerza pública en procedimientos de allanamientos, desalojos y patrullaje a las zonas supuestamente afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley”, expresó.

“En esta tendencia nosotros constatamos que con el argumento de la persecución del enemigo interno atribuido al EPP, el estado de excepción se vuelve permanente. Esto con la permanencia también de patrullaje de fuerzas policiales y militares en los lugares supuestamente afectados por la presencia de este grupo, lo que lejos de guardar y constituirse en la seguridad de los pobladores y las pobladoras, vulnera integral y masivamente el derecho de todas las personas y los habitantes de estas zonas. Instalando además un clima de permanente miedo y una cultura del amedrentamiento que aleja a estas personas de las posibilidades de desarrollar su vida en condiciones de dignidad y de espíritu comunitario como caracteriza a las comunidades campesinas e indígenas”, añadió.

Luego expresa que los pobladores han manifestado un fuerte rechazo ante un modelo de creciente concentración de la tierra en manos fundamentalmente de hacendados y latifundistas extranjeros, “pero no exclusivamente”, aclaró. Así también apuntó al creciente uso e implementación del modelo sojero que conlleva también las fumigaciones con agrotóxicos que afectan la salud humana y el medioambiente.

“Familias enteras se encuentran en condiciones que no son siquiera mínimamente adecuadas para desarrollar una vida digna. El despojo que sufren estas familias trasciende el aspecto territorial y se instala como un fenómeno integral, que priva a las personas de desarrollar su vida en las dimensiones culturales, sociales y políticas que deciden escoger”, afirmó Juanche.

También señaló que los pobladores expresaron ante la misión que piden la presencia estatal en forma de garantías de los derechos humanos: salud, vivienda digna, alimentación, ambiente sano y educación. “En cambio, el Estado se hace presente en estas zonas sola y exclusivamente a través de las fuerzas militares que reprimen y violentan a los pobladores y a las pobladoras”, denunció.

Los defensores de los derechos humanos también refirieron que la misión observó una altísima vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente del derecho al territorio. “Estas comunidades son discriminadas aún en los escasísimos casos que reciben una precaria atención del Estado, por ejemplo en salud y educación”, agregaron.

En este sentido puntualizaron que “en el caso particular de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, el Estado paraguayo continúa incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2006, que obliga, entre otros puntos, a restituir los territorios ancestrales a esta comunidad”.

La Misión de Observación Internacional de los Derechos Humanos está compuesta por representantes de redes, instituciones y organizaciones sociales y de DD.HH. de Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, EE.UU. y Paraguay. Entre los días lunes 11 y martes 12 de noviembre visitó los departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Pdte. Hayes. En tanto que a lo largo de los días miércoles 13 y jueves 14 realizaron reuniones con autoridades nacionales para acercar inquietudes y propuestas, intercambiar información y conocer la visión de las autoridades con respecto a la forma en que se está implementando la ley 1337, así como su visión y actuación sobre otros temas preocupantes en materia de derechos humanos.

 

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