Medina dice que no habrá deportación masiva por el fallo contra migrantes

El presidente Danilo Medina recibió hoy la visita del senador por el estado de Nueva York, Adriano Espaillat, y del asambleísta Phil Ramos, a quienes se ofrecieron detalles sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en el país.

Luego del encuentro con el Primer Mandatario en su despacho del Palacio Nacional, Espaillat y Ramos explicaron a los periodistas, en rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, que fueron orientados acerca de los alcances de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional y lo referente al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Con esos fines, participaron en el encuentro los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien preside el Consejo Nacional de Migración, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio.

En ese sentido, Espaillat dijo que el presidente Medina le informó que pondría a disposición de los 40 dominicanos con posiciones electas en Estados Unidos, una comisión del Gobierno para edificarlos sobre los alcances del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

El Senador de origen dominicano, indicó que el Primer Mandatario dominicano había escuchado el mensaje que le habían llevado, sobre la preocupación que causaba en algunos estamentos de Estados Unidos las versiones que se daban sobre la sentencia.

En ese contexto, explicó que el presidente Medina le explicó que en ningún momento, desde República Dominicana serán vulnerados los derechos humanos de los inmigrantes que estén en el país de manera irregular.

“El Presidente se puso en disposición para que sus ministros y sus representantes fueran al exterior, a reunirse con nosotros; a Nueva York, o a Washington para tratar este tema y nosotros estamos también en disposición de servir de anfitriones y juntar a los 40 y pico de oficiales electos de origen dominicanos, que están en Estados Unidos”, dijo Espaillat.

Mientras Phil Ramos, asambleísta de origen puertorriqueño, manifestó que el Presidente de la República lo había orientado sobre el tema y coincidió con Espaillat en que ambos llevarían la información tanto a los dominicanos, como a los haitianos, que ellos, dijeron representaban en su comunidad.

“Y el Presidente nos explicó que en la aplicación del cumplimiento de la sentencia, no hay situaciones de deportaciones en masa y que se respetará la condición humana del inmigrante”, añadió.

Con el senador Espaillat y el asambleísta Phil Ramos, visitaron al Jefe de Estado el embajador Frank Cortorreal, Clodomiro Pérez, Roberto Tolentino, Jaime Vargas y Ángela López.

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Red Nacional por la Defensa de la Soberanía rechaza presiones de la CIDH por sentencia del TC

La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía dijo que rechaza las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se revoque la sentencia 168 -13, del Tribunal Constitucional, sobre la nacionalidad.

Mediante una declaración escrita, la entidad defensora de la soberanía nacional puntualiza que, solicitar al Estado dominicano que suspenda los dispositivos de una sentencia que ya está en curso, es una intromisión en la soberanía interna de la nación dominicana, propia únicamente de los períodos de la Colonia, y que no puede ser aceptada por ningún estado del continente.

Precisan que toda visita de CIDH o de cualquier organismo internacional tiene que estar sujeta al respeto de la soberanía de la República Dominicana, reconocida por el sistema de las Naciones Unidas y a sus instituciones competentes, como es el caso del Tribunal Constitucional.

Puntualizan, además, que el principio que ha inspirado la Sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional es el mismo que prevalece en las demás naciones del continente y que, en ninguna de ellas, los descendientes de los inmigrantes no residentes legales, es decir, las personas que se han colocado al margen de la legalidad de los Estados, se benefician de las posibilidades de jus solis.

Manifestaron que una embestida a este principio por parte de la Corte Interamericana es un ataque a la cultura de la legalidad en el continente y “con este precedente, se quebranta el respeto de las de las leyes, de las Constituciones de los Estados y de las instituciones que lo representan”.

“Solicitar que el Estado dominicano suspenda los dispositivos de una Sentencia que ya está en curso, es una intromisión en la soberanía interna del Estado dominicano, propia únicamente de los períodos de la colonia, y que no puede ser aceptada por ningún Estado del continente. Porque de hacerlo se estaría echando por tierra la doctrina panamericana de la no intervención que dice “que ningún Estado podrá intervenir directamente o indirectamente en los asuntos internos d e otro Estado por cualquier motivo que fuere; ni solicitar medidas que atenten contra la personalidad jurídica del Estado, o su régimen político, económico o social”, precisan.

Citaron que “esta doctrina fue replicada por la Resolución 2131 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 1970, y más tarde por la 2625. Es sobre esas bases, que emplazamos a los miembros de la CIDH que se expresen y expliquen al país el alcance de su visita”.

Dijeron que al CIDH no le compete en ningún caso ni en ningún Estado del continente ejercer tutela en los asuntos referentes a la nacionalidad, que, dominio reservado de los Estados. Con esta intromisión se está sentando un precedente contrario a la legalidad internacional. Porque legalmente el CIDH no suplanta la soberanía de los Estados, sino que sus competencias se fundamentan en la subsidiariedad.

“No puede, pues, erigirse en juez de los Estados ni inmiscuirse en cómo debe ser su ordenamiento jurídico interno. Porque, con ello, estaría barriendo la soberanía de los países que han reconocido la subsidiariedad de su competencia. Lo que los miembros de la CIDH están reclamando con su insensata petición de convocar de urgencia al Gobierno dominicano es el derecho a la injerencia en las Constituciones de los Estados y en la tutela de sus instituciones jurídicas”, dijeron.

Manifestaron que es oportuno recordarles a los magistrados del CIDH que ningún organismo internacional está por encima de la Constitución y la soberanía del país, sin importar el vínculo que exista como Estado miembro. Porque esto es un valor sagrado y universal para todas las naciones. La Constitución es una expresión de la soberanía que reside en el pueblo, y ésta no se discute ni se negocia, sencillamente se respeta.

“La Sentencia 168/13 reconoce el derecho inalienable del Estado dominicano de establecer mediante su Constitución y sus leyes quiénes son sus nacionales”, sentenciaron.

Asimismo, manifestaron que reconocer una competencia externa en ese punto equivaldría a anularía la efectividad de nuestra Constitución y nuestras leyes. Advertimos, pues, a las cancillerías de todos los Estados del continente que han reconocido las competencias de esta Corte sobre el precedente que se está implantando con esta intromisión que trata de mediatizar o anular las disposiciones internas de un Estado soberano.

Expresaron que “si es inaceptable, por ser contraria a las propias disposiciones del sistema interamericano la intromisión de la Corte en los asuntos internos del Estado, de la ONU o de cualquier organismo internacional lo es, igualmente, que quieran tutelar, mediatizar el Plan de Regularización de extranjeros no residentes, dispuesto en el fallo de la Sentencia. Tales injerencias se hallan al margen de la legalidad internacional, y así se hará constar en todas las cancillerías del continente. Porque la misma implanta un precedente funesto en las relaciones interamericanas. El Plan Nacional de Regularización tiene que ser el resultado del trabajo de las instituciones del Estado dominicano con las competencias correspondientes y de las consultas públicas con la sociedad dominicana”.

Finalmente, la Red Nacional de Defensa de la Soberanía exigió del presidente Danilo Medina y de las autoridades del Gobierno, que actúen con firmeza en la defensa de la República Dominicana y su soberanía ante la ofensiva injerencista que se manifestará en los próximos días, con la presencia de la Comisión Interamericana de los Derechos y de la Corte Interamericana CIDH actuando en alianza con grupos y personalidades antinacionales de nuestro país que procuran anular o mediatizar el fallo del Tribunal Constitucional pretendiendo convertirnos en una colonia en la que se haga lo que se decida en el extranjero.

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