Víctimas demandan al Estado por impunidad en el caso del dictador Ríos Montt

La demanda fue fundamentada en la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre la materia.

La asociación que representa a indígenas ixiles presentó el miércoles una denuncia contra el Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que les ha denegado justicia al anular la condena a 80 años de prisión por genocidio contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt.

La demanda fue fundamentada en la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre la materia.
Edgar Pérez, uno de los abogados de los peticionarios, calificó en conferencia de prensa al caso Ríos Montt como “emblemático” porque “demuestra que la impunidad ha imperado, que la independencia judicial se vulnera y también una serie de circunstancias que se dieron y siguen alrededor de este caso: amenazas a testigos, jueces, fiscales y partes procesales”.
Agregó que no cree que “en este momento hay condiciones favorables para tener un juicio independiente, imparcial, en este tipo de casos”.
Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, explicó que su expectativa es que la CIDH remita en dos años el caso a la CorteIDH en San José de Costa Rica, asumiendo que se cumplan con celeridad los plazos previstos en el sistema interamericano.
Antes de remitir el caso a la CorteIDH, la CIDH debe primero emitir un informe de admisibilidad si es que considera que la denuncia tiene méritos y posteriormente un informe de fondo que usualmente concede a los Estados uno o dos meses para adoptar recomendaciones.
Aguiluz calificó el genocidio contra los ixiles de “sin precedentes” en las Américas y expresó optimismo por la condena que la CorteIDH impuso en diciembre al Estado salvadoreño por la matanza de un millar de campesinos en 1981, estableciendo el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas. Sin embargo, una ley de amnistía en El Salvador se interpone en el cumplimiento de la sentencia.
Según la acusación del Ministerio Público, los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas ixiles, 1.400 violaciones sexuales y el desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, tiempo durante el cual Ríos Montt fue presidente de facto.
Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, dijo que una de las razones presentadas como evidencia de la denegación de justicia en Guatemala es la falta de disposición del Ministerio de Defensa a entregar información y registros sobre lo sucedido en la guerra civil.
“La denuncia es por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil”, dijo.
Entre los documentos que se cree no fueron entregados habría archivos desclasificados y planes militares sobre los hechos ocurridos en la guerra. Los demandantes también consideran que hubo irregularidades en las decisiones judiciales que anularon la sentencia contra Ríos Montt.
“Lo que pedimos es que haya una admisibilidad de la petición y respondan lo más pronto posible”, dijo Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala.
Francisco Palomo, defensor de Ríos Montt, dijo que será el Estado de Guatemala el que tenga que defenderse.
“Yo en primer lugar sostengo que no hubo genocidio y que el proceso está aún vigente, por eso no ha habido denegación de justicia, no pueden alegar eso; pero como el derecho de petición existe, que sea el Estado el que se defienda”, dijo Palomo.
El abogado también explicó que la denuncia no afecta a su defendido y explicó que Ríos Montt está enfermo y que el jueves será intervenido quirúrgicamente de los ojos por segunda ocasión en el año.
Ríos Montt, de 87 años, fue juzgado y condenado a 80 años de prisión en mayo por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad. Sin embargo, la condena fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad al considerar que había habido errores en el proceso.
La Corte también ordenó al tribunal que había llevado a cabo el juicio que realizara de nuevo una parte del proceso, a lo que ese tribunal se negó por considerarlo un caso cerrado. El caso fue entregado entonces a otro tribunal que ahora ha fijado la reanudación del proceso para enero de 2015.
Reyes indicó que establecer el reinicio del juicio para contra Ríos Montt para 2015 es una evidencia más del retardo malicioso de la justicia en el país.
Unas 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron durante la guerra civil registrada en el país centroamericano entre 1960 y 1996, según un informe de Naciones Unidas.