Acusan a Costa Rica ante la CIDH por elección de magistrados y Defensor de los Habitantes

La normativa para elegir magistrados y al Defensor de los Habitantes, por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, fue cuestionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos.

El abogado y politólogo Rodolfo Jiménez Morales hizo la denuncia tras considerar que el artículo 23 C de la Convención Americana de Derechos Humanas es violatorio de sus derechos de acceder en condiciones de igualdad y transparencia a los cargos mencionados, principalmente en la Defensoría de los Habitantes.

Añadió que con ocasión del actual Nombramiento del Cargo de Defensor de los Habitantes de la República, convocado por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, la violación a su derecho es generada, “a partir del Tráfico de Influencias descarado ,abierto (y “legitimado por los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”)”.

Jiménez sostiene que esa irregularidad opera “entre los señores Diputados que integran la Comisión de Nombramientos de la  Asamblea Legislativa (Congreso)  y la clase política dominante, contando dicha violación  con la venia y legitimación de los señores  Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

Para ello, como prueba, aporta la sentencia número Nº 2013015267.dictada dentro  del recurso de amparo número 13-113-0007-CO, interpuesto por él suscrito contra la señora Diputada Presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y en contra la actual Defensora de los Habitantes y aspirante a dicho cargo Ofelia Taitelbaun, “por utilizar dicho cargo y fabricar “eventos sociales” para garantizarse su reelección en su cargo de defensora de los habitantes, en perjuicio del resto de los participantes”.

En consecuencia, solicita a la CIDH obligar al Estado de Costa Rica y en consecuencia  a la Asamblea Legislativa, escoger en el presente concurso público, al Defensor de los Habitantes de la República,  de  la terna que le presente la  Dirección General del Servicio Civil de Costa Rica, con base a los tres mejores  puntajes de los candidatos  que resulten de dicho “concurso público y abierto”.

Jiménez sostiene que la selección debe ser efectuada por el Servicio Civil, “según los criterios técnicos de idoneidad comprobada, de transparencia e igualdad,  que caracterizan a dicha Dirección”, “y no con base  a los Criterios Políticos de tráfico de influencias”, que ha caracterizado a dicha   Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Jiménez también afirma que “en reunión sostenida por uno de los candidatos al puesto de Defensor de Los Habitantes con el señor Johnny Araya Monge, Candidato a la Presidencia de la República y Jefe de los diputados de la Bancada Legislativa de Gobierno, éste le manifiesta que “…el puesto de Defensor de los Habitantes ya está negociado con los diputados de oposición, a quienes se les otorga dicho nombramiento,  a cambio que ellos  nos den sus votos para nombrar dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional que son de  nuestra total y absoluta confianza”.

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