Argentina: piden investigar a grupo empresarial por complicidad durante la dictadura

La causa surgió por iniciativa de una profesora de Historia de un secundario de Wilde y de una de sus alumnas, cuyo tío fue secuestrado durante la dictadura. Los trabajadores desaparecidos pertenecían o estaban vinculados con la comisión interna.

Lorena Galeano es profesora de una escuela pública de Avellaneda: el secundario No 26 de Wilde. Da clases de historia. Un día habló con sus alumnos sobre la responsabilidad empresaria y los secuestros de trabajadores durante la dictadura. Una de las estudiantes se le acercó para contarle que tenía un tío desaparecido, alguien de la comisión interna de Molinos Río de la Plata, secuestrado en 1976, del que no sabía casi nada. Ese cruce entre Lorena y Abigail abrió una investigación en la escuela y más tarde con otros dos hijos de trabajadores de Molinos desaparecidos. El trabajo creció. Y ahora reúne una enorme cantidad de documentos, diarios de época, testimonios de los desaparecidos y filmaciones que ellos mismos pusieron a disposición de la Justicia. Hace cuatro meses presentaron todo ante la Justicia Federal de la Plata y piden que se investigue al grupo Bunge & Born por el secuestro y desaparición de por lo menos veinte trabajadores de la planta de Molinos Avellaneda y de una niña que permanece desaparecida.

Todos los secuestros se produjeron a partir del golpe de marzo de 1976 y hasta fines de 1978. Hubo varios hechos aislados y ocurridos en localizaciones distintas, pero el énfasis de la denuncia está puesto en dos operativos importantes. El más significativo se produjo el 7 de julio de 1976 en la puerta de la planta de Avellaneda y entre las cinco y seis de la mañana que era la hora de ingreso del personal del turno mañana. De acuerdo con los testimonios, ese día tres camiones del Ejército se estacionaron sobre la calle Deán Funes y empezaron a cargar a un número aún incierto de trabajadores. Tres de ellos están denunciados en esta causa y siguen desaparecidos. Ese mismo día secuestraron de su casa a otro trabajador y a su esposa que también permanecen desaparecidos. Estas cinco víctimas como las otras quince denunciadas pertenecían, o estaban cerca, de la comisión interna que había ganado las elecciones en 1973. Entre ellos había militantes de la JTP, Montoneros y uno de Organización Comunista Poder Obrero. Y dos eran de la planta de Paseo Colón. Una de las características que marca la denuncia es que durante los años previos al golpe de Estado fueron perseguidos como resultado, sobre todo, del enfrentamiento con la empresa. Durante el gobierno peronista, por ejemplo, los trabajadores habían organizado “brigadas de control de precios” dentro de la planta para frenar las “políticas de desabastecimiento de productos de primera necesidad”. A ese hecho se sumó el tipo de demandas, el perfil combativo de la comisión e indirectamente los efectos del secuestro de los Born.

Analía Fernández es hija de Francisco Fernández, uno de los trabajadores desaparecidos en el operativo del 7 de julio. Ella es una de las querellantes, con Roxana Freitas y Ernesto Ceferino Mattaboni (ver aparte), hijos de otros desaparecidos. “En realidad, toda la vida supe que mi papá era desaparecido, pero en mi casa jamás se habló del tema”, dice ella sobre otro eje que abre la causa en el camino de reconstrucción de las historias. “Lo único que tengo documentado de mi papá son las búsquedas que hicimos. Sus compañeros ahora me están contando que era uno de los activos en las tomas, en las luchas de la fábrica y en las huelgas que hacían, por ejemplo. Guido (uno de los trabajadores sobrevivientes) me contó que cuando iban a hacer pintadas y protestas lo elegían a papá para que vaya al frente. Eso, que siempre les ponía el pecho a las balas, iba a hacer cualquier cosa, era tipo el guardaespaldas o el que los protegía, es la visión que me dio de mi papá.”

Los ejes de la causa

La causa judicial la lleva adelante el abogado Javier Garín y está en manos de la fiscalía de lesa humanidad de La Plata a cargo de Hernán Schapiro y Gerardo Fernández. Ellos evalúan la competencia. Si el tema es jurisdicción de La Plata o de la ciudad de Buenos Aires, donde se investigan las causas del Primer Cuerpo del Ejército. Uno de los puntos que puede atar la causa con La Plata es que el hecho más importante del 7 de julio ocurrió en Avellaneda, que puede ser jurisdicción de La Plata. En el medio está la discusión por los centros clandestinos donde fueron vistos algunos trabajadores, y dónde la Justicia aceptará poner el eje. De todos modos, y a pedido de la querella, mientras se resuelve el tema de fondo, la fiscalía evalúa anticipar algunos testimonios de las personas que están muy avanzadas de edad. El cuerpo de la denuncia es importante. No es extenso en páginas, pero sí en contenido. Tiene el mérito de reconstruir el listado de víctimas, la mayoría nunca denunciada como obreros de Molinos. El dato más significativo es que intenta reconstruir una historia con eje en los conflictos entre la empresa y los trabajadores para explicar las razones de la persecución. “Estas simples citas permiten advertir –señalan– que dentro de la empresa Molinos Río de la Plata existían grupos de obreros organizados que estaban llevando adelante una lucha política y sindical que implicaba un fuerte enfrentamiento con la patronal, considerando que de esta manera no sólo defendían sus intereses inmediatos sino también al gobierno popular.”

La historia del conflicto

El conflicto entre los trabajadores de la planta Avellaneda de Molinos y esa empresa aparece, así, marcado por la relación de la comisión interna con el peronismo revolucionario. En esa línea, la denuncia enumera los problemas. “Como es público y notorio, la empresa es parte de un poderoso conglomerado económico del grupo Bunge & Born, cuya actividad principal ha sido desde 1884 la exportación de cereales y elaboración de productos alimenticios vinculado, a su vez, con el holding Bunge International Ltd”, señala la denuncia en el arranque. “Durante los gobiernos constitucionales de Héctor Cámpora y de Juan Domingo Perón dicha empresa se hallaba en un doble conflicto: político y sindical”. En la faz política, Perón la denunció como parte de los grupos económicos que provocaban desabastecimiento de productos de primera necesidad. “Bunge & Born sostenía históricas diferencias con el peronismo relacionadas con el IAPI y el control del comercio exterior desde los tiempos del primer gobierno peronista”. En ese contexto, los propios trabajadores ingresan al conflicto de los Born con el peronismo asumiendo un rol de defensa de las “políticas del gobierno popular”. Organizan “brigadas de control de precios” y denuncian ante el Ministerio de Trabajo el acopio de alimentos por parte de Molinos, un hecho que quedó documentado en 1973 durante una de las tomas de la planta. Uno de los documentos más importantes que aportan en ese sentido son los testimonios de algunos trabajadores que más tarde iban a ser desaparecidos. Los testimonios son del año 1974, fueron tomados durante las movilizaciones y aparecen publicados en una revista. Uno es de Marcos Augusto Vázquez, 32 años, secretario general de la Agrupación 17 de Octubre que es la que ganó la comisión interna de la planta Avellaneda en 1973. Vázquez era integrante de la CGT de la Resistencia, parte de la JTP, fue secuestrado en diciembre de 1976 y permanece desaparecido. En junio de 1974, durante el último discurso de Perón en la Plaza de Mayo hizo algunas declaraciones a la revista Causa Peronista: “Como delegado general me puse en contacto inmediatamente con el sindicato (Aceiteros) y luego de comunicar a la empresa que se paralizaban las tareas, hicimos, como es nuestra costumbre para adoptar cualquier decisión, una asamblea general (…). Perón llamó al pueblo a asumir su responsabilidad (…). Por ejemplo, nosotros los aceiteros: sabemos que aumenta 10 pesos el litro de aceite, bueno, tenemos que ir al sindicato, a la Federación y a la CGT para que hagan explicar por qué aumentó esos 10 pesos la firma. Porque, ¿qué pasa?: Si aumenta 10 pesos el litro, ya nos están dando obligación a nosotros para que pidamos aumento de sueldo. Por eso, nosotros hemos sacado una solicitada anteriormente, porque acá hemos sufrido dos aumentos de aceite y al obrero nada. No hemos tenido aumento. Es decir, que todos los platos rotos los tenemos que ligar siempre nosotros. Eso considero que no puede ser. ¿Entonces cómo nos hacemos respetar? Asumiendo lo que dijo el general Perón: controlando los precios, el abastecimiento, la producción; o sea exigir brigadas de controles, que se organicen de una vez por todas, es lo principal y hay que acelerarlo”.

Los Born

El secuestro de los Born es otro eje de conflicto. Juan y Jorge Born eran el gerente y director general del conglomerado cerealero. El 19 de septiembre de 1974 fueron secuestrados en una acción que se adjudicó Montoneros. La organización pidió dinero de rescate y además “un millón de dólares en mercadería que sería repartida en barrios pobres a través de militantes y también, en algunos casos, de los mismos obreros de la empresa”. Ese sería el eje de la disputa. Según los datos de la querella, los trabajadores no participaron del secuestro, pero por lo menos dos de los que aparecen en las listas de los desaparecidos colaboraron en el reparto de mercancías. Ellos son Héctor Dadin Vacere y Santos Ojeda. Hoy se sabe que estuvieron repartiendo mercaderías en Villa Tranquila que está a dos cuadras de la planta. De acuerdo con el escrito esa participación hizo que “quedaran ‘marcados’ por la inteligencia interna de la firma”. Otro eje de ese conflicto son las reivindicaciones que pidió Montoneros: salarios en forma, cancelación de sueldos atrasados, reconocimiento de horas extras, mejoramiento de condiciones laborales, provisión de ropa y elementos de seguridad laboral”, entre otros. Según la denuncia, estos pedidos “coincidían con lo pedido por la comisión interna (de la planta Avellaneda), lo cual pudo contribuir a la sospecha, por parte de los directivos de la firma, de que los representantes gremiales pudieran estar relacionados con el secuestro”. Otro de los puntos, finalmente, son los dichos de Juan Born durante el juicio popular que le hizo Montoneros. La denuncia señala en un momento que los trabajadores desaparecidos eran de hecho “militantes y activistas gremiales y/o políticos combativos, de quienes el propio señor Juan Born dirá, al declarar en ‘juicio popular’ durante su secuestro, que le resultaba muy dificultoso o imposible llegar a acuerdos”. Esa es la línea de la causa en la que al mismo tiempo se abre un análisis sobre el frente sindical, la patronal y la dictadura. “Todo el cuadro indicado demuestra a las claras la situación de grave conflictividad que se vivía dentro de la empresa, el enfrentamiento y persecución ya existentes con anterioridad al golpe de Estado contra trabajadores, delegados y activistas”, señalan.

Los hechos

El primer secuestro mencionado en la denuncia es del 1o de julio de 1976. Ese día secuestraron a Avelino Freitas, el tío de Abigail, al salir de su casa en Villa Corina, a las cinco de la mañana, para tomar el colectivo que lo llevaba a la fábrica. Freitas era delegado gremial, parte de la comisión interna del ’73, integrante de la JTP y de Montoneros. Tenía tres hijos y su esposa estaba embarazada. El único dato que la familia logró saber con el tiempo es que un vecino dijo haberlo visto en la Comisaría 4 de Villa Domínico. Días más tarde, el 7 de julio se produjo el operativo más importante en la puerta de la planta. Entre los secuestrados se llevaron a Francisco Fernández, Roberto Ribolta y Santos Ojeda que siguen desaparecidos. “A todos los secuestraron cuando estaban entrando a la fábrica”, dice Analía, la hija de Fernández. “El lugar tenía una entrada con un fichero donde cada quien marcaba horario. Ese día habían retirado las fichas de algunos”. Y entre ellas faltaba también la de su padre. El era operario, ayudante foguista, parte del sector de talleres, integrante de la JTP y cercano a la interna que había ganado en el ’73. Por los testimonios recogidos se cree que es posible que a las personas que no tenían las fichas las hayan puesto primero en una oficina y luego en los camiones del Ejército. Analía supo que a su padre lo subieron a uno de los camiones pero no supo nada más. Santos Ojeda era de Formosa y había sido criado por una familia adoptiva en el pueblo de Ibarreta. A los 14 años, los tutores lo trajeron a Buenos Aires, para 1973 era parte de la interna que ganó las elecciones y delegado, pertenecía a la JTP y aparece mencionado entre los que trabajó en el reparto de las mercaderías por los Born. Luego del secuestro, en su casa se presentó un hombre que no se identificó. Le entregó la ropa de trabajo a su familia y les dijo que se lo habían llevado los de Coordinación Federal. Durante su búsqueda, el tutor entró en contacto con la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como el Infierno en el circuito represivo. Allí tuvo acceso a unos libros de ingresos y vio que el nombre de Santos figuraba como ingresado el 7/7/76. Así se lo contó a Lorena Galeano en una entrevista que ella dejó registrada en una filmación y que ahora forma parte de la causa. En ese declaración, el tutor también le contó que en ese libro también vio el nombre de Ricardo Almaraz, otro trabajador de la planta de Avellaneda desaparecido, secuestrado ese día 7 de julio cono su esposa Celia Arzamendia en su domicilio de Lanús. Ambos son los otros dos nombres de la lista que da cuenta de los desaparecidos de ese día. Aún se desconoce la cantidad de gente que se llevaron ese 7 de julio, pero los testimonios mencionan hasta setenta personas. Entre ellos hubo alguien que logró tirarse de uno de los camiones. Su testimonio permitió hacer parte de la reconstrucción, y según la profesora Lorena Galeano se desconoce si entre el resto hubo sobrevivientes.

 

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