“Desafíos para la emancipación de América Latina en el Siglo XXI”, análisis de Silvina Romano que llama la atención sobre la aun vigente dependencia de los países latinoamericanos frente a la inversión extranjera, presentando posibles alternativas para superarla

El capital monopólico y la IED

Desde los procesos de conformación de los Estados-nación en América Latina, las oligarquías locales (aliadas a las elites centrales) consideraron la inversión extranjera como el camino hacia la “modernización” y el “desarrollo”. Esta percepción de la clase dominante se reforzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando se dio el despegue de esta inversión en el marco del capitalismo monopólico anclado en la expansión de las empresas transnacionales y que encontró en América Latina importante resistencia desde sectores y movimientos revolucionarios e incluso reformistas.

Una de las expectativas era que con la inversión llegaría la industrialización y el avance tecnológico a la periferia. Sin embargo, la gran corporación, obedeciendo a su “rentabilidad” no necesitó aplicar nuevas tecnologías para aumentar sus ganancias, sino que tendió a sostenerse por las utilidades que “aportan los fondos internos para la expansión, son la fibra y el músculo que a su vez da acceso a fondos del exterior, siempre y cuando sean necesarios. La expansión interna, la adquisición y las fusiones son los medios gracias a los cuales crecen las empresas, y el crecimiento es el camino para la magnitud (…) las utilidades son la piedra de toque de la racionalización, la medida del éxito de las empresas” (Baran y Sweezy, 1974:37)

Esto se confirmó especialmente en América Latina, donde “el capital extranjero no es un factor complementario para el ahorro nacional; por el contrario, constituye una clara forma de extracción del excedente de nuestros países” (Caputo y Pizarro, 1975: 134). Tal dinámica incluía la reinversión, que suele ser catalogada como algo “positivo” para la economía receptora y sin embargo: “Gran parte de la entrada de capitales extranjeros en América Latina, en concepto de inversión directa, está constituida por reinversión de utilidades; es decir, por fondos obtenidos en nuestros propios países” (Ibid:136).

Según el informe de la CEPAL sobre la IED en América Latina, se alcanzó una cifra récord en 2012: 173.361 millones de dólares, destinados a servicios, 44% del total; manufactura, 30% y recursos naturales, 26% (CEPAL, 2013: 7-8). Se afirma que en los últimos años se consolidaron en América Latina y el Caribe sectores “intensivos en capital y con elevados flujos de renta” (Ibid, 9) y que “Aun cuando los flujos de IED hacia la región continúen creciendo, también será mayor el flujo de renta de esas inversiones, lo que reducirá el aporte neto de capital a la balanza de pagos” (Ibid.).

Se aclara que “durante los últimos años, los egresos registrados como renta de IED alcanzaron casi el mismo nivel (92%) que los ingresos como flujos de IED” (Ibid. 11). Sin embargo, los autores del informe “rescatan” el hecho de que se ha llevado a cabo una importante reinversión de esas ganancias en la región (Ibid). Como apuntamos más arriba, eso no constituye ningún avance, pues no se trata de capital “fresco”, sino que proviene de la economía receptora. Por otra parte, el informe destaca el modo en que esta IED está reforzando la estructura productiva primario-exportadora, en lugar de impulsar sectores de desarrollo tecnológico (Ibid, 15-16).

Por último, debemos estar atentos a las expectativas depositadas en las translatinas. Muchas de estas empresas que se definen como “latinoamericanas” o de capitales nacionales, reproducen las estrategias de cualquier empresa transnacional y los beneficios que suponen para las economías nacionales no son tales. Los que se benefician son el grupo de familias e intereses vinculados a los accionistas (Romano, 2012). Además, no se tiene certeza sobre el origen de los capitales de tales empresas, justamente por el secreto que ampara a las sociedades anónimas, uno de los grandes logros de la elite estadounidense de principios de siglo XX, para “sacarle la vuelta” a las leyes anti-trust (Wright Mills, 1978).

La propuesta del Banco del Sur en el marco de la Unasur es sin dudas uno de los grandes desafíos, pues implicaría la disminución de la dependencia con respecto a capitales foráneos y se espera que financie proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la gente, más que la rentabilidad de los mercados.

Rol de la UNASUR y la CELAC frente a la militarización

La visión de economía política nos obliga a considerar los aspectos de seguridad y militares implícitos y explícitos en esta expansión del capital transnacional hacia la periferia. De hecho, el núcleo del capitalismo monopólico es la vinculación entre el Estado y la empresa privada, cristalizada por excelencia en el complejo industrial-militar estadounidense exacerbado con la Guerra Fría (Melman, 1972: 18). Al menos desde la promulgación de la Ley Para la Seguridad Mutua (1951) hasta el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y el CARSI, se sabe que la inversión y la seguridad van de la mano. El Estado que salvaguarda el bienestar de las empresas (en este caso, el estado norteamericano) debe velar por la rentabilidad de las inversiones en el extranjero, garantizando una “mínima estabilidad” que permita hacer negocios.

Desde los ’50 hasta ahora, los mecanismos de contrainsurgencia, equivocadamente pensados como parte del pasado, forman parte de la estrategia de expansión del capital. El panorama se complejiza al entrar en juego el narcotráfico, o el “crimen organizado”, que no sólo constituye la panacea del negocio de las armas (siendo EEUU principal proveedor de las mismas, a la vez que es el principal consumidor de narcóticos), sino que al constituir un negocio “ilegal”, se utiliza como fachada, principio y fin, causa y efecto al que son reducidos todos los conflictos en América Latina.

Este escenario ha justificado la (re)militarización de varios países de la región, en particular, el norte del Cono Sur, América Central y México, que en los hechos se ha presentado como funcional a la criminalización y represión de la protesta, organizada en la mayoría de los casos en contra de la expansión del capital y el despojo (protestas contra minería, hidroeléctricas, cultivos para biocombustibles, monocultivo transgénico, etc.).

Ante este panorama, es urgente que la UNASUR y la CELAC se activen en términos de unión para la seguridad, que se (re)defina con seriedad el rol de las fuerzas armadas como subordinadas al poder civil, al servicio del pueblo y no como un brazo represor del Estado contra sus propios ciudadanos. La importancia de llegar a estos acuerdos en términos regionales, reside en que es la única manera de lograr un real contrapeso ante el avance del imperialismo, disfrazado de programas de integración “efectivos” como al Alianza del Pacífico, y los ya mencionados programas de seguridad (PC, IM, CARSI), que han logrado su máxima legitimidad en los programas de “seguridad ciudadana” canalizados a través de agencias de asistencia para el “desarrollo”.

La asistencia para el “desarrollo”

Es en efecto en este punto donde resulta aún más contundente la relación entre el capital y la seguridad/militarización. La asistencia “para el desarrollo” se ha institucionalizado desde inicios de la Guerra Fría, como una supuesta manera de “equilibrar” la brecha centro-periferia. En los hechos, y a través de agencias como la USAID, esta asistencia no es más que el “soft-power” (poder blando) de la expansión imperialista. La asistencia se orienta a reforzar el patrón primario-exportador (ver: Delgado y Romano, 2012) y a colaborar para generar las mejores condiciones posibles para la extracción de excedentes. Junto con la “asesoría técnica”, esta asistencia penetra en las cuestiones más delicadas de política interna, como la modificación de la organización jurídica, fiscal, la educación, etc. Incluso ha estado vinculad a la desestabilización de gobiernos democráticos. Así se desempeña la USAID como líder en la implementación del Cuarto Pilar de la Iniciativa Mérida (Seelke, 2012) y como promotora de la “seguridad ciudadana” en América Central.

La pregunta es por qué esta asistencia no se orienta a fomentar la industria, el desarrollo tecnológico. El Che Guevara lo dejó claro en su crítica a la Alianza para el Progreso: “Se dan dólares para hacer carreteras, se dan dólares para hacer caminos, se dan dólares para hacer alcantarillas; señores, ¿con qué se hacen las carreteras, con qué se hacen los caminos, con qué se hacen los alcantarillados, con qué se hacen las casas? No se necesita ser un genio para eso. ¿Por qué no se dan dólares para equipos, dólares para maquinarias, dólares para que nuestros países subdesarrollados, todos, puedan convertirse en países industriales-agrícolas, de una sola vez?” (Guevara, 1961). Unos años más tarde, Salvador Allende agregó otra pregunta: “¿donde reside la ayuda, la cooperación por la que estamos pagando precios tan altos e hipotecando además nuestro futuro y nuestra soberanía?”(Allende, 1967).

Lo que necesitamos en América Latina no es “ayuda”, pues se trata de parches que a mediano-largo plazo contribuyen a consolidar la estructura de desigualdad y acumulación de riqueza, recursos y poder en una minoría privilegiada. No olvidemos que la asistencia siempre llega con un discurso legitimador, que tiende a justificar el orden hegemónico, además de suponer la “bondad” del sistema, al dar cuenta de que las empresas y otros sectores de los países centrales, sí se preocupan por los espacios “desfavorecidos”, o como diría Hillary Clinton (2010), por aquellos que quedaron “del lado equivocado de la globalización”. América Latina debe apuntar a coordinar el sistema productivo en el marco de los mecanismos de integración para lograr complementariedad entre las economías del Mercosur y la Unasur, para ello, no queda más remedio que plantear serias y necesarias regulaciones al capital arbitradas por Estados que velen por el bienestar socio-económico y la inclusión política y cultural de las mayorías, en lugar de estar aliados a los intereses de una minoría privilegiada. Esta sería una de las alternativas para ir delineando las estrategias que permitan superar el modelo primario-exportador.

La guerra psicológica y las transnacionales

Por último, el desafío está en la toma de conciencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente el poder de los medios de comunicación de masas para modificar/intensificar las conductas, para llegar “a los corazones y las mentes” de la gente. La guerra psicológica, centrada especialmente en la propaganda, fue una de las herramientas más eficaces utilizadas durante la guerra fría. Los protagonistas fueron las cadenas de radio, tv, los periódicos, espacios culturales, etc. A esto se agregan hoy las nuevas tecnologías, desde internet hasta twitter, facebook, entre otros, que son presentados como la panacea de la libertad de información, de la aldea global en la que todos podemos acceder a toda la información que deseemos (olvidando las limitaciones implicadas en el analfabetismo o en la falta de acceso a servicios básicos). Sorprenderá a los/las lectores/as enterarse de que esto está muy lejano a la realidad. En el mundo de la “red de redes” hay controles que exceden la imaginación del ser humano del siglo XXI (Ver: Arroyo, 2012).

Lo que aparece en la prensa, los temas que “son noticia” y los que no; el tema del día en twitter, no siempre responden al libre albedrío de una comunidad creativa y en paz. Tal como en tiempos de la Guerra Fría, los temas, los problemas, la agenda, son condicionados en algún punto por los que de hecho tienen el poder, las corporaciones, que sí gozan de amplios márgenes para actuar (no existen normas internacionales que regulen sus acciones) y expandirse a través de diferentes mecanismos, algunos de los que hemos analizado aquí. No debemos olvidar, que tal como lo sugirió en su momento Caio Prado jr.(1957) las corporaciones son “Estados dentro del Estado”.

Resulta lamentable el corte histórico que se ha hecho al postular que la Guerra Fría terminó. El muro de Berlín cayó, eso es innegable. No obstante, las estrategias de contrainsurgencia materializadas en la guerra psicológica siguen a la orden del día. Baste dar una ojeada a los wikileaks o al revuelo que ha generado la publicación de documentos secretos donde se revelan mecanismos de espionaje típicos de la “contención” y que se enmarcan en la guerra psicológica en tanto estrategias de “soft-power”.

Todos estos constituyen desafíos para la emancipación de América Latina. Deben ser desnaturalizados, repensados. Para ello, es fundamental recobrar la memoria como primer paso hacia una toma de conciencia social sobre dónde estamos y hacia dónde vamos los y las latinoamericanos/as. Es fundamental aproximarnos a nuestra realidad como proceso, con avances y retrocesos, en lugar de analizarla en términos de todo o nada, blanco o negro. Esto requiere ante todo, de una predisposición a encontrar los objetivos en común que contribuyan a la emancipación, requiere recuperar el pensamiento colectivo frente al privatismo civil que parece ser el logro más contundente del capitalismo del siglo XXI.

•    Allende, S. (1967) “Crítica a la Alianza para el Progreso” Discurso en la Universidad de Montevideo http://www.salvador-allende.cl/archivos.html

•    Arroyo, T. (2012) “La construcción de la hegemonía y el desarrollo de la propaganda estadounidense en la era de las telecomunicaciones: Obama y el Smart Power”, Relaciones internacionales y estudios de geopolítica desde la perspectiva nuestroamericana. México: UNAM, pp. 85-116.

•    Baran, P. y Sweezy, P. (1974) El capital monopolista. Ensayo sobre el orden económico y social de los Estados Unidos. Bs As: Siglo XXI.

•    Caputo, O. y Pizarro, R. (1975) Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacionales. Bs As: Amorrortu.

•    CEPAL (2013) “La inversión extranjera directa en América Latina y El Caribe” Documento informativo. http://www.eclac.org

•    Clinton, H. (2010) “Remarks to the Center for Global Development” Washington, DC, January http://www.state.gov/secretary/rm/2010/01/134838.htm

•    Delgado, GC y Romano, S. (2012) “Economía verde, fundaciones privadas y asistencia para ‘el desarrollo’: una lectura desde América Latina” en Cuadernos de Pensamiento Crítico, n. 13. La Habana: Ruth Casa Editorial.

•    Guevara, E. (1961) Discurso en la Asamblea de Punta del Este, 8 agosto. http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_en_Punta_del_Este,_Uruguay,_8_de_agosto_de_1961

•    Melman, S. (1972) El capitalismo del Pentágono: la economía de guerra. México: Siglo XXI

•    Prado Jr., C. (1957) Esboço dos Fundamentos da Teoria Econômica. Río de Janeiro: Editorial Brasiliense.

•    Romano, S. (2012) “La inversión extranjera, las translatinas y la acumulación en el Mercosur”. La revista del CCC [en línea]. Enero / Agosto 2012, n° 14/15 http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/324/. ISSN 1851-3263.

•    Seelke, C. (2012) “Evaluando la Iniciativa Mérida: los hechos”. Ponencia en el Coloquio “Seguridad fronteriza. Iniciativa Mérida: evaluación y perspectivas” 23 de abril de 2012, CEDAN, Tecnológico de Monterrey, México DF.

•    Wright Mills, Ch. (1978) La élite del poder. México: Fondo de Cultura Económica.

 

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