Candidatos acudieron al último debate público previo a las elecciones

Los cinco candidatos adelante en las encuestas publicadas en las últimas firmaron este lunes un compromiso público en el que prometieron controlar el gasto público y a no contratar millonarias asesorías en una eventual administración suya.

Rodolfo Piza del PUSC, Luis Guillermo Solís del PAC, el libertario Otto Guevara, el oficialista Johnny Araya y el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, estamparon la firma en el documento.

La firma se presentó en el último enfrentamiento de ideas de la temporada preelectoral, realizado por el Grupo Repretel la noche de este lunes, con un acuerdo que busca alcanzar una mayor rigurosidad en el control del gasto del gobierno en actividades como asesorías, consultorías y beneficios particulares como carros discrecionales y choferes, de los representantes de los cargos de elección popular, para lograr así disminuir el consumo de dinero del Poder Ejecutivo.

Para reducir ese gasto, los contendientes propusieron desde reducir en un 50% ese monto, tal como lo hizo Villalta, hasta congelar los salarios de los altos jerarcas de las instituciones públicas y poner un tope al salario del Presidente de la República, tal como dijo el socialcristiano Rodolfo Piza, un último punto que se encontraba en concordancia con lo planteado por el primero.

Solís, del PAC, aseguró que llevaría esta medida más allá y que incluso pondría tope a los salarios de los miembros de las juntas directivas de las instituciones y a los ministerios del gobierno, mientras Guevara y Araya coincidieron en que para lograr la reducción bajarán el monto de los gastos discrecionales y que frenarían con el exceso de consultorías y asistencias al ejecutivo.

El acuerdo, que es un compromiso simbólico y por tanto su cumplimiento no es obligatorio, se une a un debate cuya idea central fue la reducción de los gastos del Estado y el mejoramiento en la administración de los recursos.

Otros temas que estuvieron sobre la mesa en la contienda fueron las acusaciones pendientes de los candidatos, sus posiciones respecto a derechos sexuales y reproductivos, principalmente el aborto, y los reproches por supuestos cambios de discurso, que estuvieron dirigidos principalmente para Otto Guevara, José María Villalta y para Solís.

Tanto Solís como Villalta aclararon que están de acuerdo en la suspensión del embarazo en casos que establece el Código Penal, pero que necesitan una regulación, no contemplada en la actual legislación.

Ambos también defendieron la necesidad de impulsar un proceso de educación sexual para evitar los embarazos de menores de edad.

Por otra parte, Guevara fue acusado de doble discurso ya que en el pasado defendía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y ahora se quiere convertir en adalid de las tesis de los grupos evangélicos y cristianos.

Otros temas se refirieron a corrupción, experiencia en gobernanza, alianzas y tributos.

 

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