Colombia: Uribe propone reforma constitucional que beneficie a uniformados presos

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien aspira a ser elegido senador en 2014, dijo este martes a policías y militares que impulsará una reforma constitucional que otorgue libertad condicional a los uniformados detenidos por delitos cometidos en servicio.

“Nuestro compromiso es impulsar una reforma constitucional que le dé libertad condicional a aquellos que están en la cárcel por hechos del servicio y exploremos mecanismos para revisar las sentencias”, dijo Uribe, en un mensaje de fin de año difundido a través de un video en la página web de su movimiento Centro Democrático.

“Los soldados y policías presos no deben tener la misma suerte de los terroristas”, aseguró el expresidente (2002-2010).

Uribe, quien se ha convertido en el principal opositor al gobierno de Juan Manuel Santos y al proceso de paz que éste adelanta desde hace poco más de un año con la guerrilla de las FARC en Cuba, buscará un puesto en el Senado colombiano en las elecciones legislativas del próximo mes de marzo.

Recientemente, el Congreso colombiano aprobó una ley para defender a los uniformados acusados de delitos cometidos estando en servicio, que estipula la creación de un fondo económico para apoyar a policías y militares sometidos a procedimientos legales.

Esta ley fue presentada por el gobierno de Santos, luego de que fracasara en su intento de ampliar el fuero militar.

La justicia colombiana investiga casi 1.300 ejecuciones sumarias de civiles cometidas por militares, casos conocidos en Colombia como “falsos positivos”.

Esos casos, en los que civiles eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, incluso vistiéndoles con ropa militar y colocándoles armas, fueron descubiertos a fines de la década de 2000 y constituyen cerca del 60% de las investigaciones judiciales a militares.

El conflicto armado colombiano, en el que durante 50 años han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y agentes de la fuerza pública, ha dejado unos 600.000 muertos y 4,5 millones de desplazados.

 

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