Consorcio español continúa obras en el Canal pero sigue amenazando con detenerlas

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) le dio un carácter indefinido a la crisis tras su amenaza de suspender las obras de la construcción del tercer juego de esclusas.

Ayer dio a conocer que no tiene intenciones de suspender la obra hoy o mañana, sin embargo asegura que es una posibilidad que lo hagan ‘en cualquier momento’.

El desenlace de estos hechos enviará un mensaje de suma importancia para la opinión pública del sector marítimo, comercial, económico y logístico mundial; para la reputación de España e Italia como marca país en megaproyectos de construcción a nivel internacional; y para la ACP, que debe buscar la fórmula para culminar la obra con un sobrecosto conservador y al menor tiempo posible en caso de que GUPC decida cumplir su palabra. Como carambola, los atrasos arrastran las proyecciones de crecimiento económico del país que basaron sus números en los aportes de la vía ampliada.

LA CRISIS

No surtió efecto la visita a Panamá de la ministra española Ana Pastor, que intentaba lograr un acuerdo entre ambas partes y ahora, GUPC enfrenta una cruda realidad con la banca española y la italiana, que no se ven muy prestas a colaborar.

Apenas tres días atrás, el jueves por la noche, los directivos del Canal recibían una reiteración de GUPC sobre el ultimátum que anunciaría una suspensión de la obras en caso de no lograr un acuerdo por $1,600 millones en concepto de sobrecostos.

Ante el presente panorama, el administrador de la ACP, Jorge Quijano, sacaría a flote el ‘plan B’, que inicia mañana con una reunión con la aseguradora Zurich International con el propósito de ponerle al tanto de la situación y explorar la posibilidad de cobrar la fianza que alcanza los $600 millones.

Pretende también analizar las posibles alternativas que tiene la ACP para continuar con la obra de la que ya depende el funcionamiento y la adecuación de varios puertos de Estados Unidos y Latinoamérica que reformaron sus infraestructuras a la dimensión de los buques post-Panamax que atravesarán la vía. Hace una semana esta misma reunión con Zurich se suspendió, por solicitud de GUPC.

¿QUÉ HACER SI GUPC SUSPENDE LA OBRA?

Quijano confirmó que la ACP está en condiciones de tener acceso a los fondos necesarios para continuar adelante y ‘con el apoyo de Zurich tendríamos más’, dijo recientemente. Conocedores del tema coinciden en que ante la situación en que se ve sumergida la ACP, lo tradicional es que la afianzadora podría asumir la terminación de contrato, si ésta decide hacerlo, tiene la opción de subcontratar el resto de las obras de las que restan 35% en el Pacífico y 30% en el Atlántico. Otra alternativa es que la compañía aseguradora podría asumir la terminación del proyecto cobrando la diferencia a la ACP por algunos sobrecostos que podrían ser justificados.

Zurich podría contratar a otra constructora con la anuencia de la ACP para que concluya el proyecto, por ejemplo, alguna de las que participaron en la licitación como Bechtel, o pudiera concertar con la ACP otra empresa que evalúe capaz de hacerlo.

EFECTO DOMINÓ

Mientras esto se decide, expertos de Instituto del Canal de la Universidad de Panamá activan las alertas. Los retrasos ya hunden sus efectos sobre los ingresos del Tesoro Nacional. Las previsiones de crecimiento económico del país realizadas por el Banco Mundial y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) asumieron el crecimiento económico sostenible del istmo entre 8% y 9%, cifras que tomaban en cuenta los ingresos que aportaría al Estado la obra ampliada; con los retrasos los economistas revisan los números.

La postergación del contrato de la obra también afecta a dos instrumentos del desarrollo nacional. Olmedo García, director del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, recordó que los proyectos pactados en la mesa de concertación a partir 2014 debían transferir anualmente $500 millones al Tesoro Nacional, dinero que también se habría amarrado a la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que a su vez, estos dineros provendrían de la misma obra ampliada. Su excedente se atendería para mitigar los problemas de pobreza, dijo Olmedo.

La obra ya tiene un retraso de nueve meses, y si se prolonga la demora, dejaríamos de percibir alrededor de $1,000 millones que afectarían los ingresos del Estado para el programa especial que se creó en la Ley de Responsabilidad Fiscal, dijo Olmedo.

 

http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2014/01/20/llego-la-hora-de-las-decisiones-194336.asp