El Centro de Investigaciones Periodísticas de Chile (CIPER) hizo una recopilación de sus investigaciones de mayor impacto en 2013, que incluye temas centrales de la agenda chilena como así también algunos temas internacionales

 

IPER hace un recuento con sus investigaciones de mayor impacto en 2013. Desde la fundación que traía niños de Haití saltándose todos los protocolos, hasta la investigación que da cuenta de cómo se fraguó la legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico. También se cuentan los reportajes que desnudaron la manipulación del Censo, la ruta del lucro en la Universidad San Sebastián, las empresas que financiaron campañas electorales, el dinero que entregó una pesquera a la diputada Marta Isasi y el informe que destapó la dramática situación de los niños que viven bajo la “protección” del Estado.

1. Adopción en Haití: la estremecedora odisea de tres familias chilenas para traer a sus hijas

En septiembre de 2011 las familias Castelló-Mutis, Cortés-Viel y Sagredo-Lombardi quedaron unidas por un lazo invisible: Haití se convertía para ellos en el país donde encontrarían a las hijas que anhelaban adoptar. No se conocían, pero durante los 12 meses siguientes vivirían un drama que pondría a prueba toda su fortaleza y los ligaría para siempre. En enero de 2013, CIPER publicó el primer capítulo de una investigación que reveló las irregulares vías que utilizaban la Fundación Familias Multicolor y sus directoras –Rosemary Donoso y Bárbara Vigouroux– para gestionar adopciones de niños haitianos por parte de familias chilenas y traer a los menores al país sin cumplir los protocolos internacionales.

Para los seis padres cuyas historias relata el primero de los reportajes publicados por CIPER, el largo proceso terminó por convertirse en una pesadilla que transformó la decisión de traer a sus tres pequeñas a Chile en una estremecedora historia de amor. Según Donoso y Vigouroux, la idea de crear la fundación para vincular a familias chilenas con niños haitianos y acompañarlos en su proceso de adopción, nació después del terremoto que devastó Haití en 2010, cuando las dos mujeres decidieron instalar una casa de acogida (creche) en Puerto Príncipe. Ambas ya habían traído niños de Haití bajo la figura de “razones humanitarias” en 2006 y 2007, respectivamente, a los que posteriormente adoptaron.

Al comienzo, la promesa de la fundación no hizo más que encender la esperanza de las tres parejas que contaron su historia a CIPER, pero lo que terminaron viviendo tanto en Chile como en sus continuos viajes a Haití –y que paso a paso aparece relatado en este primer reportaje–, fue clave para empezar a armar un rompecabezas cuyas piezas hablan de una institución que se valió durante años de la precaria estructura judicial haitiana para traer a los menores de manera irregular.

El funcionamiento de la Fundación Familias Multicolor no tenía nada de una organización seria sin fines de lucro, tal como lo reveló CIPER en el segundo capítulo de esta investigación: un directorio cuyos miembros nadie conoce; un patrimonio del que no existe registro contable; descontrol total sobre el uso de los recursos y donaciones; desconocimiento de procedimientos y plazos legales de Haití; un supuesto “abogado” especialista en Haití que resultó ser sólo un procurador con “buenos contactos” para sacar a los niños de su país; una ex funcionaria de la embajada chilena en Haití que administra la creche y que trajo menores a Chile sin que se encuentre rastro de su ingreso según la PDI; y nula fiscalización de cómo se cuida a los pequeños en el hogar de Puerto Príncipe ni de cómo llegan a vivir allí.

La investigación de CIPER gatilló la apertura de una indagación a fondo por parte del Ministerio Público sobre la fundación de Donoso y Vigouroux, ya que a febrero de 2013 –cuando fue publicado este segundo reportaje–, los datos que manejaba el Ministerio de Relaciones Exteriores hablaban de 13 niños haitianos que habían ingresado a Chile bajo la fórmula de la “ayuda humanitaria” con fines adoptivos. De ellos, al menos ocho estaban vinculados a la Fundación Familias Multicolor.

 

2. Mal uso de fármaco abortivo en Clínica Alemana provoca salida de uno de sus ginecólogos más reputados

El 27 de noviembre de 2012, a cuatro días de la fecha de término de su embarazo, Patricia Gómez se sometió a la última ecografía. Se sentía excelente y no deseaba apurar el parto. De hecho, ese día fue la cuarta vez que rechazó la propuesta de su ginecólogo, el doctor Víctor Valverde, para adelantar un parto que ella quería que fuera natural, tal como había sido el nacimiento de su primer hijo, hacía tres años, y controlado por el mismo médico. Al escuchar su negativa, el doctor Valverde le insistió que si bien todo estaba bien, le gustaría examinarla al día siguiente con una ecografía “para descartar cualquier problema”.

Al día siguiente, tras una ecografía de cinco minutos, el médico les dijo a Patricia y su marido que se apreciaba poco líquido amniótico y que su guagua tenía una pequeña circular, por lo que había inducir el parto. La pareja asintió y el doctor le suministró a Patricia Misoprostol, una prostaglandina que se vende en farmacias como antiulcerante con receta retenida bajo la forma de comprimidos blancos hexagonales y que en Ginecología se utiliza para inducir partos y, de forma ilegal, para producir abortos. Tras administrarle el medicamento, envió a la mujer a su casa. Poco después, Patricia daba a luz.

La investigación que CIPER publicó el 4 de marzo de 2013, fue realizada por Gustavo Villarrubia, periodista de nuestro equipo y marido de Patricia, quien vio cómo su esposa, tras el parto, sufrió una súbita e incontrolable hemorragia que la tuvo en pabellón por cuatro horas. La mujer estuvo muy grave. Luego de eso, Villarrubia comenzó a investigar lo que había pasado y descubrió el mal uso y abuso del fármaco abortivo que había hecho el médico: El uso del Misoprostol no quedó registrado en la ficha médica de Patricia en la Clínica Alemana; la ecografía no justificaba adoptar ese procedimiento de urgencia; dos días después el doctor viajó fuera de Chile, en una salida que tenía programada desde antes. Por ser un caso de salud pública, CIPER decidió apoyar la investigación y difundirla. El doctor Valverde fue desvinculado de la Clínica Alemana por malas prácticas.

 

3. El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012

 

Para cuando CIPER publicó esta investigación el 25 de abril de 2013, las cifras del Censo 2012 ya contaban con tres fe de erratas importantes. Y a esa fecha, todo indicaba que vendrían más. Así lo había advertido internamente el cuerpo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante meses, el mismo equipo que había sido marginado del proceso de análisis y decisiones en torno al Censo 2012 por decisión el entonces director del INE, Francisco Labbé. Fue así que la máxima autoridad de la entidad zanjó los conflictos y las críticas. Tiempo después, las pruebas de la manipulación de los datos y los errores metodológicos emergieron, poniendo en jaque la credibilidad del organismo estatal que elabora los índices más sensibles del país.

Los errores cometidos por el INE en el Censo 2012 marcarían la agenda de todo 2013. Todo habría sido distinto si se hubiera puesto atajo a tiempo a la decisión de Labbé de informar que fueron censados 16,6 millones de habitantes, aunque eso no era efectivo. Labbé mezcló población censada con una proyección de “moradores ausentes” (viviendas sin moradores al momento de la visita), pero no informó que el número de chilenos era en realidad una estimación. Su decisión pudo estar motivada por su deseo declarado de realizar el “mejor censo de la historia de Chile”, para lo cual debía exhibir a lo más una “omisión” (cantidad de gente a la que no se llegó) del 2%, lo que fue provocando una cadena de errores que terminó por paralizar al INE.

Uno de los jefes técnicos del INE, consultado por CIPER para esta investigación, afirmó: “Y como el director quería llegar a un 2% de omisión, y no fue así, hizo calzar los datos. Así de simple”.  El INE enfrentaba una parálisis y su peor crisis.

Un día después, CIPER publicó la entrevista a Mariana Alcérreca, la asesora de Labbé que era considerada como la “gerenta” del INE. Allí, la ingeniera comercial desmenuzó los errores metodológicos y reveló paso a paso cómo se fue materializando la manipulación de los datos, incluyendo una conversación clave con Labbé, en la que éste la instruye a publicar que habían sido censados realmente 16,6 millones de personas en vez de las 15,8 millones que efectivamente habían sido encuestadas. “No te dispares en los pies”, fue la frase con la que acompañó la orden. Según aseguró Alcérreca, “hay engaño al incluir a los moradores ausentes a la cifra de los realmente censados, y se agrega población directamente”.

El escándalo revivió lo ocurrido apenas un año antes con la encuesta CASEN, cuando las presiones del gobierno por contabilizar una variable que afectaba la comparabilidad de la serie y que provocaba una leve baja en el número de pobres en el país, terminaron por poner fin a la relación entre el Estado chileno y la CEPAL, la institución internacional que durante décadas había participado en el proceso y que le entregaba un sello de calidad indiscutible. La imagen de solidez y credibilidad de las estadísticas clave para el diseño de políticas públicas en Chile se vino abajo (ver publicación enThe Economist).

Labbé se vio obligado a renunciar. Poco después, tres de sus cuatro asesores directos –quienes tuvieron un rol clave en la estrategia comunicacional del Censo 2012– también abandonaron la institución, mientras que el cuarto presentó licencia médica (ver reportaje). Era comienzos de mayo y Juan Eduardo Coeymans había sido designado en reemplazo de Labbé. Lo primero que hizo fue encargar auditorías internas y externas, para transparentar los procedimientos.

A comienzos de agosto, los expertos mandatados para revisar los procedimientos empleados con el Censo 2012 emitieron su veredicto: la forma en que se contabilizó la población es errada y no permite utilizar los datos como herramienta para la elaboración de políticas públicas, lo que implica que los más de $30.000 millones invertidos en el proceso no sirvieron de nada. Al final, la omisión real fue calculada en 9,3% y en 70 comunas habría alcanzado un 20%. Por lo mismo, recomendó rehacer el censo en 2015.

El ex director del INE, Francisco Labbé, había revelado a la Comisión Revisora del Censo 2012 que él y Alcérreca adoptaron la trascendental decisión de cambiar la metodología de la medición “metiéndose a internet”. Esa versión, ratificada ante la misma comisión por Alcérreca, indica que efectivamente se pasó de un “censo de hecho” a un “censo de derecho” sin el apoyo técnico de un equipo que pudiera fundamentar el cambio (ver reportaje).

La responsabilidad del grueso error, según los expertos, radica en las decisiones del ex director del INE, Francisco Labbé. A pesar del contundente informe, el gobierno pidió una evaluación internacional antes de decidir hacer un nuevo Censo. En ese proceso, el INE y el Ministerio de Economía habían anunciado que contarían con la asesoría del Banco Mundial y de Eurostat para evaluar la recomendación del grupo de expertos de realizar un nuevo censo en 2015. Pero el Banco Mundial lo desmintió.

Mientras el INE esperaba el resultado del análisis de expertos internacionales, el Ministerio Público ya tenía en curso una investigación especial sobre las irregularidades cometidas. También se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Y surgían más antecedentes, como las sospechas de triangulaciones de dinero que complicaban a Maximiliano Raide, el asesor más cercano a Labbé.

En noviembre, la comisión internacional señaló, en cambio, que los datos del censo sí podían ser utilizados, aunque confirmó que la cifra de población originada por la mezcla de personas efectivamente censadas y una proyección de los moradores de “viviendas no observadas” no puede ser usada. Mientras, las auditorías internas refrendaban lo dicho por los expertos nacionales y el país continúa sin saber cuál es la población real del país. La discusión siguió abierta hasta el 23 de diciembre, cuando el INE validó el Censo 2012 y rechazó realizar un censo abreviado en 2015. En estos momentos el INE evalúa excluir a CELADE –organismo técnico de la CEPAL- del proceso de conciliación de datos del censo. Históricamente CELADE ha hecho esa labor en los censos chilenos, garantizando la confiabilidad de las cifras. Así, podría repetirse la salida de CEPAL del cálculo demográfico más importante del país, como ya ocurrió en la medición de la pobreza con encuesta CASEN.

 

4. Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas

 

Nadie hubiese pensado que la simple audiencia de formalización por estafa y otras defraudaciones de Georgio Carrillo Vercellino, principal asesor de la diputada por Iquique Marta Isasi hasta noviembre de 2011, iba a abrir una puerta al intrincado mundo del lobby que realizan grandes empresas entre los parlamentarios y en los enmarañados aportes que éstas hacen a las campañas electorales. Porque fue en la audiencia del jueves 9 de mayo, en Valparaíso, que el ahora ex asesor reconoció haber hecho mal uso de dineros correspondientes a asignaciones parlamentarias, lo que constituye fraude al Fisco. Así, detalló la fórmula que utilizarían algunos diputados para engrosar sus ingresos a través de la apropiación indebida de los pagos destinados a asesorías. Acto seguido especificó cómo lo había hecho siguiendo instrucciones de la propia diputada Isasi. Y fue más lejos: reveló haber recibido $25 millones de Corpesca, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini, destinados a Isasi antes de que se iniciara la tramitación de la polémica Ley de Pesca.

El gerente general de la pesquera admitió a CIPER haber pagado a Carrillo por estudios sobre el sector pesquero y afirmó que la empresa, cuyo presidente es Roberto Angelini, hace aportes a parlamentarios para sus campañas, entre ellos la diputada Isasi.

Una minuta enviada por el gerente de Corpesca a la diputada Isasi, cuyo contenido es un instructivo sobre cómo defender el “derecho de propiedad” de la industria en la Ley de Pesca, es una de las piezas con las que el fiscal de Iquique investiga el supuesto cohecho y soborno. La indagatoria –que apoya la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC) y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF)- busca detectar las platas negras que desde la industria pesquera se traspasaron a parlamentarios para incidir en su voto. Los datos que surgieron en la investigación de CIPER abrieron la puerta para que el Ministerio Público extendiera su indagatoria a otros parlamentarios y se abriera a la posibilidad de quitar el anonimato de los aportes privados de campaña.

En diciembre, la Comisión de Ética de la Cámara –que indagó la relación entre Isasi y Corpesca– emitió su fallo, estableciendo que la diputada sí hizo mal uso de sus asignaciones parlamentarias y que actuó en concomitancia con Carrillo para contratar personas que recibieron pagos de la Cámara, pero que no efectuaron trabajo alguno para la diputada.

Sin embargo, fuera de la sanción a la diputada, uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la Cámara es que Isasi, al asumir su defensa, acusó que otros cinco parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Estos parlamentarios no se inhabilitaron durante la tramitación de la Ley de Pesca y, por el contrario, facilitaron a ejecutivos de esas compañías y representantes de esas organizaciones gremiales participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores parlamentarios.

 

5. Los millones que se fugaron de la Universidad SEK hacia las arcas de la Unión Española

 

En 2010 Jorge Segovia fue el protagonista principal de la salida de Marcelo Bielsa de la Selección Chilena de Fútbol. Pero no pudo disfrutar de la presidencia de la ANFP. Contratos entre sus universidades y colegios SEK con el club de su propiedad, Unión Española, lo inhabilitaron. Aún así, los montos y condiciones de esos contratos siguieron siendo “secretos”. A comienzos de junio de 2013, CIPER publicó una investigación sobre cómo el resurgimiento financiero del club de la colonia española ha sido subvencionado por el lucro en la educación, un nexo que abrió una nueva arista a la investigación de la fiscalía y que complicó aún más la situación judicial de Segovia.

Una serie de contratos “confidenciales” que la Unión Española firmó entre 2008 y 2010 y que CIPER obtuvo, dan cuenta de cómo las finanzas del club están estrechamente vinculadas con las de la Universidad SEK y las demás empresas de Segovia.

La investigación de CIPER da cuenta que desde que asumió la propiedad del club, Unión Española pasó a ser una caja receptora que ha obtenido gran parte de su financiamiento a través de préstamos y contratos por publicidad con algunos de los colegios y universidades que maneja el empresario español. Una estructura de negocios que se ha expandido en 12 países, que se alimenta a sí misma con flujos y traspasos de dineros entre las diferentes empresas y donde la Universidad SEK, una corporación sin fines de lucro, forma parte esencial.

 

6. Hospital San José: Así opera el sistema que reduce falsamente las listas de espera

 

El policlínico Maruri funciona en las mismas dependencias del Centro Clínico Maruri, concebido en 2011 para liberar camas del Hospital San José, trasladando a esa unidad a pacientes quirúrgicos que no requerían de cuidados de alta complejidad. Así, se aliviaba la agobiante espera de pacientes que se agolpaban en los pasillos del servicio de urgencia del hospital, esperando ser hospitalizados. Para el 10 de junio, cuando CIPER publicó esta investigación, el centro disponía de 40 camas y recibía pacientes de otros centros hospitalarios de la Región Metropolitana. El foco de las irregularidades está situado en el área del policlínico.

Maruri se convirtió en un centro de operaciones para depurar o gestionar las listas de espera, que en el Hospital San José se empinaban a unas 194 mil personas en 2010, según datos del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). Pacientes que esperaban por meses e incluso años un llamado telefónico, una cita que por fin los llevara a la consulta de un especialista del único hospital de referencia del área norte de Santiago. Órdenes que se originaban en los consultorios y llegaban al hospital, pero que vegetaban guardadas en archivadores, se acumulaban en carpetas, en hojas escritas a mano, cuadernos e incluso papeles sueltos, sin que se informara al Centro Diagnóstico Terapéutico del hospital (CDT), que lleva este registro y organiza la agenda de los especialistas.

En la práctica, allí funcionó un centro autónomo con siete médicos generales, que atendieron como “especialistas” y sin operar ni tratar las enfermedades de los pacientes, se procedió después a eliminarlos de las listas de espera. Según información recogida por CIPER, existen a lo menos 1.500 personas que fueron sacados en los últimos dos años del registro conocido como Repositorio Nacional de Lista de Espera (RNLE) sin haber sido atendidos por un especialista, como exige la norma. Todos esos egresos coinciden con el paso de los pacientes por el policlínico Maruri, dependiente del Hospital San José, donde atienden médicos generales y no especialistas.

Los “pacientes fantasmas” hoy deambulan buscando solución. Tras la investigación de CIPER, se inició una auditoría y el policlínico Maruri fue cerrado.

 

7. Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos

 

Muchas veces los problemas sociales son difíciles de enfrentar porque las autoridades carecen de la información necesaria para diseñar políticas correctas. Existen, sin embargo, áreas en que los datos están, pues especialistas se han dado el trabajo de investigar, sistematizar la información y a partir de allí han sacado estremecedoras conclusiones que indican la urgencia de actuar. Pero hasta allí se llega. Todo sigue igual, porque alguna autoridad así lo decidió. Es exactamente lo ocurrido con una investigación inédita que realizó el Poder Judicial y la Unicef en diez regiones, con 6.500 menores y que costó cerca de $ 200 millones. Era la primera radiografía a fondo a la vida de los niños más vulnerables del país: menores en el sistema residencial que necesitan de la protección del Estado porque sus familias los abandonaron o no son capaces de cuidarlos. Allí se describe cómo el abuso sexual, la violencia y el maltrato están extendidos en el sistema. Y ponen el acento en las faltas del SENAME y de los propios jueces.

Para cuando CIPER publicó esta investigación a comienzos de julio, ese informe seguía guardado en secreto. Aunque los datos de esa investigación estaban sistematizados y dejaban clara la masividad del abuso sexual, de la violencia en el trato y el incumplimiento de muchos de los derechos que tienen los niños que viven en el sistema residencial, el reporte llevaba cuatro meses en esa condición. Mientras, el equipo autor había sido intervenido y algunas gestiones hablaban de intentos de invalidar sus resultados. La Unicef le había pedido al Poder Judicial que interviniera los hogares con problemas e informara de los resultados, pero eso aún no sucedía.

CIPER investigó a fondo el tema y tanto los datos obtenidos en Unicef como en Aldeas Infantiles SOS, situaban la paralización de los informes en un problema interno del Poder Judicial y no en una verdadera deficiencia técnica de los estudios (ver segunda parte de la investigación).

Poco después, las autoridades reaccionaron: la jornada del miércoles 10 de julio marcó un punto de inflexión para los 14 mil niños que han terminado en algún hogar financiado por el Estado tras haber sido maltratados, abusados o simplemente abandonados por sus familias. Partió con un anuncio de cierre de hogares del SENAME; siguió con la entrega por parte del Poder Judicial al Ministerio Público de los graves antecedentes de abusos e irregularidades descubiertos en el informe y terminó con el anuncio de un plan de intervención a todo el sistema que hizo la ministra de Justicia y que debió detallar en la Cámara de Diputados. Había urgencia. Por un día los niños invisibles pasaron a ser protagonistas.

El director nacional del SENAME, Rolando Melo, remitió el mismo informe a todas las fiscalías regionales. Al mismo tiempo, daba instrucciones a distintas regiones donde se cerraban hogares de menores y recogía antecedentes sobre otros donde se detectaron graves irregularidades. Actuó contra el tiempo. Y ello porque debía explicar en distintos frentes por qué no actuó con la urgencia y la contundencia que le exigía la gravedad de los hechos descubiertos por la comisión judicial-Unicef y cuyo contenido conoció el 7 de marzo pasado. Explicaciones que concedió a CIPER en una entrevista publicada el 11 de julio, una jornada antes de que el Poder Judicial liberara los documentos sobre el trabajo de la comisión.

Tras el escándalo que produjo la investigación de la Comisión Jeldres, las críticas más duras apuntaron al ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño: fue su decisión de mantener en reserva el informe la que puso al Poder Judicial en el banquillo de los acusados por no haber actuado a tiempo frente a los graves abusos detectados. En la misma silla está el SENAME, que a pesar de cuestionar la metodología del estudio, en 2011 realizó una encuesta muy similar que detectó los mismos abusos señalados en el informe de la comisión. Aún así, y aunque había órdenes explícitas para que se denunciaran esos hechos, los resultados de esa encuesta parecen haber quedado mayoritariamente en el plano de la estadística.

En agosto, CIPER tuvo acceso a un nuevo y más completo informe sobre la situación de los niños atendidos en la red de protección estatal y que revela las dimensiones desconocidas del fracaso de ese sistema. El informe fue elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y entre sus datos destacan no solo la presencia constante del abuso sexual en decenas de hogares, sino una crisis mayor que involucra, entre otros aspectos, la educación y la salud que reciben los 15.000 niños que el Estado debe proteger. Niños con problemas de salud crónicos que no reciben atención, fuerte retraso en el nivel escolar, extensas internaciones que duran hasta cinco años y en las cuales muchos menores no mantienen contacto afectivo con ningún adulto que puedan sentir como “familia”. El documento pone en la mira prácticas de los Tribunales de Familia y de las instituciones guardadoras; y vuelve a reclamar la reforma urgente y masiva del sistema.

A pesar de que los meses han pasado y las autoridades de las distintas instituciones involucradas han hecho anuncios de cambios en el sistema, la crisis sigue vigente. Así quedó demostrado cuando a fines de noviembre un joven de 17 años fue asesinado al interior del centro “modelo” del SENAME para jóvenes infractores de ley: el Centro Metropolitano Norte de Tiltil. En todo caso, no fue el crimen el que firmó la defunción del sistema de gestión privada del más moderno centro de reclusión del SENAME. A sólo un año de su puesta en marcha, días antes de que Daniel Ballesteros recibiera 17 estocadas en la riña por un celular, se decidió el fin al plan de reinserción en manos de externos. Ni el modelo de gestión privada ni el del Estado han podido siquiera aminorar el régimen de terror que imponen los internos más violentos. La reinserción de los más de mil jóvenes que han delinquido y deben cumplir condena en recintos como el de Tiltil, sigue sin solución (ver reportaje).

 

8. Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad

 

En diciembre de 2011, Carabineros recibió una flota de 29 carros blindados para operaciones de alto riesgo. Esos nuevos vehículos fueron adquiridos por la institución a Automotores Gildemeister S.A., sin licitación pública, en una operación de US$ 3.480.000 (cerca de $1.768 millones) y que fue promocionada en la revista institucional para ser utilizada en “labores de control y orden público entre Iquique y Punta Arenas”.  Sin embargo, tal como lo demostró una investigación que CIPER publicó en agosto, los vehículos no cumplen con requisitos mínimos de seguridad. De hecho, el informe interno que demostraba las fallas le costó la salida de la institución al oficial que lo elaboró.

Varios de los policías consultados por CIPER para este reportaje señalaron que prefieren no ingresar en esos carros a las poblaciones cuando se registran cortes de luz. “Es como entrar a ciegas”, dicen, por la escasa visibilidad desde la cabina. Otros cuentan que al menos cuatro de esos vehículos se han incendiado porque para proteger la toma de aire –que no es blindada y permite el ingreso de líquidos inflamables al motor– la han tapado con plásticos, sobrecalentando la máquina. Y algunos se refieren a problemas para cargar combustible, a fallas con las cajas de cambio y los embragues, y a que sólo el personal más joven y nuevo usa esos vehículos, ya que los más antiguos prefieren los carros antiguos.

Eso sí, todos coinciden en que los vehículos sí tienen una cualidad: cuentan con aire acondicionado.

La millonaria compra se suma a otra que involucra cerca de $2.680 millones y que al momento en que se publicó este reportaje, era investigada por Carabineros y tenía al jefe del Departamento de Adquisiciones, general Jorge Rojas Langer, en la cuerda floja por haber entregado un informe adulterado al general director Gustavo González Jure.

A fines de octubre, nuevos antecedentes confirmaron que los carros adquiridos tienen numerosas fallas, además del blindaje, que no garantizan la seguridad del personal que los ocupe. La licitación está siendo investigada por la Contraloría. En entrevista con CIPER, el director de Logística de la policía uniformada respondió por los errores, la demora en la reparación de los carros y el extraño retiro del primer oficial que alertó sobre los problemas.

 

9. Universidad San Sebastián: Paso a paso, el modelo del lucro

 

Más de $30.000 millones pagaron en 2007 los nuevos dueños por la Universidad San Sebastián (USS), demostrando que la que había nacido como una pequeña casa de estudios penquista con vocación de lucro, había logrado su objetivo. La primera parte de esta serie fue publicada a comienzos de octubre y revela cómo se gestó el negocio, advertido como tal desde un comienzo por las autoridades, que lo dejaron crecer pese a que el lucro en la educación no está permitido en el país.

Las siguientes entregas detallan gruesas irregularidades y el rol de financista de campañas políticas de los accionistas de una universidad que está en el ojo de la justicia.

La investigación que realizó durante meses CIPER, demuestra que el crecimiento explosivo de la USS se produjo gracias al arribo de su nuevo accionista mayoritario, Alejandro Pérez, junto a un grupo de ex controladores de la Universidad Andrés Bello, como Luis Cordero y Andrés Navarro. Utilizando su red de sociedades negociaron millonarios créditos y realizaron enredadas transacciones que consolidaron el crecimiento de la universidad, simbolizado por la construcción de su casa central en Bellavista y el contrato de arriendo del inmueble del Santiago College, que hasta la publicación del segundo capítulo de esta serie de reportajes era secreto.

En la tercera parte de esta investigación, surgió una nueva arista para la indagatoria sobre el lucro en la educación superior: las universidades como financistas anónimos de campañas electorales. Dos sociedades que tienen como principal fin invertir en la USS –Laguna Blanca Dos e IAB Inmobiliaria– acordaron en 2009 hacer “aportes reservados” a candidatos presidenciales y parlamentarios, lo que quedó plasmado en escrituras públicas. CIPER también encontró el “pacto de accionistas” de la USS, originado por una nueva venta de acciones. El crecimiento de la USS requirió nuevos créditos, nuevas sociedades y mayores ganancias para sus inversionistas, lo que significó que aumentaran hasta 10 veces el valor de los arriendos que la universidad debió pagar a sus sociedades relacionadas.

El potente movimiento estudiantil de 2011 colcocó al lucro en la educación bajo escrutinio público y encendió la alarma de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián, la que ese mismo año puso en marcha una compleja operación para ocultar los vínculos de esa casa de estudios con las sociedades financieras de sus controladores. En el cuarto y último capítulo de esta serie, CIPER da cuenta de cómo siguió la ruta de esas transacciones, que involucraron pagos por más de $34 mil millones, y detectó que los dueños de la universidad siguen recibiendo ganancias de un negocio prohibido. Aprovechando la infraestructura de la USS se ampliaron a dos nuevos rubros: los estacionamientos y la salud.

 

10. Los secretos de las empresas que financian la política: Quiénes son y cuánto gastan

 

Las donaciones para financiar las campañas políticas se cuentan en millones de dólares entre los grandes conglomerados como Enersis. Aunque la ley que regula el financiamiento de las campañas les permite el anonimato, CIPER rastreó las escrituras de las reuniones de los directorios de los grandes grupos económicos y encontró donaciones hechas por las empresas ligadas a las familias Matte, Luksic, Del Río, Cúneo-Solari, Angelini y Yarur. El resultado de ese rastreo aparece en el reportaje que publicamos el 6 de noviembre de 2013, sólo unos días antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Todos quieren influir en las decisiones políticas y para ello suelen dividir sus aportes entre distintas empresas, evadiendo los topes legales.

Para la segunda vuelta, los comandos de Bachelet y Matthei necesitaban fondos frescos para financiar sus campañas. Pese a que la ley está diseñada para que los ciudadanos no se enteren quiénes hacen donaciones electorales, CIPER continuó con la búsqueda y encontró nuevos nombres de conocidas empresas que invierten en financiar la política. Una de las mineras del grupo Luksic, el Banco Santander y varias de las grandes pesqueras, son algunas de las que aprobaron cuantiosos montos para las últimas elecciones.

 

11. Cómo se fraguó la insólita legislación que tiene a Chile al borde del colapso hídrico

 

El 10 de diciembre de 2013, CIPER publicó el primer capítulo de una serie de investigaciones que forman parte de un proyecto financiado por la Escuela de Periodismo y el Centro de Investigación y Publicaciones de la Universidad Diego Portales. Allí, se cuenta la historia de Isidoro Quiroga, quien cultiva un riguroso anonimato a pesar de ser uno de los empresarios más adinerados del país.

Según esta investigación de CIPER, sólo en los últimos cinco años Quiroga obtuvo más de US$ 25 millones por la venta de derechos de agua, los cuales le fueron otorgados gratuitamente por el Estado. El comercio que hace Quiroga con el agua es legal, lo que desnuda las deliberadas omisiones y falencias del Código de Aguas impuesto en dictadura. En este completo reportaje se explica cómo opera en el desregulado mercado de las aguas el misterioso empresario cuyas inversiones hoy se expanden en el rubro minero, eléctrico y alimenticio.

Al mismo tiempo que se ha desarrollado un mercado del agua fuera de toda regulación, Chile se está secando. El diagnóstico es oficial, pero ni las autoridades ni las instituciones asumen la magnitud del problema. Fallas de regulación que se arrastran por más de 30 años han terminado por crear profundas inequidades en la asignación del recurso, como lo demuestra el segundo capítulo de esta serieSegún la ley, el agua para consumo humano no es más importante que el agua para suministro minero o agrícola. Las prebendas establecidas por el Código de Aguas a favor de intereses privados, y cuyo epítome ha sido la consolidación de un lucrativo y desregulado mercado de las aguas, colocan nota roja a Chile en la gestión de un elemento clave para la calidad de vida de la población.

 

http://ciperchile.cl/2013/12/30/las-11-investigaciones-de-ciper-que-marcaron-el-2013/