Gobierno ratifica que firmará acuerdo con minera estadounidense Aratirí

A días del plazo que se autoimpuso para firmar un contrato con Aratirí, el gobierno dijo que respetará la autonomía de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y que le dará el tiempo que requiera para hacer los estudios necesarios.

Pero también advirtió que no le reconoce competencia a los gobiernos departamentales para prohibir la minería a cielo abierto y que habrá aspectos del contrato que serán secretos.

A través del ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño, el gobierno salió ayer nuevamente con fuerza a defender su posición respecto al que considera un proyecto “estratégico”, preocupado por los crecientes cuestionamientos a su decisión de firmar el acuerdo aún cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) todavía está lejos de dar las autorizaciones ambientales pertinentes.

Ayer, luego del primer Consejo de Ministros, Ortuño aseguró en la residencia presidencial de Suárez y Reyes que “el contrato incluirá específicamente que la autorización ambiental previa es condición para el inicio de la actividad minera”.

Ortuño descartó que se vayan a poner plazos en el contrato para que la Dinama expida los informes ambientales (se habían barajado seis meses). “Los estudios técnicos serán realizados en los tiempos que la Dinama establezca”, aseguró. Obligarla con plazos, “no está previsto, es más, creo que no corresponde porque debemos darle los tiempos, insisto, que los equipos técnicos entiendan necesarios”. La aclaración es relevante en la medida que despejaría cualquier posibilidad de una presión indirecta sobre la autoridad ambiental.

“Al Uruguay le importa que se lleve adelante el proyecto en tiempo razonable por los recursos que generará para el país, pero también importa que se haga con las garantías y seguridad técnicas de un proyecto de esta naturaleza”, insistió.

Pero Ortuño, que ratificó que el gobierno quiere firmar con Aratirí en los primeros días de febrero, salió al cruce tajantemente de los intentos por parte de algunos departamentos de prohibir la minería. “Es claro, y así se han expresado distintos constitucionalistas, que de acuerdo a la ley, en particular del Código de Minería, el subsuelo es propiedad del Estado y por lo tanto competencia de las autoridades nacionales”, sostuvo. Las juntas departamentales de Lavalleja y Tacuarembó declararon a esos departamentos libre de minería metalífera a cielo abierto. En el caso del primero de los departamentos, la intendente, Adriana Peña, respalda la prohibición, pero el jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, se muestra renuente.

Y Ortuño dejó claro también que el gobierno no considera que el Tribunal de Cuentas deba pronunciarse sobre el tema más allá de que es probable que se le dé vista. “Las instancias de contralor están dispuestas en la ley” de minería de gran porte, aseguró.

También defendió la cuestionada decisión de acelerar la firma del contrato, aún cuando no estén las autorizaciones ambientales. “El contrato previo es una condición para el desarrollo de los estudios finales que es una instancia que da garantías tanto al Estado (…) como a la propia empresa”, sostuvo. Y el ministro de Trabajo, José Bayardi, complementó diciendo que el gobierno quiere “aventar cualquier posibilidad de malentendido” porque “hay muchas declaraciones que no se condicen con el proceso”.

Consultado por El País, Ortuño reconoció que habrá aspectos del contrato que permanecerán secretos. “El conjunto de las disposiciones en cuanto a compromisos asumidos estarán disponibles para la población, salvo los aspectos técnicos que también prevé la ley que pudieran ser confidenciales por la implicancia comercial o industrial”, explicó.

Aunque con su comparecencia Ortuño despejó algunas dudas, el hecho es que otras siguen ahí. Por ejemplo, cuando El País lo consultó por cuál será el plazo del contrato, se limitó a decir que se buscará llegar a un “consenso”. La empresa pretendería un plazo más corto que el que le interesa al gobierno. Tampoco hay todavía acuerdo, reconoció el ministro, respecto al mecanismo que se adoptará para dirimir eventuales diferencias entre el gobierno y Aratirí. La empresa pretendía que las diferencias eventuales se dirimieran a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial) que Uruguay integra pero el gobierno prefiere la conformación para entender en esos casos de una especie de panel con expertos nacionales y extranjeros.

El propio presidente José Mujica ratificó en declaraciones a La República que en febrero se firmará el varias veces postergado entendimiento con Aratirí. Sin embargo, lo cierto es que el proceso de autorización ambiental está lejos de terminar. La empresa debe presentar estudios de impacto adicionales sobre los cinco yacimientos que quiere explotar en la zona de Valentines y Cerro Chato, el ducto que llevará el hierro mezclado con agua a la terminal marítima en Rocha desde donde se exportará y sobre el propio puerto. Aratirí ha dicho que pretende extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales.

 

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-ratifica-firma-minera-aratiri.html

 

Qué pretende usted de mí

El gobierno proyecta firmar el contrato con la minera Aratirí el 7 de febrero. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo a Búsqueda que se postergó la firma, inicialmente prevista para enero, porque “hay una veintena de padrones que le quedaron por notificar a la empresa” y se aguardan los descargos de los propietarios. Pero los propietarios sostienen que no están las condiciones dadas para formular los descargos, ya que Aratirí no especifica qué quiere hacer con cada uno de 
los predios.

En la última semana de diciembre, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) publicó dos edictos. El primero informaba que el conjunto económico Minera Aratirí solicitó servidumbres mineras a los propietarios de 495 padrones; de ellos, 171 se ubican en Rocha, 100 en Durazno, 97 en Florida, 76 en Treinta y Tres y 51 en Lavalleja. La servidumbre minera es un derecho sobre el padrón, que puede implicar, por ejemplo, el derecho de que un tramo del mineroducto pase por ese territorio. El mismo edicto, de acuerdo con lo que establece el Código Minero, daba vista a los propietarios de los padrones y les otorgaba 30 días de plazo para formular sus descargos. En la misma semana, la Dinamige publicó otro edicto en el que solicitaba la “concesión para explotar” sobre los mismos padrones. En este caso, el plazo para los descargos es de diez días hábiles.

Rául Viñas, uno de los referentes del Movimiento Uruguay Libre, advirtió que no corresponde que se solicite la “concesión para explotar” un padrón, cuando no se especifica qué es lo que se quiere explotar y cuando no se realizó antes una actividad de prospección. El pedido sólo se justifica, a entender de Viñas, por el “apuro” del Poder Ejecutivo para firmar el acuerdo con la minera Aratití, ya que en la concesión para explotar hay diez días hábiles para los descargos, y en la servidumbre el plazo es de 30 días.

Por otra parte, varios propietarios han presentado recursos, en los que alegan que la vista que les dio el gobierno no contiene la información básica como para poder formular los descargos. “No están cumplidos los requisitos como para dar la vista previa. No se dice qué se quiere hacer en cada predio, faltan incluso certificados notariales en las notificaciones”, afirmó Julio Gómez, productor rural de Cerro Chato e integrante del grupo de productores y vecinos de ruta 7, que se opone a la instalación de Aratirí. Gómez estimó que se presentarán cerca de 100 recursos.

Kreimerman dijo a Búsqueda que se esperará a tener los descargos para firmar el acuerdo, y estimó que el plazo podrá cerrarse en la primera semana de febrero. No obstante, los productores entienden que recién después de que la información de la vista previa esté completa empieza a correr el plazo de diez días hábiles para los descargos. “Tienen que dilucidar la vista previa, recién ahí corre el plazo para los descargos”, estimó Gómez. Además, opinó que las declaraciones de Kreimerman conllevan “mala fe”, porque recién se dio la vista. “Si después los descargos están bien, ¿cómo va a asegurar que firma [el acuerdo con Aratirí]?”. Asimismo, Gómez hizo notar que el ministro dijo que la empresa iba a notificar a los propietarios de los padrones, cuando es una tarea que realiza el Estado.

Contraataque

En octubre del año pasado, el presidente José Mujica instó a sus ministros a realizar una campaña para difundir las bondades del emprendimiento que proyecta la minera Aratirí. Mujica reiteró el pedido a comienzos de diciembre. Desde hace tres días, el sitio oficial de Presidencia de la República está publicando entrevistas con el ministro Kreimerman, en las que defiende los beneficios que, a entender del gobierno, le reportará la minería de gran porte al país.

La última entrevista, publicada el sábado, figura bajo el titular: “Exigente. En negociación con Aratirí, el gobierno pone énfasis en garantías ambientales y económicas”. Kreimerman sostiene que las garantías son “un punto importante” en la negociación con Aratirí, “tanto desde lo ambiental [cierre de minas] como desde lo económico, en caso de no concretarse el proyecto”.

 

Sin secretos

El asesor presidencial Pedro Buonomo dijo a la diaria que el contrato con Aratirí “debería ser público”. “No me consta que se haya planteado alguna cláusula de confidencialidad”, manifestó.

 

Respecto de las garantías económicas, el semanario Brecha publicó el viernes, citando fuentes gubernamentales, que una vez firmado el acuerdo, la garantía que debe poner la empresa “se depositará en cuestión de horas”. Sin embargo, la Ley de Minería de Gran Porte establece en su artículo 27 que la denominada “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”, cuyo monto asciende a 5% de las inversiones programadas -que la empresa estima en 3.000 millones de dólares-, deberá constituirse previo a la suscripción del contrato entre la empresa y el Estado.

El ministro Kreimerman sostuvo también, en diálogo con la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que la minería de gran porte es “beneficiosa” para el país, “por los ingresos que supone y por la diversificación productiva que genera”. Remarcó que por concepto del canon y otros impuestos que se cobran a la empresa, el Estado percibirá 450 millones de dólares anuales, que representan el 50% de las ganancias del proceso de la minería. De este monto, 70% se destinará a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión y 30% a proyectos de desarrollo productivo o de carácter ambiental. El secretario de Estado sostuvo además que 15% de la producción que se exporta deberá ofrecerse al mercado local, con el objetivo de desarrollar la industria 
siderúrgica.

 

http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/1/que-pretende-usted-de-mi/