Conflicto por ampliación del Canal de Panamá: llegan a acuerdo temporal y se reanudan las obras

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Grupo Unidos por el Canal (GUPC) llegaron a un acuerdo temporal anoche, que permite reactivar hoy los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas, tras 16 días de paralización.

El acuerdo no detiene el proceso de reclamo por el pago de 1,600 millones de dólares por supuestos sobrecostos que presentó GUPC y que inició la crisis que paralizó las obras en la vía acuática.

El comunicado indica que tan pronto sean reiniciadas las obras, la ACP, por su parte, remitirá a GUPC 36.8 millones de dólares correspondientes a trabajos facturados de diciembre pasado, con el objetivo de que los trabajadores de GUPC cobren su quincena pendiente y, además, se haga frente a otras obligaciones con proveedores.

Adicionalmente, las partes se dieron al menos 72 horas para acordar puntos sobre fechas de entregas de las compuertas, cronograma de ejecución, calendario de repago de moratoria y otros aspectos claves en el desarrollo del proyecto.

Las decisiones de las partes se dieron anoche durante conversaciones telefónicas entre la ACP y los directivos de las empresas que componen el consorcio, sin embargo, todavía persisten algunos temas en los que no se ha logrado concordancia.

Los trabajos de la obra ya corren con seis meses de atraso adicionales.

Se conoció que ambas partes habrían encontrado una fórmula distinta a todas las propuestas discutidas durante los 51 días de negociación, a pesar de que el pasado martes anunciaron que las posiciones seguían distantes.

También se detalló que se trataría de un acuerdo en el que no participa la aseguradora Zurich, pero no se ha explicado cómo se manejaría el reclamo de supuestos sobrecostos de mil 600 millones de dólares que presentó GUPC, la razón principal del conflicto.

La publicación española El Confidencial dio ayer un poco más de luces del acuerdo que podrían estar anunciado hoy GUPC y la ACP, luego de estar al borde de romper el contrato en varias ocasiones.

La española Sacyr, socio mayoritario de GUPC, estaría negociando con el Gobierno español para que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) convierta el contrato inicial de incumplimiento de obra por 216 millones de dólares en uno que suponga la garantía de una línea de crédito.

El Confidencial anunció que esta línea de crédito pasará hoy por la aprobación de una comisión delegada para ser ratificada mañana viernes en el Consejo de Ministros de España.

La publicación española también sostiene que varias fuentes consultadas confirman que la empresa Sacyr conseguirá esta línea de crédito debido a que España como país se juega mucho con su imagen.

De no llegar a un acuerdo, la imagen de la Marca España sufriría un duro golpe, más teniendo en cuenta el apoyo público que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado a proyectos como el del AVE de Arabia Saudí, entre Medica y La Meca; el tren de alta velocidad de Brasil o el metro de Riad, entre otras obras de infraestructuras, destacó El Confidencial.

La publicación también citó al alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, quien ya advirtió que la imagen del país probablemente se deteriorará en Panamá como consecuencia del conflicto abierto entre la Autoridad del Canal y el consorcio liderado por la constructora española Sacyr.

Ayer el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, también instó a GUPC y a la ACP a buscar un acuerdo para reanudar el principal proyecto de ampliación de la vía.

“Es de vital importancia que se finalice este proyecto, e insto a todos los socios participantes en este procedimiento legal a tratar de encontrar una solución dentro de los contratos”, señaló el alemán en la rueda de prensa.
De acuerdo con Hoyer, todos los contratos contienen mecanismos para la resolución de disputas.
Hoyer visitó recientemente con otros representantes de las cinco agencias multilaterales que financian parte de la ampliación del Canal de Panamá las obras del proyecto de tercer juego de esclusas, suspendido por decisión del contratista, que aduce falta de fondos.
La ACP firmó en 2008 acuerdos de crédito para la financiación del programa de ampliación con esas entidades por hasta 2,300 millones de dólares, a los que el BEI aporta $500 millones, reportó la agencia de noticias EFE.
La ampliación del Canal representa  uno de los más grandes proyectos en los que participa el BEI.
“Nuestro socio es la ACP y ellos no han violado el contrato de ninguna manera hacia el banco”, señaló Hoyer, por lo que el préstamo no se ve afectado.
En este sentido, recordó que el problema, que calificó de “grande”, lo tienen entre sí la Autoridad y el consorcio liderado por Sacyr e Impregilo.
El presidente del BEI concluyó diciendo que  para la Unión Europea (UE) tiene “una enorme importancia estratégica que el proyecto llegue a buen término”.
Gobiernos de España y Panamá intentaron mediar
El anuncio de las diferencias entre Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá, que pusieron en riesgo la construcción del  tercer juego de esclusas, generó que los Gobiernos de España y Panamá intentaran mediar en el conflicto. La ministra de Fomento español, Ana Pastor, viajó a Panamá el 6 de enero para tratar de acercar las partes e incluso mantuvo una reunión con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Pastor regresó a España creyendo haber dejado a las partes en buenos términos, luego de anunciar que GUPC había aceptado negociar el reclamo dentro de las cláusulas del contrato del tercer juego de esclusas. Más tarde ese acuerdo no habría sido cumplido por  GUPC, llevando a la paralización total de la obra por falta de acuerdo.
Pero la intervención del Gobierno de España no es casualidad. En 2009 el Gobierno español concedió un aval a Sacyr de cerca de 160 millones de euros (unos 216 millones de dólares) a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), en el marco del concurso para optar a las obras del Canal de Panamá.
El aval ahora es cuestionado en España porque supuestamente no se cumplió con el procedimiento para otorgar estas garantías, que ahora corren peligro.