Fiscal federal cita a declaración indagatoria al vicepresidente y a otros funcionarios

El fiscal federal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a todos los protagonistas del caso Ciccone, incluyendo al vicepresidente Amado Boudou, a su amigo y socio José María Núñez Carmona, a Alejandro Vandenbroele, al empresario Nicolás Ciccone, a su yerno Guillermo Reinwinck, al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros participantes menores. Según el dictamen del fiscal, deben dar cuenta de su participación en el dudoso proceso de rescate de la quiebra de la ex Ciccone, que esperaba contratos para la impresión de billetes. A su entender, el delito en juego es el de negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Boudou, que era ministro de Economía, por haberse “interesado” en la situación de la imprenta, con intervención de allegados suyos. En el de Echegaray, porque el ente recaudador le concedió a la compañía un plan de pagos extraordinario. Al resto, los dueños y directores de la firma, por buscar beneficiarse de ese plan y las maniobras en danza. La realidad es que la AFIP dice que no se le concedió ningún plan de pagos extraordinario ni ilegal y, además, debe tenerse en cuenta que Ciccone no era una empresa cualquiera, sino una fabricante de billetes a la que un juez comercial había puesto en manos de Boldt, la principal compañía de casinos y juegos de la provincia de Buenos Aires.

En total, son once las indagatorias que pidió Di Lello, quien consideró que hay suficientes sospechas sobre todos ellos y, acotó en su escrito, “no resulta razonable” que un funcionario de la jerarquía de vicepresidente esté investigado “de manera eterna o indefinida”. La causa lleva dos años de trámite. El juez Lijo no tiene plazos ni obligación de resolver si hace lugar al pedido, y nada indica que vaya a hacerlo de inmediato. Pero el dato notorio del dictamen fiscal es que está en contradicción con el criterio del juez, quien sorpresivamente sobre fin de año aceptó que Reinwinck, Ciccone y otros familiares de los ex dueños de la empresa declararan como testigos e incluso se convirtieran en querellantes a pesar de que inicialmente estaban imputados. Ese papel de víctimas está en plena discusión judicial.

Como testigos, los Ciccone y compañía apuntaron contra Boudou y denunciaron amenazas. Reinwinck, quien en una solicitada había asumido que la familia era dueña de la empresa (que pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana) y que Vandenbroele había sido contratado por él, declaró como testigo que nunca firmó eso y que Vandenbroele le fue impuesto por el socio amigo de Boudou, Núñez Carmona, señalado como partícipe en todas las negociaciones por el levantamiento de la quiebra. Es tácito que Di Lello no cree en esa versión, surgida más de dos años después de las supuestas amenazas. En el juzgado de Lijo planean hacer una nueva evaluación de lo que hay en el expediente, pero discrepan del criterio de Di Lello, y orientan la investigación a establecer el interés de Boudou y su núcleo cercano en lograr el salvataje de la empresa.

La fiscalía ciñó la imputación a un solo delito, el de negociaciones incompatibles, que prevé de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Pero no avanzó sobre otros que se analizaban –como el lavado de dinero– ni estableció contactos con la causa de enriquecimiento ilícito contra el vicepresidente. Pidió las indagatorias en función de los siguientes hechos:

Cuando la ex Ciccone cayó en desgracia, aparece la firma The Old Fund para rescatarla. Vandenbroele encabeza ese fondo de inversión, Sergio Martínez –también citado a indagatoria– integra el directorio. Reinwinck aparece en una solicitada como uno de los controlantes del 70 por ciento junto con otros familiares. Esto es lo que desmintió como testigo: señaló que lo habían obligado a firmar documentos y que sufría amenazas de Núñez Carmona, aunque nunca antes hizo la denuncia. La relación entre Núñez Carmona, Boudou y Vandenbroele para el fiscal está probada, pese a que no hay una sola foto ni una llamada telefónica entre ambos. Según el fiscal, fue Reinwinck quien consiguió “el capital para rescatar la empresa de su suegro, Nicolás Ciccone” a través de The Old Fund. Pidió un cuerpo de escritura para analizar su firma en los documentos que lo acreditarían.

La quiebra inicialmente fue solicitada por la AFIP, pero a los dos meses el propio organismo ordenó el levantamiento. Olga Ciccone pidió una quita de intereses y se le terminó concediendo un “beneficioso plan de pagos”, lo que para la fiscalía es irregular, pero para las defensas es legal. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Riesnik Brenner –incluido en el listado de indagatorias–, sugirió pedir opinión al Ministerio de Economía, lo que Echegaray consintió. Asuntos Jurídicos de Economía dijo que no correspondía dar instrucciones. Con firma de Boudou, la respuesta fue que la decisión la tenía que tomar la AFIP, aunque señaló la conveniencia de preservar las fuentes de trabajo. Di Lello dice que en 500 pedidos de quiebra desde 2007 nunca se pidió intervención de Economía, pero lo cierto es que Ciccone era una empresa estratégica, fabricante de billetes. Y lo cierto es que la AFIP no concedió la quita de deuda ni el plan de pagos que pedían los Ciccone.

En relación con la AFIP, sostiene que “se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje de la empresa, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo”. De ese modo, la ex Ciccone se terminaría adecuando al plan de pagos. A diferencia de Lijo, para quien Echegaray es sólo un testigo ya que concedió facilidades de pago, para Di Lello es sospechoso. En la AFIP insisten en que no hubo nada de irregular ni ilegal en la concesión del plan de pagos con el que se salvó una deuda casi incobrable.

El fiscal pidió al juez que cite a Boudou como sospechoso

Amado Boudou sumó una característica única a su mandato: es el primer vicepresidente en funciones de la democracia moderna al que una autoridad judicial le pide una declaración indagatoria en un caso de corrupción.

El fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello, le solicitó ayer al juez Ariel Lijo que se lo cite a declarar como sospechoso: en carácter de imputado. Es por el expediente en que investiga si usó su cargo de ministro de Economía –durante la primera presidencia de Cristina y entre julio de 2009 y diciembre de 2011– para favorecer a la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, justo en los meses en los que la empresa fue controlada por una sociedad que integraban viejos conocidos suyos. En un escrito que presentó ayer ante el juez, Di Lello también pidió la declaración indagatoria para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Y solicitó que se someta a la misma medida de prueba a otros protagonistas de esta historia que no trabajan en la función pública, como el socio de Boudou, el millonario José María Núñez Carmona; el ex director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele; y algunos de los miembros de la familia fundadora de la compañía identificada con su apellido.

De esta manera, Boudou quedó más complicado judicialmente.

Esta no es la única causa que tiene como centro al vicepresidente y, además en este expediente, se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Ahora es el juez Lijo el que debe decidir si acepta el pedido de Di Lello y llama a indagatoria a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública, una decisión que también debe tomar sobre el resto (Ver “¿Qué es ir..?”).

En el caso de Echegaray, en cambio, existe una disidencia entre la fiscalía y el juzgado del caso Ciccone. Para Lijo, el titular de la AFIP es solo un testigo mientras que para Di Lello debe estar imputado en el expediente. El magistrado no tiene lapso de tiempo establecido para dar respuesta al pedido de indagatoria para Boudou. Esta mala noticia judicial encuentra a Boudou, primero en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo, en una situación de debilidad política. Y también afecta en modo directo a la propia presidenta Cristina Kirchner, la principal defensora política de su vice: la Justicia recolectó pruebas e indicios muy sólidos que lo comprometen en esta investigación por corrupción.

En el 2012, con aval de la familia Kirchner, Boudou encabezó una embestida verbal, judicial y política contra la Justicia, que terminó con el apartamiento del primer fiscal del caso Ciccone, Carlos Rívolo; del entonces juez de la causa, Daniel Rafecas; y del Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Ayer, varios legisladores y dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de Boudou; y también que se lo someta a un juicio político en el Congreso, que es la única vía que contempla la ley para un eventual arresto del vicepresidente en caso de que sea condenado.

Al cierre de esta edición, ni Boudou ni ningún otro funcionario del Gabinete habían hecho declaraciones sobre el tema.

El fiscal Di Lello fue consciente del impacto político e institucional que tendría su pedido de indagatoria a Boudou. Dejó constancia de ello en el escrito que le presentó a Lijo. Después de recordar que él está a cargo de la “Fiscalía Nacional Electoral”, escribió que cree “imprescindible establecer la situación jurídica, sujeta a una gran actividad mediática de quien en varias oportunidades se ha desempeñado como Presidente de la Nación ”.

Para Di Lello, Boudou debe responder preguntas como imputado para tener “la posibilidad de un amplio ejercicio de la defensa y pronta resolución de su situación procesal”.

El delito por el que Boudou podría ser condenado si es que Lijo acepta indagarlo es el de negociaciones incompatibles con la función pública: tiene una pena de prisión de dos a seis años. A lo que se le suma una inhabilitación absoluta para ser funcionario por un lapso que va desde los tres a los diez años.

Además de pedir varias declaraciones indagatorias, Di Lello también le sugirió al juez que tome una serie de medidas para investigar la ruta del dinero que se usó para financiar a la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

El fiscal pidió que se llama a declarar como testigos, entre otros, al presidente del Banco Macro, Jorge Brito, ya que esa entidad trabajó financieramente con la empresa gráfica investigada. Y pidió convocar a los tribunales a los integrantes de la Cooperativa Crédito Marítima del Sur Limitada, otra financiera que vehiculizó fondos millonarios a las cuentas de Ciccone.

A pesar del impacto político y judicial que desde hace dos años tiene el caso Ciccone, en el que está involucrado nada más y nada menos que el vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner jamás habló en público sobre esta cuestión. Ni una palabra.

El jefe de Gabinete reivindicó el principio de inocencia de Boudou

Jorge Capitanich reivindicó esta mañana el principio de inocencia del vicepresidente y advirtió sobre una “sistemática persecución mediática” contra el funcionario, al ser consultado sobre el pedido de indagatoria formulado por el fiscal Jorge Di Lello en el marco de la investigación por el caso Ciccone.

Hay una “sistemática persecución mediática a partir del adelantamiento ex profeso de información respecto a una de las medidas de decisión del fiscal”, aseveró esta mañana Capitanich.Añadió que “es necesario cumplir los pasos correspondientes para garantizar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia debe ser efectivamente correspondido por la defensa del vicepresidente”, quien “presentará todos los elementos necesarios y probatorios para propiciar su inocencia” en la causa.Así lo expresó el jefe de Gabinete de Ministros durante su habitual conferencia de prensa la Casa de Gobierno, en el marco de la cual sostuvo también que “el Poder Judicial actúa en forma independiente y existe un principio esencial de todo Estado de Derecho que es el principio de presunción de inocencia”.

Agregó que, “en consecuencia, el debido proceso implica no solamente el proceso de acusatoria por parte del fiscal, sino la determinación ulterior del juez que puede o no a dar lugar a la indagatoria y en virtud al paso ulterior que significa el derecho legítimo a la defensa por parte del vicepresidente” Boudou.

A “los que propician la renuncia del vicepresidente le respondemos: ¿qué hubiese pasado si dirigentes de nuestro espacio o del Gobierno hubiésemos hecho lo mismo con Mauricio Macri ante una situación similar?”, indagó en referencia a la situación del jefe de Gobierno porteño, procesado en una causa por espionaje.

“Si queremos un sistema republicano donde se respete la división de poderes, también es necesario esperar el debido proceso y el derecho al ejercicio de la defensa, que será ejercida eficazmente por parte del vicepresidente”, concluyó el jefe de ministros.