«Los think tanks chilenos y su vinculación con el mundo político». Un estudio sobre los “centros de pensamiento” más influyentes de la política chilena. Por Marcos González y Pablo Valenzuela, editores de www.ballotage.cl
Paralelos y subyacentes a los eventos políticos de las últimas décadas, los think tanks, o centros de pensamiento, han adquirido una importancia creciente, aunque su alcance aún es difícil de dilucidar. Sea desde la elaboración y evaluación de políticas públicas, la asesoría legislativa, la formulación de líneas programático-ideológicas, la promoción de posturas en prensa y redes sociales o la formación de nuevos cuadros expertos y políticos, su ámbito de influencia no ha parado de crecer. Así, no es extraño que estas organizaciones hayan permeado a las dos grandes coaliciones y que su función en las últimas campañas presidenciales y en el programa del futuro gobierno haya sido, aunque nebulosa, vital. ¿Pero cuál es exactamente su rol y con qué autoridad lo juegan?
El estudio de los centros de pensamiento es aún un tema emergente en la academia y su funcionamiento en Chile apenas comienza a ser investigado. Incluso en el mundo angloparlante, de donde provienen originalmente, la literatura al respecto es exigua y la pregunta sobre qué es exactamente un think tanksigue siendo una materia abierta. Algunos autores, como Medvetz (Ballotage.cl, 2013), señalan que no se debe buscar una definición demasiado rigurosa, por tratarse de instituciones de frontera: son parte de un conjunto divergente de intereses y recursos (políticos, académicos, económicos y mediáticos) a partir de los cuales se sirven de manera variable para lograr sus objetivos: generalmente influir en las políticas de gobierno y el debate público.
Así, precisamente por estar a medio camino entre ser centros académicos, agentes mediáticos, agrupaciones políticas y agencias de lobby –sin ser en ningún momento sólo una de esas cosas completamente– les permiten a políticos y grupos de interés legitimarse en términos tecnocráticos y, a expertos, influenciar debates más directamente. En el proceso, los think tanks suelen oscurecer los límites entre legitimidad académica, política, recursos y visibilidad, de manera que expertos, partidos y lobbies tienden, en el largo plazo, a difuminar sus fronteras. Ello explicaría por qué en Chile la mayoría no hace investigación propia, sino que la recicla de otras fuentes: producirla es muy caro y el conocimiento, en un think tank, es sólo importante como instrumento para otra cosa. Generarlo es, al fin y al cabo, sólo una de sus funciones, y no necesariamente la más importante.
En el caso chileno, para sintetizar, podemos señalar que los think tanks pueden cumplir al menos cuatro funciones en relación al mundo político, no siendo ninguna excluyente de las otras. Primero, suelen ser fuentes de conocimiento experto para la propuesta y evaluación de planes de gobierno; para ello pueden o generar su propia investigación o servirse de los estudios de otros y las credenciales académicas de sus miembros. Ejemplos de ese tipo son CIEPLAN, Expansiva y, más recientemente, Espacio Público y Horizontal. Segundo, pueden cumplir una función ideológica, manteniendo y promoviendo un cuerpo relativamente coherente de ideas para guiar la acción pública; ahí encontramos conspicuamente a la Fundación Jaime Guzmán, pero también a Libertad y Desarrollo (a medio camino entre presentarse como expertos y como defensores de una idea de sociedad), mientras, en el caso de la centro-izquierda, organizaciones como Chile 21 juegan un rol parecido. Tercero, un think tank puede actuar como mediador entre distintos grupos sociales con tipos diversos de intereses y conocimientos; por ejemplo, lo que el CEP ha hecho poniendo en contacto a distintos actores (académicos, dirigentes estudiantiles, empresarios, políticos, etc.). Finalmente, pueden operar como “puerta giratoria” que vincula a expertos y partidos políticos directamente: como refugio y ágora en tiempos de oposición, como fuente de autoridad y nuevos cuadros en tiempos de gobierno.
¿Cómo conviven los think tanks, como actores políticos, con otras instituciones del sistema político? Se pueden dar escenarios en los cuales se generan coaliciones ya no sólo entre partidos políticos y centros de pensamiento, sino que con movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, buscando dotar de un conocimiento empírico demandas sociales, intentando dotarlas de legitimidad para que sean consideradas por el gobierno. La cara opuesta de la moneda es que los think tanks desarrollen una mirada más bien conservadora a los cambios y busquen pregonar las consecuencias negativas de las reformas que se proponen al país. Esto plantea un panorama, especialmente en momentos de crisis de confianza en las instituciones, en que probablemente exista una pérdida de autonomía del conocimiento en función de intereses particulares.
Por supuesto, las estrategias en las que un think tank se embarca dependen de la distancia –deseada y percibida– respecto de los partidos políticos; de ahí su relación problemática con ellos. Por un lado, compiten con ellos en la formación de nuevos cuadros dirigenciales, en la generación de líneas programáticas e, incluso, como nichos de pensamiento doctrinario; ejemplos claros son el rol que Expansiva jugó durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y lo que, a principios de la década pasada, significó la corporación Tiempo2000 para el ala autoflagelante de la Concertación. Pero, por otra parte, pueden ser funcionales como insumos de argumentos tecnocráticos en el debate público, muchas veces para dotar de un aura de experticia a decisiones eminentemente políticas (Polis, 2012).
Dado el pequeño tamaño y la alta cohesión de la elite política chilena, salvo contadas excepciones –donde podríamos incluir quizás al CEP, al menos hasta la salida de Fontaine (El Mostrador, 2013)– los think tanks en Chile han tendido históricamente a funcionar en relación a las coaliciones como “puertas giratorias” o como organizaciones con pretensiones de serlo. En estos últimos años, con dos recambios en el gobierno, hemos sido testigos de dinámicas bastante interesantes en la relación entre think tanks y política. Ello, especialmente si consideramos que su relevancia tiende a aumentar durante períodos en que sus coaliciones están en la oposición o sometidas a tensiones internas. En esos momentos de incertidumbre es más probable que la discusión interna pase de los detalles de las políticas públicas hacia debates en torno a principios o ideas de sociedad: desde los expertos hacia los intelectuales, dos de los papeles que un think tank puede jugar.
Revisando la historia al respecto, CIEPLAN es uno de los ejemplos más significativos. Durante los 80, con los partidos políticos de izquierda proscritos, se transformó en un ícono del pensamiento progresista –rol que ocupó junto con FLACSO– y varios de los intelectuales y académicos que se refugiaron allí no sólo se integraron al primer gabinete democrático, sino que se transformaron en importantes figuras políticas de la transición. Allí están, por ejemplo, Alejandro Foxley, Juan Pablo Arellano y René Cortázar. Es interesante notar cómo algunos miembros de CIEPLAN se incorporan a los sucesivos gobiernos para luego regresar, configurando efectivamente una puerta giratoria entre esta organización y el poder. Así, este centro llegó a funcionar casi como el pilar programático del partido transversal de la Concertación; luego, su importancia para el proceso de democratización chileno y para el acercamiento de la coalición de centro-izquierda a posturas económicamente liberales. El discurso de crecimiento con equidad que sostuviera el Presidente Aylwin nació precisamente en sus oficinas.
Otros caso paradigmático es Expansiva, uno de los más reconocidos por la gravitación que tuvo en el programa del primer gobierno de Bachelet y por el peso de sus integrantes al interior del gabinete: entre otros, Andrés Velasco, Vivianne Blanlot, Eduardo Bitrán y Karen Poniachik. Entonces las ideas liberales se impusieron en muchos casos frente a miradas más socialistas de políticos de partido como Osvaldo Andrade. Lo significativo de Expansiva fue precisamente su capacidad para reunir a expertos en políticas públicas que coincidían en una mirada más bien liberal de la sociedad y la economía y que podían argüir con credibilidad a su favor. Tuvieron éxito en llegar al gobierno y sostener varias de sus ideas, aunque el centro inició luego un declive –vaciado ya de sus figuras principales–, consumado cuando el 2010 terminó la vinculación entre la Corporación y la Universidad Diego Portales, que creó su propio instituto de políticas públicas.
Durante los veinte años de la Concertación, una parte considerable de la producción programática y doctrinaria de la derecha tuvo refugio en las principales fundaciones del bloque: Libertad y Desarrollo, el Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán. Cada una de ellas desarrolló programas de asesoría legislativa (a menudo financiadas por asignaciones) y parte de sus equipos se sumó a los grupos programáticos de las campañas presidenciales. En algún momento se pensó que estos centros albergaban gran parte de la materia gris de la derecha que se preparaba para gobernar, pero lo cierto que Sebastián Piñera fue bastante más indiferente con ellos de lo que se podría haber esperado (salvando el caso de Cristián Larroulet). El grupo Tantauco, convocado para desarrollo de su programa, fue la cantera principal a la que el gobierno recurrió. Eso activó tensiones entre las ideas más integristas albergadas en los think tanks tradicionales y la acción mucho más pragmática que debió desplegar el gobierno. Y aún así, el propio Presidente Piñera, una vez fuera de la jefatura de Estado, creará una fundación en la que, como se ha anunciado, participarán sus más cercanos colaboradores en el gobierno. ¿Será la forma que usará para proyectar su propia plataforma con miras a la elección del 2017? Nuevamente ahí cobra relevancia la flexibilidad y vaga legitimidad tecnocrática que tiene un centro de pensamiento frente a un partido o un movimiento político.
En el caso de la Concertación, cuando el 2010 dejó el poder, sus think tanks se convirtieron en el refugio ideal para repensar a la centro-izquierda y generar una reformulación doctrinaria. Nació la Fundación Dialoga, impulsada por la Presidenta Bachelet, similar a las ya existentes de los presidentes Aylwin y Lagos. Se empezaron a desarrollar talleres y seminarios en alianza con instituciones extrajeras, como la Fundación Freiderich Ebert o la Konrad Adenauer (del SPD y CDU alemanes, respectivamente). En general, todo apuntaba a que los think tanks recuperarían gran parte de su centralidad para dotar a la Concertación de nuevas bases doctrinarias y políticas, pero no fue necesario tanto esmero. La coalición empezó tempranamente a vislumbrar el retorno de Bachelet al poder y los esfuerzos se concentraron en preparar el camino para su campaña. El regreso al gobierno se vio como algo altamente probable, con lo que un replanteamiento político pasó a segundo plano, lo que fortaleció la función tecnocrática más que ideológica de los centros de pensamiento del sector; posiblemente lo contrario de lo que sucede ahora en la derecha.
Hoy el horizonte se ha poblado de nuevos think tanks que vienen a proponer un abanico nuevo de planteamientos para una sociedad que ha vivido un rápido proceso de modernización y cambio. Mientras otros, generalmente los más antiguos, se han planteado como misión actuar a la manera de diques de contención frente a las reformas planteadas en el programa del nuevo gobierno (Forbes, 2013). El dilema es interesante, pues en un escenario político en el cual las grandes ideas parecen clausuradas en un debate binario entre Concertación y Alianza, estas organizaciones parecen reflejar un pluralismo que el sistema político es hoy incapaz de capturar, pero podría hacerlo en el futuro. Aquí aparecen ideas cercanas al “conservadurismo compasivo” de David Cameron (por ejemplo, IdeaPaís e IES) hasta planteamientos más liberales (Horizontal), y agrupaciones más progresistas (la Fundación Progresa y la Fundación Sol). Muchas de estas nuevas instituciones, en carencia del capital político de sus símiles y en un contexto de crisis de representatividad, han optado muchas veces por volverse a la vez más cercanas a discusiones ideológicas y más mediáticas, particularmente en internet y las redes sociales.
Entre estos nuevos actores se halla también Espacio Público, fundado hace algunos meses por Eduardo Engel y en cuyo directorio se encuentran personas relevantes en la campaña de Michelle Bachelet y que hoy pasan a formar parte del gabinete, como Alberto Arenas y Luis Felipe Céspedes. Lo integran también algunos “ex Expansiva”, como Bitrán y Velasco, y en el equipo ampliado encontramos varios nombres que se repiten en otras organizaciones académicas y políticas, como Alejandro Micco, Andrea Repetto, Enrique Paris, Marcela Ríos y Mario Waissbluth. Espacio Público podría aspirar a convertirse en el símil del CEP, pero con propuestas de políticas públicas más cercanas a la social democracia europea que al consenso de Washington, o bien simplemente replicar la experiencia de Expansiva. Sin duda, eso es algo que queda por verse.
En vista de todo aquello, es imperioso preguntarse cuál será el rol de estas instituciones en relación a los partidos políticos, las universidades, sus financistas y los medios. ¿Cómo conviven los think tanks, como actores políticos, con otras instituciones del sistema político? Se pueden dar escenarios en los cuales se generan coaliciones ya no sólo entre partidos políticos y centros de pensamiento, sino que con movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, buscando dotar de un conocimiento empírico demandas sociales, intentando dotarlas de legitimidad para que sean consideradas por el gobierno. La cara opuesta de la moneda es que los think tanks desarrollen una mirada más bien conservadora a los cambios y busquen pregonar las consecuencias negativas de las reformas que se proponen al país. Esto plantea un panorama, especialmente en momentos de crisis de confianza en las instituciones, en que probablemente exista una pérdida de autonomía del conocimiento en función de intereses particulares. Luego, sus consecuencias para el debate público chileno –si vienen a abrirlo o cerrarlo a nuevos actores, si lo enriquecerán o polarizarán– están aún en ciernes.
