Puerto Rico: juez federal llama a boicotear cadenas norteamericanas

En Puerto Rico debe crearse una organización que fomente el boicot económico a las cadenas de tiendas americanas para de esta forma llamar la atención del gobierno de Estados Unidos y hacer valer los derechos civiles que han sido violados por más de cien años a consecuencia del status político de la Isla.

Esa fue la propuesta del juez del puertorriqueño Juan Torruella del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, durante la conferencia ‘Reconsideración de los Casos Insulares’, celebrada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

“Esto es un modo de protesta que ha sido utilizado exitosamente para enmendar violaciones de derechos civiles, comenzando con la Fiesta del Té en Boston, la marcha de Mahatma Gandhi al mar y la protesta y boicot del impuesto a la sal por los británicos en India, al boicot de guaguas en Montgomery para protestar por la segregación y el trato a Rosa Park por las autoridades y el boicot de uvas en California, etc…”, afirmó el juez.

“Esto es una idea que tengo. Mucha gente dice que estoy loco, pero a nosotros nos han dividido de tal forma y el Congreso y la gente de acá que tiene el poder han abusado. Esto sirve de puya, de presión para captar la atención de la gente…me es inmaterial si lo que digo cae bien o mal, lo que quiero es que se cree conciencia”, expresó el juez en un aparte con EL VOCERO.

Expuso que su propuesta sería una forma de que se reconozca el “simple hecho” de que los consumidores de Puerto Rico representan uno de los más importantes mercados del producto de Estados Unidos y que sus ciudadanos constituyen el mayor grupo de importadores per cápita de los bienes de Estados Unidos en el mundo, con $35 billones en ventas al detal.
Señaló además que las cadenas de tiendas estadounidenses en la Isla están entre las empresas más exitosas en todo Estados Unidos, por lo que un boicot llamaría la atención rápidamente.

De igual forma, consideró que se llamaría la atención si a este boicot se le unen los boricuas que residen en Estados Unidos.
“Creo que la presión económica es una avenida lógica a ser considerada, porque la experiencia nos ha enseñado que en cualquier cosa en que haya una causa justa y en la que los ciudadanos simpaticen, se combine con la atención nacional y la preocupación económica, las oportunidades de éxito incrementan”, puntualizó.

Observó que los puertorriqueños contribuyen al Seguro Social “como cualquier hijo de vecino” y que a pesar de esto, se les niega algunos beneficios que son provistos en todo Estados Unidos.

Durante su ponencia Torruella observó que bajo la doctrina de Casos Insulares se le confirió al Congreso con poderes plenarios sobre los territorios, según estableció la Cláusula Territorial de la Constitución de os Estados Unidos.

Afirmó que Estados Unidos es una nación colonialista, aunque su opinión podría ser repugnante para la mayoría de los americanos. Cuestionó si no es más repugnante para muchos puertorriqueños ser degradados con una ciudadanía americana de segunda.
“Cómo creen que este status me aplica a mí que soy un juez que toma decisiones en la segunda corte más importante de Estados Unidos y que cuando el viernes vaya a la Isla no me apliquen los mismos derechos que tengo aquí”, acotó.

Expuso que el status colonial de la Isla es una directa contravención a la Constitución de Estados Unidos.

Consideró que a muchos congresistas les preocupa el hecho de que en caso de que seamos estado, Puerto Rico cuente con una mayor representación que en otros estados.

Comentó que cuando era juez presidente de la corte del Primer Circuito se reunió con el entonces senador Chafee de Rhode Island y que éste le dijo que él venía de uno de los estados originales de las 13 colonias y que solo tenían dos senadores y un representante. Dijo que le desagradaba la idea de que si Puerto Rico se convierte en un estado tendría dos senadores y siete u ocho representantes y que probablemente serían demócratas.

Manifestó que en el reciente plebiscito celebrado el 6 de noviembre del 2012, la gran mayoría de los puertorriqueños expresó que no está conforme con el actual status político de la Isla.

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