Argentina suma nuevos apoyos de países y organizaciones sociales en litigio contra fondos especulativos
Más amigos contra los buitres
Otro amicus curiae quiere asistir a la Argentina en su pelea contra los fondos especulativos que quieren un pago especial. La red Jubilee dice que si la Corte no escucha se perjudicarán los pobres de todo el mundo.
Por Martín Granovsky
Un grupo de 78 organizaciones se unió a la red Jubilee USA Network, una coalición que se define como “religiosa” y comprometida con “el combate contra la pobreza”, como amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los amigos de la Justicia en este caso apoyan a la Argentina en su litigio con los fondos buitre por el reclamo de la parte minoritaria de la deuda nacional. El mismo apoyo fue expresado por los gobiernos de Francia, México, Brasil y por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
Un documento emitido ayer por la tarde en Washington explica que el grupo respalda a la Argentina contra el fondo buitre NML Capital, “porque el caso sienta un precedente de impacto de las conductas predatorias sobre poblaciones vulnerables”. Según Jubilee, si no hay un proceso de marcha atrás en el caso argentino “se producirá un impacto negativo sobre los pobres, un daño a la política de deuda de los Estados Unidos apoyada por los dos partidos y la inestabilidad financiera global”.
Con una forma didáctica que parece dirigida a los propios Estados Unidos, donde los fondos buitre invierten en tareas de lobby en el Congreso, el documento señala que “probablemente” la Corte Suprema decidirá a partir de junio si trata o no el caso argentino. Recuerda que se remonta a 2001, cuando la Argentina entró en default por alrededor de 81 mil millones de dólares. “Muchos hedge funds compraron deuda por centavos de dólar.” A los que hicieron eso se los llama “buitres”, porque buscan países con catástrofe financiera y litigan por valores que de otro modo beneficiarían a poblaciones pobres. El texto constata que “el 93 por ciento de los tenedores de bonos que reestructuraron sus deudas con la Argentina experimentaron una suba del valor de sus bonos”, pero que los poseedores de acreencias “rechazaron el acuerdo varias veces”.
Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA Network, dijo que “este caso influirá sobre millones de pobres en todo el mundo, y ellos deben ser oídos”.
Entre las organizaciones que firman están el American Jewish World Service, el Church World Service, la Action Aid USA, sinagogas e iglesias protestantes y sacerdotes y monjas de la Iglesia Católica.
Al momento de indicar quiénes están a favor de atender los deseos de la Argentina y no ceder ante los fondos buitre, Jubilee cita a Brasil, México, Francia y al ex economista jefe del Banco Mundial y Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
También advierte el documento que el tipo de resolución del caso argentino tendrá incidencia en el sistema financiero internacional y en la lucha contra la pobreza.
Sobre todo, defiende el principio de la equidad para los acreedores, de modo que unos no tengan más derecho que otros. Si un grupo solo fuera premiado, en el futuro no será posible reestructurar ninguna deuda, y la decisión más razonable para un acreedor será solamente entablar litigios.
Si la Corte desoyera este principio de equidad, “dotaría a las compañías financieras que desafían a las naciones más pobres y a los pueblos del mundo de una norma legal que actuaría de antecedente para acelerar su conducta predatoria”. “Mantener ese criterio iría en contra de políticas que van desde la administración de George Bush a la de Barack Obama”, sostiene el texto de Jubilee.
Romper la equidad sería incoherente con los principios que rigen las quiebras comerciales. Según el texto de Jubilee al que ayer tuvo acceso este diario, “la mayoría de los regímenes de quiebra se organizan para cumplir con tres objetivos”. El primero es evitar una quiebra ineficiente que quite todo valor a los activos. El segundo objetivo, forzar al pago de las obligaciones como una prioridad. En tercer lugar, garantizar la cancelación de todas las deudas si es que después de la quiebra la meta es un recomienzo de la actividad de la empresa.
Aunque, según cita el texto de Jubilee, el economista Adam Smith decía que para los Estados debían regir principios similares que para los privados –una solución justa por la cual los acreedores cobraran lo máximo posible y el deudor no quedara destruido– lo cierto es que “como no hay un marco global para la negociación internacional, cada acreedor pasa a tener incentivos para quedarse afuera de la reestructuración de la deuda con la esperanza de obtener el pago más alto”.
De acuerdo con el texto organizado por Jubilee, si la Corte Suprema se desentendiera del caso argentino y dejara en pie el fallo del segundo circuito judicial, sentaría otro precedente de quiénes sufren un doble castigo en caso de crisis de la deuda soberana. El primero es la propia crisis. El segundo es que el sector más afectado es el que “pierde sus trabajos y el acceso seguro a servicios como salud, educación e incluso agua”. Se evaporan las oportunidades económicas “para aquellos que ni siquiera se sentaron cerca y menos aún en lo alto de la ladera de los ricos”.
Si la Corte Suprema llegara a mantener la interpretación de la cláusula pari passu, o igualdad de trato para los acreedores, según la que debe interpretarse que los fondos buitre tienen derechos extraordinarios, para Jubilee en el futuro habría necesidad de salvaguardias especiales para cualquier discusión de deuda. Y, además, quedaría en cuestión la corresponsabilidad entre deudor y acreedor para un crédito a tasas razonables.
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Fuerte apoyo internacional a la Argentina a horas de vencerse el plazo en la causa contra los fondos buitre en EEUU
No se descartan más presentaciones de último momento, pero los actores que decidieron involucrarse hasta el momento en el denominado «juicio del siglo», reconfirman la posición argentina de que este caso tendrá consecuencias globales, y afectaría futuras reestructuraciones de deuda.
Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día de la Memoria, Verdad y Justicia para los argentinos, del Golpe del `76, y casualmente vence el plazo para que los aliados a la posición local en esta lucha contra los fondos buitre realicen sus presentaciones en EEUU, luego de que la Argentina apelara formalmente el fallo del juez Thomas Griesa, el pasado 18 de febrero.
Fue un pedido de justicia, de equidad de trato y de la aplicación de la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, ante el riesgo de que el país vuelva a caer en un nuevo default si cumple con la condena de los tribunales inferiores.
Cuesta recordar en la historia de las reestructuraciones de deuda y de juicios internacionales por default a soberanos de la era contemporánea, un caso similar con tanta preocupación internacional, porque no lo hubo.
Hoy el diario Financial Times pública en el blog especializado que de 165 casos de reestructuraciones soberanas compiladas hasta el 2011 el lenguaje del pari passu (tratamiento igualitario) prácticamente no se modificó, quizá porque pocas veces fue puesto en tela de juicio.
Es una cláusula que los abogados repetían en los contratos casi sin cuestionar hasta que llego el juez Thomas Griesa y le dio su interpretación al parí passu, que ahora la Corte Suprema se abocaría o no a analizar.
Para la Argentina están en juego las reservas internacionales y toda la reestructuración efectuada en el 2005 y 2010 avalada por el 93% de quienes suscribieron el acuerdo de un total de 80.000 millones de dólares de deuda nominal en default del 2001.
Argentina padece un juicio por un default de bonos emitidos hace 20 años, cuando el gobierno argentino, aún luego de privatizar y de estabilizar la moneda, se endeudaba para cerrar balances anuales, muchas veces gasto corriente, con contratos leoninos en favor de los acreedores internacionales.
La espiral de deuda en dólares y la explosión del país en el 2001 sigue fresca en la memoria de cada acto de «endeudamiento» de este gobierno, que privilegió bajar la deuda respecto del PBI, y cuando fue necesario, endeudarse en moneda local y con actores locales, y a nivel internacional privilegió organismos y emisiones para gastos en infraestructura.
Respecto del apoyo internacional, la posición de Francia es conocida, y fue contundente al año pasado, durante su primera presentación para la primera parte del fallo, en calidad de un país experto en reestructuraciones soberanas y coordinador del Club de París, club de acreedores al que también pertenece Estados Unidos y con el cual Argentina iniciará formalmente negociaciones el próximo 28 de mayo para saldar el capítulo del default.
En tanto, México sorprendió en esta vuelta al respaldar a Argentina. «Como integrante del acuerdo regional con Estados Unidos, viene a representar en cierta forma la voz del Tesoro de Estados Unidos», indicaron a Télam fuentes allegadas al caso.
Hoy Estados Unidos tiene una situación complicada interna, y el gobierno de Barack Obama a través de John Kerry, sostuvo públicamente que no intervendrá con un documento «amigo» de la Argentina.
Pero aclaró también que si la Corte Suprema lo solicita, Estados Unidos enviara su posición a la Corte.
Respecto de Brasil, el director ante el FMI, Paulo Nogueira Batista, marcó reiteradamente su posición ante el directorio del Fondo Monetario contra el poder desmedido de los fondos buitre, y pidió un involucramiento formal del organismo internacional, dada la relevancia del caso en las finanzas mundiales.
El FMI, en tanto, emitió un documento público advirtiendo de los daños al sistema internacional si prospera el fallo de Griesa, y hasta amagó con presentarse por motu proprio a la justicia de Estados Unidos.
Las cuestiones políticas empañaron este esfuerzo, debido a que Estados Unidos, principal socio del FMI, no lo había hecho, con lo cual aquí también el organismo sólo puede emitir opinión formal si se lo solicita la CS, según la votación en el directorio.
Sin embargo, en la última Asamblea Anual del FMI se mostró a favor de «modificar los contratos» de los bonos, a raíz del caso argentino , algo positivo pero que no beneficiaría directamente a la Argentina en este caso puntual.
La posición de Stiglitz es también conocida, ya que el académico viene dando cátedra en que la responsabilidad de las deudas es de acreedores y deudores, y más ante la falta de un sistema de quiebras de países que, casualmente, el lobby financiero de Wall Street se niega a apoyar.
Los analistas legales analizan varios escenarios, pero el gobierno argentino ya avisó que no podría afrontar la condena, tal como está pautado por el juez Thomas Griesa.
