Contaminación política del derecho a la huelga – Periódico ABC Color, Paraguay

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Este miércoles habrá una huelga general contra “el gobierno neoliberal de Horacio Cartes”, convocada por organizaciones sindicales y apoyada no solo por una federación campesina y otra de estudiantes secundarios, sino también por agrupaciones políticas. De lo que se trataría, más bien, es de efectuar una demostración de fuerza, de darle un “cháke” al presidente Cartes. Y en este sentido, no debe descartarse que entre aquellos que desde las sombras se sumaron a esta movilización estén varios prominentes dirigentes del coloradismo en el gobierno. La huelga tiene así un evidente tufo político, lo que está excluido del repertorio de actuaciones legítimas para influir en la toma de decisiones de los representantes del pueblo. No obstante, es de confiar en que la jornada se desarrolle sin incidentes y que la medida de fuerza no tenga efectos colaterales deplorables.

Este miércoles, 26 de marzo, habrá una huelga general contra “el gobierno neoliberal de Horacio Cartes”, convocada por organizaciones sindicales y apoyada no solo por una federación campesina y otra de estudiantes secundarios, sino también por agrupaciones políticas.

Las múltiples exigencias de los promotores de la medida de fuerza se extienden desde un reajuste salarial del 25% hasta el pasaje universitario de dos mil guaraníes, pasando por el control de precios de la canasta familiar, la derogación de la llamada ley de alianza público-privada y la libertad de los “presos políticos” de Curuguaty. Hay reclamos más ambiciosos, pero los citados bastan para afirmar que los promotores de la huelga política no pueden pretender que todos sean atendidos por el Gobierno, ya que varios de ellos escapan a su competencia.

De lo que se trataría, más bien, es de efectuar una demostración de fuerza, de darle un “cháke” al presidente Horacio Cartes. Y en este sentido, no debe descartase que entre aquellos que desde las sombras se sumaron a esta demostración de fuerza estén varios prominentes dirigentes del coloradismo en el gobierno.

Se lo quiere paralizar porque, a siete meses de haber asumido el poder, Horacio Cartes aún “no ha respondido a las necesidades del pueblo”, definidas por los altos dirigentes sindicales de un país en el que el grado de sindicalización no llega al 20% de los trabajadores en relación de dependencia.

Quienes asumen la representación popular, sin haberse sometido al juicio de las urnas –y generalmente se perpetúan en los cargos–, no solo se arrogan la potestad de formular los problemas que afectarían a la población, sino también la de tratar de imponer unas soluciones inspiradas, en lo que hace a la economía, en el intervencionismo estatal que ha fracasado en todas partes. Quienes se oponen al supuesto neoliberalismo del Gobierno y prefieren las recetas del Socialismo del Siglo XXI, cuyos resultados están a la vista de los países que lo padecen, tienen el derecho de expresar sus opiniones y de manifestarse pacíficamente, así como el de proponer, mediante la iniciativa popular, los proyectos de leyes que crean convenientes. A lo que no tienen derecho es a tratar de forzar decisiones administrativas, legislativas y hasta judiciales paralizando el país mediante una huelga política, acompañada de piquetes, de cierres de rutas y de movilizaciones varias. Para violar el derecho al trabajo de quienes no se suman a ella bastaría, al menos en la Gran Asunción, que el transporte público fuera interrumpido, por las buenas o por las malas, como suele ocurrir, con el ataque a los ómnibus que circulan en el día de la huelga. La interrupción impedirá la concurrencia de la gente que quiere trabajar a sus lugares de empleo, lo que contribuirá para que los impulsores de la medida de fuerza la califiquen luego de exitosa, aunque en el interior del país, sobre todo, la gente los ignore y siga trabajando como siempre.

El paro general no dañaría tanto a Horacio Cartes como a los industriales y a los comerciantes, a los estudiantes y a los propios trabajadores que ganan a destajo. Antes que representar al pueblo, como pretenden, sus organizadores tratan de usar a ese pueblo como rehén para extorsionar al Presidente de la República e incluso a los legisladores, pues exigen la derogación de dos leyes y la sanción de otra. Esta misma petición la pueden formular libremente, sin necesidad de pretender paralizar el país. Si se considera que las leyes o los decretos son inconstitucionales, hay que impugnarlos ante la Corte Suprema de Justicia, tal como lo han hecho varios legisladores con respecto a la llamada ley de alianza público-privada. Si se cree que una ley es nociva, lo que cabe es que se promueva una iniciativa popular o que los propios legisladores propongan derogarla, tal como lo han hecho los senadores del Frente Guasu y del Partido Democrático Progresista con relación a la citada ley. Si se estima apropiado que el Poder Ejecutivo controle los precios de los productos básicos o altere el reajuste del salario mínimo, habrá que presentar argumentos en un debate público, difundirlos y hasta manifestarse pacíficamente a favor de la medida. Estos son los recursos que el Estado de Derecho prevé para inducir a las autoridades electas a hacer o a dejar de hacer algo.

Desde nuestro diario hemos estado incentivando a la gente a manifestarse, pero siempre dentro del marco de la ley y por los motivos que justifiquen paralizar el país aunque sea por un día, con la enorme pérdida que ello significa. No vemos, por ejemplo, que los sindicalistas, líderes campesinos y políticos que promocionan la medida de fuerza se manifiesten –como deberían hacerlo– contra los escandalosos hechos de corrupción que sacuden al país, que son los que están succionando los recursos que privan precisamente a los millones de trabajadores y campesinos que mañana no se manifestarán por estar en sus labores de la satisfacción de sus necesidades más elementales.

La huelga general prevista para este miércoles tiene un evidente tufo político, lo que está excluido del repertorio de actuaciones legítimas para influir en la toma de decisiones de los representantes del pueblo. Ciertamente, la calle no es de la policía, pero tampoco es la sede del Gobierno. Se gobierna desde las instancias previstas en la Constitución, que deben controlarse mutuamente, sin claudicar ante los grupos de presión.

Se espera que los Poderes del Estado actúen según su leal saber y entender, auscultando siempre el sentir ciudadano, pero ignorando las imposiciones de dirigentes gremiales movidos por intereses económicos o prejuicios ideológicos. Al PLRA, que se adhiere a esta huelga, no le impulsan tanto las reivindicaciones del paro general como el rencor provocado por el despido del sector público de los miles de parásitos liberales que introdujeron en el aparato estatal, y al Frente Guasu solo le interesa alentar el descontento y aparecer como la opción política de contenido “social”. Pero estos partidos, si rechazan la actual política gubernativa, lo que deberían hacer es tratar de ganarse al electorado con acciones sensatas que generen credibilidad, para que en los próximos comicios los actuales responsables sean castigados con el voto. Con el paro que hoy apoyan sin que su ayuda haya sido solicitada, serían castigados injustamente los alumnos que necesitan aprender, los empleadores que necesitan producir y los trabajadores que necesitan ganarse el pan.

No obstante, es de confiar en que la jornada se desarrolle sin incidentes y que la medida de fuerza no tenga efectos colaterales deplorables, ya que es más que suficiente el mal que se hace alentando a que se deje o se impida trabajar o estudiar por razones muy parecidas a las políticas.

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