“El derecho al agua en el Perú y la criminalización de la protesta: los derechos humanos no respetados frente a la industria minera”. Documento presentado por varias ONGs ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
El derecho al agua en el Perú y la criminalización de la protesta: los derechos humanos no respetados frente a la industria minera
En las cinco últimas sesiones del Consejo de Derechos Humanos resaltamos que la resolución A/RES/64/292 adoptada por la Asamblea General de la ONU reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un derecho fundamental, así como lo hace la resolución A/HRC/RES/15/9 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los efectos de la industria extractiva en la salud y calidad del agua, el derecho al agua está lejos de ser una realidad para todos en el Perú.
La industria minera con las minas a tajo abierto amenaza y contamina los acuíferos con productos tóxicos y metales pesados degradando así las zonas de recarga hídrica y deteriorando el ambiente.
La empresa minera YANACOCHA, propietaria de la mina de oro más grande en América, ubicada en Cajamarca, pretende desarrollar el proyecto Conga para extraer oro y cobre de una zona de cabecera de cuenca considerada un complejo ecosistema de recarga hídrica. Esta zona está constituida por alrededor de cuarenta lagunas, cientos de hectáreas de humedales y pajonales que son la principal fuente generadora de recursos hídricos del sur de la región.
El proyecto Conga prevé en su etapa inicial la destrucción de cuatro lagunas: dos lagunas para la extracción de oro y cobre, y dos lagunas para convertirlas en botaderos de los desechos de las operaciones. En el Informe de Robert E. Moran sobre el Estudio de Impacto Ambiental de Conga se indica que se depositarán en la cordillera y nacientes de los ríos, un promedio de 85000 toneladas de relaves tóxicos diarios durante diecisiete años de extracción. Cientos de hectáreas de humedales serían destruidos y millones de metros cúbicos de agua contaminados. En estas zonas habitan comuneros dedicados sobretodo a la agricultura y crianza de ganado.
A pesar de esto, el gobierno de Ollanta Humala en su discurso televisivo del 24 de mayo del 2013 avala el proyecto minero y dicta una serie de medidas con el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que deben acelerar y facilitar la inversión en el sector minero, declarándola de interés nacional en desmedro de la protección del patrimonio cultural y
ambiental.
DOCUMENTO COMPLETO: http://www.asocamerlat.org/raquel_Cajamarca_ESP_feb2014.pdf
