Colombia: movimiento campesino exige al gobierno reconocimiento de derechos y cumplimiento de acuerdos

Campesinos de todo el país están viviendo hoy, como hace décadas en Colombia, una violación sistemática a los derechos humanos y al reconocimiento de la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos. La crisis alimentaria, la destrucción o inexistencia de vías de acceso, la precariedad en la educación, salud y vivienda, sumadas a la persecución, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamiento masivo, más de 9.500 presos políticos, “falsos positivos” y muertes, hacen parte de las ya conocidas estrategias del poder hegemónico que ha ejercido el Estado colombiano sobre las miles de familias que viven del campo.

El informe mundial de Human Rights Watch, presentado en enero de este año, indicó que en Colombia “más de cinco millones de colombianos han sido desplazados internamente y cada año al menos 150 mil personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos”. Esto debido a las disputas por las tierras y el dominio en el territorio entre las Fuerzas Militares, que avalan el paramilitarismo; grupos “sucesores” paramilitares que siguen operando de la mano de poderes políticos y económicos en las regiones del país; y las guerrillas colombianas.

Así mismo, estudios realizados por la organización no gubernamental colombiana Codes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), en el 2012 el número de desplazados aumentó a 260 mil, cifra que es evidencia clara de los alcances de la guerra silenciosa que afecta al campesinado, a la población indígena y afro del país, así como a sectores populares en zonas urbanas.

En el 2011 el gobierno colombiano sancionó el programa de Restitución de Tierras, en el marco de la Ley de Víctimas, que busca restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados. Sin embargo, a septiembre de 2013 informó que tan sólo tres familias, de las 666 restituciones ordenadas y 45 mil solicitudes recibidas, habían regresado a vivir a sus tierras como sentencia de la Ley de Víctimas.

Para agosto de 2013 la Fiscalía informó que investigaba la muerte de 43 “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras”, asesinatos cometidos desde 2008. Sin embargo, no ha imputado cargos por ninguna de las investigaciones, a pesar de que más de 700 desplazados y sus líderes denunciaron recibir amenazas entre enero y septiembre de 2012.

En el 2013 se gestaron varios paros a nivel nacional, exigiendo garantías por parte del Estado a la población rural. Iniciando el año vivimos el paro cafetero, el cual dejó decenas de campesinos mutilados y terriblemente golpeados debido a los métodos “antidisturbios” del Esmad, al mando del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

A este paro se sumó otro en el Catatumbo, el cual tuvo como bandera la legalización de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la región, así como la reparación al campesinado afectado por la erradicación forzada de la hoja de coca: sustitución gradual y concertada e inversión social a través del plan de desarrollo sostenible creado por las comunidades. Para ello se propuso al gobierno trabajar en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), mesa que posteriormente se tornaría nacional.

Este paro dejó más de 200 personas gravemente heridas y cuatro muertas. La Fiscalía General de la Nación confirmó que tres de ellas fueron asesinadas a causa de proyectiles de armas de fuego de alta velocidad, usadas por las Fuerzas Armadas. A pesar del compromiso por parte de la Fiscalía para investigar las muertes e irregularidades en el accionar de la “Fuerza Pública”, hasta ahora no se conoce ningún avance respecto al tema. En julio inicia el paro minero que guardó las mismas consignas de presencia estatal en las regiones y cumplimiento por parte del Gobierno Nacional.

Como consecuencia de la crisis social, agravada en el agro colombiano, el 19 de agosto detonó el paro nacional agrario y popular; las arremetidas por parte del Esmad, la policía armada, el ejército y agentes encapuchados, aún no identificados, le dieron continuidad a la sangrienta técnica de terror militar. Llegaban hasta las casas de los campesinos quemando, torturando, robando, violando y arrestando a su paso, sin discriminación alguna. Desde los helicópteros lanzaban gases lacrimógenos, perdigones y granadas de aturdimiento, algunas de ellas recalzadas con esquirlas de vidrio y metal.

El desalojo fue la única opción que propuso el gobierno, mientras que el campesinado quería interlocutar por medio de la MIA Nacional. Un mes después y con cientos de heridos, detenidos, mutilados, cámaras destruidas, periodistas y defensores de los derechos humanos amenazados, golpeados, 12 muertos y cuatro desaparecidos, el gobierno decidió dialogar, llegando a algunos acuerdos con el campesinado, los cuales no han sido cumplidos hasta el momento.

Es por esto que un sinnúmero de organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y populares en general se encontraron del 15 al 17 de marzo de este año, en la ciudad de Bogotá, en torno a la Gran Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, la cual tuvo como resultado un pliego unitario de exigencias y la búsqueda de una agenda nacional de movilización para el 2014.

A esto se suman las distintas reformas constitucionales en materia de justicia transicional y justicia penal militar, reformas que podrían asegurar la impunidad de abusos aberrantes cometidos por los distintos grupos armados a la población civil en territorio colombiano. Si contamos además con el veto por parte de los ministerios de Agricultura y Defensa para cumplir con la ley 160 de 1994, artículo 1770, que reglamenta las ZRC, se evidencia que desde hace décadas se vive en el país un alto nivel de impunidad.

Dirigentes campesinos, indígenas y afrocolombianos han denunciado persecución, estigmatización, señalamientos, montajes judiciales, amenazas, muertes y desapariciones. Según el último informe presentado por las organizaciones de base del movimiento político y social Marcha Patriótica, el número de dirigentes asesinados en todas las regiones del país asciende a 40. De ellos un gran porcentaje eran de ZRC. El comportamiento del gobierno, de las FFMM y los “sucesores” grupos paramilitares se asemeja al que se vivió durante el exterminio físico y sistemático de alrededor de cinco mil militantes de la Unión Patriótica entre los años 80 y 90.

Es claro que en el país no hay garantías. Distintos organismos internacionales reconocen la gravedad de la situación colombiana en materia de derechos humanos, pero el gobierno colombiano sigue sin ofrecer garantías para aquellos que desean permanecer en sus territorios, cultivar y trabajar sus tierras, transmitir sus conocimientos, identidad y cultura.

En el 2012, por iniciativa del movimiento campesino internacional Vía Campesina, la ONU aprobó el documento preliminar de la Declaración Internacional de los Derechos de Las Campesinas y Los Campesinos, que ubica al campesino como sujeto político de derechos, capaz de participar activamente en la planificación rural y destinación de recursos para el desarrollo sostenible de su comunidad.

Debido a la sistemática violación a los derechos humanos, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) lanzó a finales de 2013 la Campaña Nacional e Internacional por el Reconocimiento de la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos, que tiene como objetivo promover el avance del campesinado en su reconocimiento a través de la articulación al marco normativo de las ZRC en el país.

Las más de 50 organizaciones campesinas que hacen parte de la Anzorc vienen impulsando el proceso de ZRC y promoviendo la campaña desde las regiones. Además de las organizaciones campesinas nacionales, organismos de cooperación internacional que acompañan el proceso de fortalecimiento organizativo de la Anzorc también apoyan de manera directa la campaña por el reconocimiento de los derechos campesinos.

Actualmente la Anzorc se encuentra en proceso de vinculación a Vía Campesina para fortalecer la defensa de la agricultura sostenible a pequeña escala, la promoción de la justicia social y la dignidad, oponiéndose firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza, no solo en Colombia sino en todo el mundo.

Exigimos la apropiación y firma por parte del Estado colombiano de dicha declaración, frente al consejo de las Naciones Unidas, ya que aportaría de manera directa al reconocimiento del campesinado y entraría a regir el marco jurídico que ha venido impulsando Vía Campesina en esta declaración.

Hacemos un llamado a organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas del país y todo el mundo a que se sumen a esta iniciativa por el derecho a la alimentación saludable, a un medio ambiente libre de contaminación, por la protección de la agricultura tradicional y la vida digna.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
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