Rep. Dominicana: conmemoran 49 años de la segunda intervención militar de EEUU al país

La revolución de abril de 1965 empezó para demandar la reposición del gobierno democrático tumbado en septiembre de 1963, pero la invasión militar norteamericana, ordenada por el Presidente demócrata Lyndon B. Johnson, la transformó en una guerra patriótica del pueblo dominicano en defensa de su soberanía y la independencia nacional.

Al igual que en 1916, cuando República Dominicana fue ocupada militarmente, los Estados Unidos justificaron la intervención argumentando que era “para salvar vidas” de ciudadanos de la gran nación, pero no existen informaciones que den cuenta de que los dominicanos atacaran a ciudadanos de ese país en ambas ocasiones.

El otro argumento que repetía sin cesar la propaganda del gobierno norteamericano y sus secuaces dominicanos era que el movimiento constitucionalista estaba controlado o infiltrado por supuestos comunistas que querían establecer un gobierno castrista. Esas infamias y manipulaciones de la propaganda imperial eran desmentidas constantemente por Juan Bosch desde su nuevo exilio en Puerto Rico.

Se sabe que los izquierdistas dominicanos, agrupados en el MPD, PSP y el Movimiento Revolucionario “14 de Junio”, se mostraron vacilantes en los primeros días de la revolución, aunque después cambiaron de opinión y se integraron “con el objetivo de que el pueblo dejara de ser el ejecutor ciego del PRD”, propósito que nunca lograron porque el PRD y los líderes militares jamás perdieron el control del movimiento, como lo demuestra el curso de los acontecimientos y los acuerdos de rendición firmados posteriormente.

Desde que empezaron a desembarcar por medio de un puente aéreo establecido en la base de San Isidro, las tropas norteamericanas avanzaron hacia la ciudad de Santo Domingo para tomar posiciones en sus zonas periféricas. La estrategia militar de los invasores era dividir la ciudad en dos grandes zonas, una llamada “zona de seguridad internacional”, bajo su absoluto control, y otra “zona constitucionalista”, reducida a la parte Sur de la ciudad, compuesta por la Zona Colonial y Ciudad Nueva.

Para establecer su “zona de seguridad”, las tropas invasoras avanzaron con tanques y carros blindados, en medio de un bombardeo infernal de cañones, bazucas y morteros, dejando una montaña de cadáveres a su paso. La ciudad de Santo Domingo era escenario de nuevos combates, en los que el pueblo en armas resistía heroicamente, a pesar del poderío exhibido por los invasores.

Los Estados Unidos terminaron desembarcando, en distintos momentos, miles de soldados hasta completar una fuerza militar muy superior a las constitucionalistas. Se calcula que el total de los desembarcados a lo largo del conflicto alcanzó los 42 mil marines, sin incluir los 1,874 soldados enviados por Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica.

Cuando se produjo la invasión, el ejército de San Isidro estaba prácticamente desmantelado. De unos 30 mil soldados que integraban el ejército dominicano, “los generales de San Isidro ahora contaban con la fidelidad de mil 500 hombres del ejército de tierra, 900 en el aire y probablemente 150 tanques, parte de la armada, varios miles de soldados inútiles esparcidos por guarniciones diferentes y aproximadamente mil policías”, de acuerdo al ex embajador John Bartlow Martin.

Por sugerencia del profesor Juan Bosch, quien mantenía el contacto con los líderes constitucionalistas desde su exilio, el Congreso dominicano se reunió el 3 de mayo y proclamó Presidente Constitucional al coronel Caamaño Deñó, líder militar de la revolución. Era el segundo gobierno legal de la nación en medio de la guerra civil porque fue escogido por la Asamblea Nacional, integrada por los senadores y diputados elegidos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962. A partir de ese momento, el liderazgo militar suplantó al liderazgo político de la revolución.

Caamaño designó un gabinete compuesto por dirigentes políticos y militares constitucionalistas. Su primera decisión fue firmar un Acta de siete puntos con una comisión de la OEA que vino al país para gestionar un acuerdo de paz con la Junta Militar que operaba desde la Base de San Isidro, “donde se concentraron las decisiones más trascendentales del momento”. Mediante el Acta se reconoció, entre otros aspectos importantes, la “zona de seguridad internacional” que los invasores habían establecido a sangre y fuego.

Ese primer acuerdo, más el repudio internacional a la invasión, llevaron a los Estados Unidos a cambiar su Junta Militar por un nuevo gobierno, ahora llamado de Reconstrucción Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barreras, uno de los sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo. El segundo gobierno de San Isidro fue impulsado por los invasores el 7 de mayo.

Su propósito era lavarle la imagen internacional a la invasión de República Dominicana que tantas protestas y movilizaciones generó entre los pueblos y gobiernos latinoamericanos. El gobierno de “Reconstrucción” deportó a algunos altos militares vinculados al régimen ilegal del Triunvirato, entre ellos, Belisario Peguero, Montás Guerrero, Atila Luna, Félix Hermida y Renato Hungría.

Luego emprendió una “operación limpieza” en la parte Norte de la ciudad, donde fueron fusilados, en forma sumaria, cientos de combatientes y gente indefensa de la población.

El escándalo internacional que provocaron las masacres del gobierno de Imbert Barreras, influyó bastante para que el Presidente Johnson modificara su política con relación al caso dominicano.

En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos decidió enviar a Puerto Rico al abogado liberal Abe Fortas para negociar con Bosch la idea de crear un nuevo gobierno provisional, previa renuncia de los gobiernos de Caamaño e Imbert. Asimismo, el Presidente Johnson envió también una comisión a Santo Domingo, presidida por McGeorge Bundy, para negociar con Imbert y Caamaño la formación del gobierno único, encabezado por un “constitucionalista sin Bosch”. El gobierno norteamericano estaba decidido a sacar sus castañas del fuego, eliminado a los dos gobiernos de la confrontación.

Aprovechando ese giro de la política norteamericana, regresó al país, desde Puerto Rico, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, fundador del movimiento constitucionalista, quien se encontraba prácticamente exiliado desde 1963. El líder militar regresó al país el 13 de mayo en un avión militar estadounidense con la encomienda de convencer al Presidente Caamaño que aceptara la formación de un nuevo gobierno presidido por el hacendado santiagués Antonio Guzmán Fernández, ex Ministro de Agricultura durante el gobierno de Bosch. Esa fórmula había sido ya aceptada por Bosch, pero rechazada por el Presidente Caamaño, lo que produjo un distanciamiento momentáneo entre ambos líderes.

La “fórmula Guzmán”, propuesta por un influyente grupo de industriales de Santiago y acogida por los Estados Unidos, implicaba la aceptación de algunas condiciones, entre ellas, la formación de un gabinete sugerido por los Estados Unidos y la deportación de un grupo de 54 comunistas dominicanos, condiciones que fueron rechazadas dignamente por los nuevos líderes de la revolución.

Por razones desconocidas, el Presidente Caamaño ya no aceptaba ni las sugerencias ni las órdenes de Juan Bosch que vivía en Puerto Rico y no acababa de regresar a su país. Bosch prefirió enviar al coronel Fernández Domínguez y al ex militar español Enrique Herrera Martín, su amigo personal, para convencer a Caamaño y su gobierno a aceptar la “fórmula Guzmán”.

Fernández Domínguez debió volver a Puerto Rico dos días después de concluida su misión, pero decidió quedarse y desempeñar su función de Ministro de Interior y Policía del gobierno constitucionalista. Fernández Domínguez cayó luego abatido, junto a Juan Miguel Román Díaz, el oficial de origen italiano Illio Capocci y otros soldados, cuando el 19 de mayo intentaron recuperar la sede del gobierno, símbolo del poder nacional, ocupada por el gobierno ilegal de Imbert Barreras y protegido por efectivos norteamericanos.

El nuevo giro de la política imperial con relación al “caso dominicano” implicaba también “legalizar” la intervención militar norteamericana. En ese sentido, la Organización de los Estados Americanos ya había aprobado, en una reunión de cancilleres realizada en Washington el 13 de mayo, la creación de una “Fuerza Interamericana de Paz”(FIP), decisión que violaba los artículos 15 y 17 de la Carta Fundamental de la OEA, los cuales establecían que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro…”.

También que “el territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomada por otro Estado”.

La mayoría de los cancilleres latinoamericanos se sometieron a la posición de Washington que buscaba envolverlos en el caso dominicano. Mientras Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Paraguay apoyaron a los Estados Unidos, otros gobiernos de la región, entre ellos, los de Chile, México, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Perú, votaron en contra de que soldados de sus países vinieran a República Dominicana hacerle compañía a los invasores norteamericanos. Desde entonces, la OEA ha permanecido en un gran desprestigio internacional, al ser convertida en un “ministerio de colonias” de los Estados Unidos.

La ocupación de República Dominicana llegó también al seno de la Organización de las Naciones Unidas, que agrupaba a casi todos los países del mundo. En la ONU, los representantes de Francia, Cuba, la Unión Soviética (hoy Rusia) y otros países demandaron la salida inmediata de las tropas interventoras del territorio dominicano, petición que era rechazada por el representante de los Estados Unidos, alegando que el caso dominicano no era de la competencia de la ONU, sino de la OEA, cuyos cancilleres, en su mayoría, eran manipulados por el gobierno norteamericano.

Mientras tanto, una nueva comisión de la OEA volvía a Santo Domingo para seguir buscando un acuerdo definitivo que le pusiera fin a la invasión extranjera. Entre junio y agosto de 1965 las negociaciones fueron intensas entre el gobierno de Caamaño y la misión de la OEA encabezada por el embajador Ellsworth Bunker de los Estados Unidos. Las negociaciones discurrían en medio de los intensos bombardeos que las tropas interventoras sometían a la zona constitucionalista, donde operaba el gobierno de Caamaño.

 

Las discusiones giraban en torno a la designación de un gobierno provisional que preparara las condiciones para celebrar elecciones entre seis y nueve meses, la retirada de las fuerzas invasoras, ahora disfrazadas con el nombre de “Fuerza Interamericana de Paz”; la reintegración a las Fuerzas Armadas de los militares constitucionalistas con sus respectivos rangos, y la redacción de un Acto Institucional, inspirado en las libertades y los derechos civiles y políticos de la Constitución democrática de 1963, la cual entraría en vigencia durante el gobierno provisional.

 

La persona aceptada por todos los sectores envueltos en este nuevo drama de la sociedad dominicana para encabezar el gobierno interino, propuesto por la comisión de la OEA, fue el doctor Héctor García Godoy Cáceres, un diplomático de carrera, ex Canciller del gobierno de Bosch, pero vinculado al recién fundado Partido Reformista.

 

El 30 de agosto renunció el gobierno de Imbert Barreras. Al día siguiente, se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana. El gobierno constitucional de Caamaño cesó en sus funciones el 3 de septiembre de 1965. Para tal ocasión, se celebró en la vetusta Fortaleza Ozama una gigantesca manifestación de patriotas combatientes, civiles y militares.

La gran movilización de masas en todo el país y la revuelta armada iniciada el 24 de abril en Santo Domingo por restaurar la democracia política, quedaron sepultadas con la rendición negociada del bando constitucionalista. El segundo intento por iniciar la transición “desde abajo” hacia la democracia representativa resultó fallido, al triunfar la contrarrevolución sustentada por el poder imperial.

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