Una decisión inexplicable – El País, Uruguay

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Nuestra política exterior debe ser una política de Estado, construida sobre un amplio consenso nacional, y de largo plazo. El Uruguay se ha esforzado sistemáticamente para impulsar y consolidar el derecho como mecanismo esencial para asegurar la convivencia pacífica, en la región y fuera de ella. Sin embargo, el gobierno actual se ha embarcado en una política exterior que, en el mejor de los casos puede ser definida como errática.

La cadena de tropezones diplomáticos incluye la decisión de suspender el Paraguay del Mercosur; la entrada de Venezuela al Mercosur, en contradicción de lo estipulado en el Tratado de Asunción; los dichos del Presidente de la República de que la política está por encima de lo jurídico; las afirmaciones del Canciller acerca de la “Realpolitik”; y la sucesión de contratiempos en las relaciones con nuestro vecino platense.

A ello podrían agregarse ahora el mal manejo del tema de la recepción de cautivos de la prisión de Guantánamo en nuestro país (una decisión política que trasciende al actual gobierno y que debió haber sido tomada con calma, luego de consultas con todos los partidos políticos y de estudios jurídicos) y el culebrón armado en torno a la entrevista con el presidente Obama.

Un ejemplo de tanta imprudencia es la afirmación de que lo político está por encima de lo jurídico, acuñada por nuestro presidente a mediados del año 2012, en un intento, poco eficaz de justificar la decisión de admitir a Venezuela en el Mercosur. Pero, el siguiente septiembre, el Canciller uruguayo declaró, en su discurso ante la 67ª. sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que “El respeto y la promoción del Estado de Derecho, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son dos caras de la misma moneda, la cual tiene en el bienestar de los individuos su última razón de ser.

Significa además que ni las personas ni los Estados están por encima del Derecho, sino que están sujetos a él”. ¿En qué quedamos entonces?

Ahora se agrega otra decisión ambigua o, incluso, contradictoria.

El 27 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania. Es un documento breve y contundente que afirma la determinación de la Asamblea General de “preservar la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente” y que exhorta a todos los Estados a que desistan y se abstengan de “cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional” de aquel país.

Como bien señaló el representante de Costa Rica durante la sesión de la Asamblea, el énfasis que pone la Resolución en los principios de respeto de la integridad territorial de los Estados y el rechazo al uso de la fuerza tienen un alcance global.

El representante agregó que Costa Rica no tiene fuerzas armadas para defender sus fronteras y que sus únicas armas eran el derecho internacional.

La Resolución fue aprobada con 100 votos a favor (incluyendo a Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México, Panamá y Perú), 11 votos en contra (incluyendo a Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela) y 58 abstenciones (entre ellos, Argentina, Brasil, El Salvador, Paraguay y Uruguay).

El representante uruguayo, por una parte, mencionó “La conducta tradicional de nuestro país de apego al derecho internacional” y su defensa del principio de integridad territorial de los Estados. Pero, por la otra parte, continuó, “existen otros elementos de índole política que nuestro país considera inconvenientes y que alteran sensiblemente el alcance de esta resolución”.

Lamentablemente no se sabe cuáles son esos aspectos “de índole política” tan fundamentales, que determinaron la decisión del gobierno de abstenerse en este caso tan especial.

La ambigua declaración del representante uruguayo ante las Naciones Unidas puede tener alguna trascendencia, pero es innegable que su abstención contribuye a debilitar el peso político de una Resolución, cristalizada en un momento crítico para la comunidad internacional, y que afirma principios esenciales para nuestro país.

Como te digo una cosa…