Bolivia: promulgan nueva ley de minería que reconfigura la producción

La Ley de Minería y Metalurgia fue promulgada ayer por el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, en Oruro. La norma define nuevos roles en la actividad minera y da garantías a los operadores.

García dijo que los privados tienen derecho a trabajar, pero deberán pagar elevados impuestos. A los cooperativistas les ofreció nuevas áreas y tecnología y anunció las mejores vetas para el Estado.

Mientras, en La Paz, aún no se resuelven dos conflictos por zonas auríferas entre cooperativistas, importantes aliados del Gobierno.

La nueva norma señala los roles y las garantías para los tres actores mineros, privados, estatales y cooperativistas, indicó García.

“Esta ley de minería fue elaborada por los trabajadores mineros, es la primera ley minera que la hacen los trabajadores con su sudor, su pensamiento, su sacrificio y sus necesidades (…) Esta ley lo que hace es desarrollar el texto constitucional (…), la ley recoge los derechos y las garantías de los tres sectores”, señaló García, citado por Erbol, en el acto de promulgación realizado con la participación de mineros asalariados y cooperativistas.

García destacó las condiciones y los roles que deben cumplir cada uno de los actores mineros.

“Los privados tienen derecho a venir a trabajar acá, pero deben pagar elevados impuestos para que viva el Estado boliviano, pero como es debido, garantizamos sus inversiones y que garanticen los derechos laborales de los trabajadores”, señaló.

Dijo que los impuestos para el sector minero privado, nacional e internacional, oscilarán entre el 55 y el 65 por ciento, tema que será abordado en una nueva ley tributaria.

Sobre el sector cooperativo, importante aliado del Gobierno, dijo que son “productores de primera categoría” y comprometió para ellos más áreas para la explotación y tecnología.

“Nunca el sistema cooperativo tenía derecho a áreas importantes para la producción, ahora el sistema cooperativo tiene todo el derecho de tener vetas importantes. Hoy ustedes son productores de primera categoría en el ámbito minero”, indicó.

Agregó que por ello, “nuestra misión es mejorar la tecnología, tenemos que tecnificarnos”, porque “esa será la manera de mantenernos cuando los precios (internacionales de los minerales) bajen”. Además, pidió a las cooperativas contar con un fondo interno para adquirir tecnología.

En cuanto a los mineros del sector asalariado indicó que el Estado incursionará en la minería a gran escala y que el 2025 ya no se exportará concentrados de mineral.

“El Estado depende de ustedes, la decisión es doble, vamos a seguir ampliando áreas mineras de yacimientos muy ricos, minería a gran escala como la que tiene que darse en Mallku Khota, ahí tienen que trabajar mil, dos mil trabajadores mineros para producir millones de dólares”, dijo y  agregó que para eso “el Estado va a seleccionar las mejores vetas de Bolivia para invertir”.

Por su parte, el ministro de Minería, César Navarro, informó que la nueva ley establece como un rol central del Estado las actividades exploratoria y productiva, que se plasma en las nuevas funciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entre ellas la de participar de las etapas de producción, concentración e industrialización minera.

“Estamos proponiendo que la Comibol no puede ser hasta el día de hoy el sujeto pasivo que recibe los riesgos compartidos o recibe arrendamiento o porcentajes de la actividad productiva, hoy la Comibol tiene que tener la capacidad (…) no sólo (de) intervenir en la actividad productiva, sino desarrollar la industria minera en el país”, dijo citado por ANF.

La norma sufrió varias modificaciones, a pesar de la oposición de los cooperativistas mineros, quienes tuvieron que lamentar la muerte de dos de sus miembros en medio del conflicto desatado contra los cambios.

Comunarios de Bancuni dicen que cooperativistas les robaron

La cooperativa Machacamarka protagonizó nuevos hechos de  violencia por la explotación de oro. El escenario fue el municipio  de Tacacoma de la provincia Larecaja del departamento de La Paz, cuando invadió a la comunidad Bancuni y robó maquinaria, objetos personales y otros insumos de los pobladores, denunció el secretario de Conflictos de la comunidad, Teodosio Ayra.

Ayra manifestó ayer a través de radio Fides, en La Paz, que esa  cooperativa, en complicidad con los denominados “caza minas”, avasallaron las zonas auríferas donde operan pobladores del lugar desde hace 10 años.

“Nuestros compañeros fueron torturados y secuestrados por esta cooperativa que se adueñó de los yacimientos mineros auríferos  de la zona”, indicó y denunció que además dinamitaron la planta  hidroeléctrica que provee energía a la población.

“Nuestra zona es agrominera, vivimos en algunas épocas de la explotación de oro y en otras de la cosecha de nuestros productos, pero esta gente que está acostumbrada a avasallar irrumpió sin ninguna  explicación en nuestra zona”, precisó.

El avasallamiento de Bancuni ocurrió el pasado 19 de mayo, casi al mismo tiempo que en Arcopongo. Aún no se conoce el informe de la Policía.

EXIGEN MÁS DE 20 REQUISITOS PARA CONCESIÓN

El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Albino García, dijo ayer que la Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera (Arjam) exige más de 20 requisitos a los mineros cooperativistas para otorgar autorización a la explotación minera y excede el plazo para el trámite, razón por la que los mineros optan por comenzar a explotar ilegalmente y es la causa de conflictos como los ocurridos en yacimientos auríferos de Arcopongo y Tacacoma, en La Paz.

En días pasados, dirigentes de los cooperativistas responsabilizaron de los conflictos a la burocracia en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por el retraso en otorgar autorizaciones de explotación. García explicó que hace unos 11 meses, a través de una ley corta, se trasladó la administración de contratos a la Arjam, pero esta entidad estaría arrastrando problemas similares a los de la Comibol.
“También hay burocracia, son más de 20 requisitos entre personería jurídica, plan de desarrollo, licencia social, medio ambiente, poder legal y varios más. La ley corta fija 60 días para el trámite pero no se cumple, tarda más de medio año”, señaló.

Sobre el conflicto en Arcopongo, dijo que no se puede suspender la explotación en la zona y que la alternativa sería la explotación mancomunada.

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