Justicia española se niega a archivar caso de genocidio guatemalteco

El magistrado Santiago Pedraz seguirá investigando el genocidio denunciado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el asalto a la embajada de España que tuvo lugar en 1980.

“España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo”, aseguró, amparándose  a un resquicio que deja la ley que entró en vigor en marzo tras un procedimiento parlamentario exprés.

La reforma ha reducido la persecución del genocidio y los crímenes de lesa humanidad a los casos en los que los responsables son españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se ha denegado. Las víctimas tienen también que ser españolas y no pueden haberse nacionalizado tras sufrir los hechos a perseguir.

Solo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos basta con que la víctima sea española para que los tribunales españoles puedan investigar.

La nueva ley obligaría en teoría al archivo de la decena de causas por lesa humanidad abiertas en la Audiencia Nacional, pero los jueces que las instruyen están agarrándose a resquicios legales para evitarlo.

En el asalto a la embajada española en Guatemala murieron 36 personas, entre ellas tres españoles. El propio embajador resultó herido. Las fuerzas de seguridad asaltaron la sede diplomática después de que fuera ocupada por campesinos y líderes estudiantiles para pedir que cesaran las matanzas en el campo a manos de militares.

Pedraz también investiga el asesinato de tres sacerdotes españoles en 1980 y 1981, supuestamente, a manos del Ejército guatemalteco y el secuestro de otro.

El magistrado señaló que aunque en el país latinoamericano hubo “procedimientos” relacionados con la causa que él instruye, estos no llegaron “a buen fin” y acordó una comisión rogatoria a Guatemala para saber si “ha existido disposición a actuar”.

Efraín Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de cárcel por el asesinato de mil 771 indígenas entre 1982 y 1983, pero la sentencia fue anulada. El juicio debe repetirse en el 2015.

La decisión de Pedraz llegó el día en el que en Madrid arrancó un congreso sobre Justicia Universal organizado por su excompañero Baltasar Garzón, que celebró el paso.

“Pedraz no puede hacer otra cosa”, dijo Garzón. “La investigación tiene que mantenerse porque si no sería quebrantar los tratados internacionales”.

La limitación del principio de la Justicia Universal impuesta por el Partido Popular (PP) de Rajoy llegó tras una crisis diplomática con China por la investigación de la Audiencia Nacional contra el expresidente Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.

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