Las cuentas de la paz – Periódico El Tiempo, Colombia

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Todas las encuestas coinciden en que los colombianos quieren la paz. Es una cuestión de sentido común. El gran problema es que estas indagaciones también dejan ver que la mayoría pretende una paz sin costo alguno.

Tal escenario podría darse en la eventualidad de una derrota de la subversión en el campo de batalla. No obstante, la experiencia reciente demuestra que ese desenlace sigue siendo muy difícil de alcanzar y que es mejor, menos costoso, sobre todo en vidas humanas, lograr el fin del conflicto por la vía del diálogo luego de haber invertido a favor del Estado el balance de fuerzas en la confrontación armada, como en efecto ha ocurrido.

Pero, así como la sociedad va a evitar enormes costos al optar por esta senda, también debe saber que tiene que incurrir en otros, el principal de ellos, el de renunciar a la idea de una justicia absoluta y aceptar que no todos los crímenes cometidos serán castigados y que los años de cárcel que deberían pagar sus responsables pasarán por el tamiz de un acuerdo –movido por el propósito de frenar por fin la dolorosa guerra– para terminar convertidos en penas diferentes de la reclusión en prisión.

El hecho es que la proximidad de la discusión en La Habana de la situación jurídica de los miembros de las Farc y, al tiempo, de aquellos miembros de la Fuerza Pública que violaron la ley en su misión constitucional de preservar el orden ha puesto a la sociedad colombiana de cara a este complejo asunto.

El primero en lanzarse al agua fue el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien el pasado martes, en un debate organizado por esta Casa Editorial, dejó sobre la mesa la posibilidad de que, en lugar de ser conducidos a prisiones, los guerrilleros se dediquen al servicio social, si son condenados por sus crímenes. Más allá de las virtudes y debilidades de esta propuesta, que tendrá ambas, lo que debe reconocérsele al jefe del ente acusador es haber abierto un debate que es inevitable y que, como ya se afirmó desde estos renglones, cuanto más nutrido e incluyente sea, más sólido será el terreno sobre el cual se levante lo que en este sentido se acuerde en Cuba.

Así, la propuesta de Montealegre se puede compaginar con otras que ya se esbozan. Por ejemplo, la que apunta a que los guerrilleros reciban sentencias convencionales, pero que estas queden suspendidas y condicionadas a la no reincidencia. Esta opción podría ser bien vista por la justicia internacional en tanto no habría impunidad, sobre todo en casos de delitos atroces, y logra sortear el inamovible planteado por los comandantes de la guerrilla de no terminar tras las rejas. De igual manera, dicha salida tiene que incluir un tratamiento especial para los militares en el marco de los acuerdos.

Hay que tener muy claro, pues, que paz y justicia son perfectamente compatibles. Las sanciones penales son necesarias, desde luego, pero en el entendido de que tienen que estar en sintonía con la realidad política en la que se van a producir, la cual está marcada por un propósito de reconciliación, un ánimo compartido de buscar el perdón, rescatar la verdad y privilegiar la reparación. Con todos estos factores deben conjugarse los castigos. El ideal es que, por medio de ellos, se pueda reconstruir también el tejido social sobre el cual deberá sostenerse la paz estable y duradera que se pretende.

Justicia y paz no son excluyentes. El reto, insistimos, es encontrar cómo combinarlas, y en esta tarea el mejor catalizador es la deliberación franca, abierta y sobre la base de que nada justifica el enorme costo de otra década de guerra.

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