Se profundiza en la región el debate sobre la despenalización del aborto

Según la Organización Mundial de Salud (1998) alrededor de 4 millones y 200 mil mujeres por año se someten a abortos en América Latina y el Caribe, la mayoría lo hace en condiciones de riesgo, que trae consigo la clandestinidad. Cada año en nuestra región, seis mil mujeres mueren debido a complicaciones de aborto (UNFPA, 1997).

El 21% de las muertes relacionadas con el embarazo, parto o postparto tiene como causa las complicaciones del aborto inseguro (OMS, 1998).

En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, diversas organizaciones de mujeres han presentado propuestas claras para prevenir estas muertes silenciadas. Propuestas de despenalización que permitan a las mujeres con embarazos no deseados interrumpirlos sin riesgo para sus vidas. Organizaciones civiles afirman que  la liberalización de las leyes de aborto permitiría evitar la muerte de las mujeres y las consecuencias que sufren a causa de abortos mal practicados, al contar con servicios seguros. Para la mayoría de las mujeres en la región este acto se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras  y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición.

Durante un aborto clandestino En este se mezclan diversas situaciones sociales y personales. El sentimiento de culpa, la rabia, el dolor, la desconsideración social, los vacíos legales, la espátula, las tijeras, el cuchillo, pero sobre todo, el miedo y la sangre protagonizan la escena de vida y muerte que tiene lugar en un cuerpo de mujer, tendido en una plancha. Los grandes ausentes: la información, la higiene, los derechos humanos, la anestesia.

El panorama por sí mismo es sobrecogedor, pero lo avasallante es imaginarlo multiplicado por 18 millones, que es la cifra dada por la Organización Mundial de la Salud sobre el número de abortos inseguros al año, en todo el mundo.

Avances sobre el aborto en el orden internacional 1994: El aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (párrafo 8.25). 1995: La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo y agregó la recomendación que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K). 1998: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que la morbimortalidad materna se vincula con el aborto realizado en condiciones inseguras. Y recomienda su atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones. 1999: El texto aprobado en el proceso de revisión de Cairo +5, recomienda el entrenamiento de profesionales para atender a las mujeres en los casos en que el aborto sea legal. 1999: Los países integrantes de la CEPAL se comprometieron a formular programas específicos para la salud de las mujeres, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de acuerdo con los documentos adoptados de Cairo y Beijing. 2000: El documento final de Beijing +5 incorpora el texto del párrafo 106 K de la Plataforma de Acción de Beijing, en el que se señala la necesidad de revisar las leyes que penalizan la práctica del aborto inseguro. Además, recomienda que los gobiernos implementen la indicación acordada en Cairo +5 sobre el entrenamiento de profesionales y el equipamiento adecuado de servicios. Amnistía Internacional En un comunicado Amnistía Internacional insta a los gobiernos a promover planes para asegurar el acceso a los derechos sexuales de mujeres y niñas. Amnistía Internacional asegura que la restricción del acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. Por este motivo, se une a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”. “Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo”, ratifica el organismo en un comunicado. AI indica que muchas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir un embarazo, intentan suicidarse. Entonces, toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Lamenta que pese a las violaciones de Derechos Humanos, todavía existen leyes que castigan  el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia no se cumple en la práctica. Finalmente, critica a los Estados que no dan prioridad a su propia legislación o a asegurar la educación y difusión de los derechos de las mujeres.

Campaña 28 de Setiembre Para lograr un cambio en la legislación es que desde 1993, las organizaciones de mujeres vienen realizando la campaña 28 de Setiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

Esta fecha fue acordada en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, 1990), en el que se propuso impulsar una campaña por el derecho al aborto en el marco de los derechos humanos.

Cientos de organizaciones de mujeres y redes regionales en 16 países de América Latina y el Caribe están sumando esfuerzo para esta campaña que se propone hacer que se cumplan las leyes que permiten el aborto y para generar avances en la legislación de los países de la región.

El aborto en el debate El aborto es un problema de salud pública por el índice de muertes y por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tiene en la vida de las mujeres. Asociaciones civiles en pro del aborto argumentan que dicho acto es una cuestión de derechos humanos, y prohibirlo atenta los derechos fundamentales de las mujeres y va contra principios de justicia social. Amnistía Internacional afirma que el aborto es una cuestión de democracia; es decir, está ligado al ejercicio libre de una maternidad voluntaria, la autodeterminación de la propia vida, el derecho a la interrupción de un embarazo no deseado. Pide acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas. Además de condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, seguro y accesible para todas las mujeres que lo decidan. Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, ¿de qué son dueñas? Graciela Hierro. Filósofa mexicana. En tanto que sectores religiosos argumentan que el aborto es un acto que va contra las leyes de dios.

El gran problema en la discusión sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética, cuando el aborto en México es un problema de salud pública.

Los grupos conservadores se dicen defensores de la vida y aseguran que “desde el momento mismo de la concepción existe ya un ser con derechos”, cuando la ciencia médica sabe, desde hace muchos años, que un óvulo fecundado por un espermatozoide no devendrá necesariamente en un embarazo, y que para ello se requiere la implantación.

Uno de las aportaciones del mapa del Genoma Humano es el determinar que la vida humana comienza a las doce semanas, con el inicio de la actividad neuronal, por lo tanto, antes de tres meses la vida que debe privilegiarse es la humana, es decir, la de la mujer.

La organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, estima que anualmente en México, más de 1 millón 600 mil embarazos terminan en abortos espontáneos o abortos inducidos, realizados muchos de ellos en la clandestinidad, en condiciones insalubres, mediante procedimientos rudimentarios (agujas de tejer, tóxicos, etc.) muchos de los cuales significan la muerte de la embarazada.

El aborto en México En Puebla, una mujer casada con un aborto en curso puede ser denunciada por algún médico que viole el principio de confidencialidad y ser condenada a 5 años de prisión. A 850 kilómetros al norte, en Durango, una mujer puede ser multada hasta con $12 000 por interrumpir su embarazo. 600 kilómetros más al este, en Tamaulipas, quien aborta por una malformación congénita puede ser obligada a tratamiento psicológico hasta por 5 años argumentando falta de “valores familiares”, mientras que 1 200 kilómetros al oeste. En Baja California Sur, una mujer puede ser obligada a cumplir 200 horas de trabajo comunitario si se demuestra que tuvo un aborto, exponiéndola al señalamiento y discriminación en su comunidad. Los avances en los derechos de las mujeres en el Distrito Federal, lograron el derecho de interrumpir un embarazo de manera legal y segura hasta las 12 semanas de gestación. Con base en el Artículo 4 de la Constitución, en donde se señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) exige que todas las mexicanas podamos tener la misma posibilidad de elegir si queremos o no ser madres y el mejor momento para serlo. En cuanto a la lucha de poderes con el ultraconservadurismo, la agencia Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) sostiene que actualmente vemos una iglesia cada vez más a la defensiva, debilitada por el descrédito internacional que acompañó la nueva oleada de escándalos de pedofilia y encubrimiento eclesiástico, y desconcertada por el rápido avance de las conquistas que en materia de diversidad sexual y matrimonio igualitario están teniendo lugar en varios países de la región. Lo anterior no significa que la Iglesia católica –y en menor medida las evangélicas- no ejerzan todavía una influencia extraordinaria sobre los actores políticos y las ideologías sociales de nuestros países, sobre todo en materia de moral sexual. Así, en medida que el pluralismo ideológico cobra fuerza, las iglesias dedican más recursos a combatir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. De ahí la importancia de aprovechar los resquicios estratégicos que se abren a nuestras luchas por la laicidad del Estado y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. En este Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, la consigna de todos los años sigue totalmente vigente: Tratándose de interrupción del embarazo las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y las iglesias NO intervienen. http://www.imagen.com.mx/especial-dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe

Gobierno chileno presentará proyecto sobre derechos sexuales e impulsará despenalización del aborto

El Gobierno comenzará a afinar el proyecto de ley de aborto para enviarlo al Congreso. Así lo reconocieron este martes el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y la titular del Sernam, Claudia Pascual, quienes se reunieron por casi una hora para discutir las iniciativas que vinculan a ambas carteras. El ministro Gómez manifestó que se trata de un proyecto central, e indicó que quieren hacer un esfuerzo para que el parlamento lo apruebe lo antes posible. En tanto, la ministra Pascual aclaró que primero se enviará una ley sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, antes de discutir la despenalización del aborto. Ambos secretarios de Estado además conversaron sobre el mejoramiento de la fiscalización para el pago de pensiones alimenticias y de la ley de violencia intrafamiliar, que permita rebajar los altos índices de femicidios registrados en los últimos años en el país. http://www.biobiochile.cl/2014/04/29/gobierno-alista-proyecto-sobre-aborto-para-enviarlo-al-congreso.shtml

Gobierno presentará proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos e impulsará la despenalización del aborto

Una reunión de coordinación sostuvieron la Ministra del SERNAM, Claudia Pascual, y el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, para delinear el trabajo conjunto en aquellos proyectos del programa de gobierno que involucran a ambas carteras, entre los que se encuentran el proyecto de modificación del pago efectivo de las pensiones alimenticias, la modificación de la Sociedad Conyugal, la modificación a la actual Ley de Violencia Intrafamiliar y la presentación del proyecto de Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Al respecto, Pascual dijo que la ley es mucho más que solo la despenalización de la interrupción del embarazo, que efectivamente está contemplada por tres causales, que son: riesgo vital de la mujer que es madre, en caso de violación e inviabilidad fetal”.

La Ministra Claudia Pascual manifestó que “esta reunión la realizamos para poder coordinar los proyectos que van en pos de acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que ya están presentado,  como también los que podemos presentar, especialmente la modificación a la Ley de Violencia Intrafamiliar. El programa de gobierno compromete el poder establecer la violencia contra la mujer en todos los ámbitos en que se desarrollan las mujeres, y no solo en el ámbito doméstico-familiar. Creemos que este punto es fundamental para desnaturalizar la violencia y nos comprometimos con el Ministro para que nuestros equipos de trabajo avancen en este sentido”.

Por su parte el Ministro José Antonio Gómez indicó que “el trabajo conjunto con la Ministra es vital desde el punto de vista de lograr la protección e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por eso en los temas tratados en esta reunión, como violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias impagas y la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, buscar la fórmula de hacerlo con prontitud es fundamental, porque sin duda estos son proyectos que requieren un trabajo coordinado importante. También hemos conversado respecto a la ley de aborto que es un tema central a discutir, queremos realmente hacer un esfuerzo porque el Parlamento apruebe estos proyectos lo antes posible”

Frente a las consultas de los periodistas sobre la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Ministra declaró que “Es indudable que cualquier iniciativa que tenga un juicio pre establecido puede tener detractores, pero a nosotros nos interesa poder avanzar  en función de lo que la ciudadanía ha expresado, en particular de lo que las organizaciones de mujeres y jóvenes de distintas instancias de nuestra sociedad están demandando. Es importante actualizar nuestra legislación a las nuevas realidades y también garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En ese sentido esperamos responder a las demandas y no tenemos miedo al debate, porque siempre van a existir opiniones distintas y eso es bueno para enriquecer las discusiones. Lo importante es que no solo se manifieste la opinión del gobierno y de los detractores, sino que en este caso es fundamental que se manifieste ampliamente la opinión de la ciudadanía”.

La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer manifestó que era fundamental aclarar que una Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos implica mucho más que el aborto, ya que involucra acceso a la salud y educación sobre salud sexual y reproductiva entre otros temas; “Quisiera aclarar que la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos es una ley mucho más amplia, que implica poder dotar tanto a mujeres como a hombres de acceso a la salud reproductiva y sexual, como también a la autonomía en las decisiones respecto de estos ámbitos. No es la ley del aborto. Aquí tenemos que hablar de una ley donde efectivamente se permita el acceso a servicios de salud seguros en los casos de aquellas mujeres que han decidido ser madres, pero también darle acceso a una salud segura a aquellas que han decidido no serlo. Aquí también tiene que haber un trabajo con jóvenes y adolescentes, sobre cómo se resguardan sus derechos. Yo quisiera dejar bien establecido que esto es mucho más que solo la despenalización de la interrupción del embarazo, que efectivamente está contemplada por tres causales, que son: riesgo vital de la mujer que es madre, en caso de violación e inviabilidad fetal”.

http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/11377-gobierno-presentara-proyecto-sobre-derechos-sexuales-y-reproductivos-e-impulsara-la-despenalizacion-del-aborto.html

 

México: a siete años de la legalización, se practicaron casi 200 mil abortos en el DF

A siete años de la legalización del aborto en el Distrito Federal, la red de hospitales y centros de salud ha atendido a 119 mil 522 mujeres, de las cuales 73% son residentes de esta capital, 24% mexiquenses y 3% de otros estados, incluidas extranjeras. De acuerdo con cifras del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) y de la Secretaría de Salud local, del promedio de edades en que se practica el procedimiento, 47.8% tienen entre 18 y 24 años, y 22% están entre los 25 y los 29 años. Este jueves, durante la ceremonia de conmemoración por el séptimo aniversario de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la Ciudad de México no se dará “ni un paso atrás” en la defensa de los derechos conquistados en favor de las mujeres. En la Antigua Escuela de Medicina, el mandatario capitalino manifestó que en la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) llevará este mensaje y la invitación para que en otros estados del país se eliminen las prácticas que “no son compatibles” con la protección de los derechos de las mujeres y sí son contrarias a las garantías constitucionales. “Solamente vamos a hablar de congruencia en esta protección de derechos”, dijo. Mancera se comprometió a concluir este año el Centro de Justicia para las Mujeres, cuya construcción se anunció desde 2011 con la promesa de terminarlo en seis meses y bajo la tutela del Inmujeres. No obstante, en marzo de 2013 la construcción apenas llevaba 30% de avance, según el propio instituto encabezado por Beatriz Santamaría. Durante el acto, el secretario de Salud, Armando Ahued, aseguró que la implementación de la ILE en la capital responde a una política de salud pública para atender una actividad ilegal que por años puso en riesgo la vida de miles de mujeres que recurrían a procedimientos clandestinos e insalubres para no continuar con su embarazo. El funcionario agregó que de las mujeres que han solicitado información sobre el ILE, 40 mil han decidido seguir con su embarazo luego de recibir asesoría médica y psicológica. Posteriormente llamó a los padres de familia a orientar a sus hijas e hijos para evitar que siga creciendo la cifra de 6 mil 700 menores de edad que han solicitado la ILE desde su aprobación. Por separado, la diputada federal Martha Lucía Micher informó que mientras en el DF se avanza con políticas en favor de las mujeres, en 16 estados de la República “se retrocede, se criminaliza, se penaliza y se prohíbe un derecho constitucional. El Artículo 4° –dijo– establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, así como el Decreto que modificó el Código Penal y la Ley de Salud del DF, convirtiendo a la Ciudad de México en la primera y hasta ahora única entidad en donde el aborto es legal. La decisión legislativa provocó polémica a nivel nacional e incluso generó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que ratificó la legalidad de esa práctica. Disminuye muerte por clandestinidad Raffaela Schiavon, directora general de Ipas-México, aseguró que con la despenalización del aborto, además del reconocimiento de un derecho de las mujeres, se garantizó que no murieran como consecuencia de interrupciones mal practicadas. En entrevista, comentó que aunque los impactos directos de la despenalización en fenómenos como la muerte y morbilidad materna se deben analizar a largo plazo, al comparar las cifras oficiales locales y nacionales ya se puede observar una reducción en los decesos y las hospitalizaciones a consecuencia de abortos inseguros. Y es que, previo a la reforma aprobada por la ALDF en 2007, en la Ciudad de México se registraron 55 mil 656 hospitalizaciones de mujeres por abortos inseguros entre 2000 y 2005. Tales interrupciones representaron la tercera causa de muerte materna en la capital, con 202 fallecidas de 1999 a 2004. Se estimaba que el costo total de abortos inseguros por legrados en el DF fue de 29 millones de pesos al año. Actualmente 85% de los servicios de ILE en la capital se han realizado con medicamento y no se han reportado decesos. El dictamen aprobado en 2007 por la ALDF sostiene que uno de los objetivos de la ILE es “garantizar la vida y el cuidado de la salud de las mujeres y disminuir la morbilidad y mortalidad maternas asociadas a abortos clandestinos”. Sin precisar cifras (pues aún no están disponibles), Raffaela Schiavon sostuvo que a partir de la reforma al Código Penal del DF y a la Ley de Salud local se redujo la posibilidad de que las mujeres mueran en estas circunstancias, o queden con secuelas médicas por abortos mal practicados. La experta adelantó que desde Ipas-México se realiza un análisis del impacto que ha tenido la ILE en la reducción de la mortalidad y morbilidad materna, pues a siete años de distancia los efectos a largo plazo que podía traer consigo la despenalización del aborto ya pueden empezar a observarse. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y representante de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar), enfatizó que la despenalización del aborto representa un gran avance en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, por lo que es indispensable que más allá de la voluntad política para garantizar el servicio se logre la institucionalización del mismo. Explicó que actualmente la ILE no es un programa de salud pública con un presupuesto independiente, “por ello hacemos un llamado para institucionalizarlo y así prevenir que sus recursos puedan desaparecer en administraciones próximas”. Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas a garantizar el derecho a la información sobre la ILE a todas las mujeres, especialmente a aquellas de sectores más vulnerables, pues muchas de ellas aún no han logrado conocer que cuentan con la alternativa de poder interrumpir su embarazo. (Con información de Anaiz Zamora Márquez). http://www.proceso.com.mx/?p=370541

Argentina: se presentó por cuarta vez en el Congreso el proyecto de despenalización del aborto

Por Mariana Carbajal

Con más de sesenta firmas de un extenso abanico político –del oficialismo y la oposición—, volvió a ingresar ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo (IVE) que impulsa la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La presentación fue precedida por una conferencia de prensa en la que participaron referentes de la campaña y diputados y diputadas de los distintos bloques que lo apoyan, y en la que se reclamó que se habilite el debate en las comisiones y luego en el recinto para que se discuta la iniciativa. “A 30 años de democracia, no podemos permitir que este derecho no se debata. No podemos permitir que haya un tema vedado”, condensó la kichnerista Mara Brawer, el sentimiento que flotaba en la sala, colmada de pañuelos verdes, símbolo de la campaña. La propuesta despenaliza y legaliza la IVE en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves. “Los diputados tienen que tener la seguridad de que se trata de un proyecto constitucional”, subrayó la abogada Nelly Minyersky y agregó: “Lo inconstitucional es obligar a todas las mujeres a recurrir a la clandestinidad para abortar”. La presentación del proyecto reunió a más de un centenar de personas con pañuelos verdes al cuello, entre diputados y diputadas, y activistas de la campaña, un movimiento colectivo de más de trescientas entidades de sociales, de mujeres, de derechos humanos, académicas, de la diversidad, sindicales. La cita fue en una de las salas del Anexo de Diputados. “Nos sentimos muy reconfortadas por la pluralidad de firmas que acompañan nuestro proyecto”, destacó Julia Martino, de la campaña, al abrir la conferencia de prensa. Hasta ayer, habían suscripto la iniciativa 62 legisladores del FpV, la UCR, el PS, GEN, PRO, Libres del Sur, Unidad Popular, Nuevo Encuentro, Frente de Izquierda, Proyecto Sur, Unen y de la Coalición Cívica-Ari. Es la quinta vez que ingresa, tras perder estado parlamentario sin tratamiento, desde 2007, cuando se presentó como iniciativa de la sociedad civil. En todos estos años nunca llegó a debatirse formalmente en el recinto. El único bloque que no lo apoyó, hasta ahora, con la firma de alguno de sus miembros es el Frente Renovador, de Sergio Massa. La emoción flotaba en el ambiente, por los apoyos que fue sumando la propuesta legislativa a lo largo de estos años y que quedó de manifiesto ayer con la diversidad de voces políticas que la avalaron. Cristina Zurutuza, otra integrante de la campaña, resumió el histórico camino de la lucha por el derecho al aborto en el país. Y destacó como corolario que “hoy el tema está en la agenda”. “Esperemos que en este período parlamentario se pueda aprobar”, subrayó. Una vez más, como en marchas y actos con pañuelos verdes, volvió a sonar el tradicional cántico del movimiento de mujeres: “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. Después, Minyersky hizo hincapié en los extensos fundamentos jurídicos que avalan la constitucionalidad de la iniciativa y en el hecho de que la criminalización del aborto significa una profunda inequidad, ya que las mujeres que pueden pagar acceden a un aborto seguro y quienes no, ponen en riesgo su vida. Con esa introducción, diputadas y diputados de distinto signo político fueron dando su apoyo a la iniciativa. La kichnerista Adela Segarra, primera firmante del texto, destacó que se trata de un “proyecto transversal”, por los apoyos que concita. Y consideró que “necesariamente” la despenalización y legalización del aborto “tiene que ser una política de salud pública”. Le siguió Manuel Garrido, de la UCR, quien rescató la lucha que vienen dando por este tema militantes radicales y feministas como María Luisa Storani –presente en la sala y cuyo mandato como diputada finalizó en diciembre– y Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). “Está claro –agregó Garrido– que el Estado no puede imponer ideales de vida ni maternidad forzadas” y consideró que el proyecto “preserva la autonomía de las personas”, al permitirles a las mujeres decidir sobre su cuerpo. La diputada socialista Alicia Ciciliani se comprometió a seguir militando el tema. Nicolás Caño, de PTS-Frente de Izquierda, recordó el trabajo pionero de Dora Coledesky, una abogada, incansable luchadora por el derecho al aborto, que se reivindicaba como trotskista y falleció en 2009. A su turno, la diputada Victoria Donda aludió a su embarazo y señaló que ahora que atraviesa ese momento vital está “más convencida que nunca de que lo que te convierte en madre es el deseo y no la imposición de una ley”. Y abogó por la sanción del proyecto “para que el Estado respete la libertad de las mujeres” de elegir o no llevar adelante una gestación. Donda confirmó a Página/12 que ya le planteó a Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Legislación Penal, que el tratamiento del proyecto esté en la agenda de la comisión. El proyecto, se supone, será girado a Legislación Penal y además a las comisiones de Familia y de Acción Social y Salud Pública. Pablo López, del Frente de Izquierda, adelantó que harán “todo lo posible en la calle y en el Parlamento para que esta sea la última vez” que el proyecto tenga que presentarse. El diputado Juan Carlos Cuño, de Nuevo Encuentro, informó que los tres integrantes de ese bloque votarán la propuesta, pero consideró que se debe valorar a “todas las diputadas y diputados” que lo defienden por “convicciones personales” a pesar de que “las conducciones de sus bloques no los acompañen”. Carla Carrizo, de Unen, celebró la presencia de varones que adhieren a la iniciativa porque “ayuda a desmitificar que se trata de una cuestión endogámica de género”. “Es una cuestión de derechos constitucionales básicos”, opinó. Ramona Pucheta, del monobloque Frente por la Inclusión Social, apuntó que la mayoría de las “compañeras” que la secundan pertenecen a sectores populares y vulnerables. “Por ellas y por todas –dijo– hay que seguir impulsando este tema.” Adriana Puiggrós, del bloque oficialista, invitó a sus colegas a “hablar uno por uno” con los diputados y diputadas que todavía no firmaron, para convencerlos de la necesidad de aprobar la despenalización y legalización del aborto, como hicieron cuando se debatió la ley de matrimonio igualitario. El cierre estuvo a cargo de Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA: “Tenemos la convicción de que es una causa justa para la vida de las mujeres”, concluyó.

http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-243754-2014-04-10.html

Uruguay: en el primer año desde su despenalización, se registraron 6.678 abortos

El 18% (1.240) se lo practicaron adolescentes menores de 19 años. Dentro de la ley no hubo muertes maternas. En aborto ilegal murió una mujer.

 Este lunes el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó las cifras de abortos realizados en el primer año de aplicación de la ley (18.987) que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, hubo en Uruguay 6.676 abortos registrados dentro del marco de la ley, esto es, asesorados en hospitales públicos o mutualistas y seguros privados, con atención y seguimiento médico. La mayoría de los abortos se realizó en el sector privado de la salud, 59%, el resto en el sector público. En Montevideo fue donde se concretó la mayoría, 64%. Por edades, el 18% de las mujeres que interrumpieron de forma voluntaria su embarazo tenía menos de 19 años, esto es 1.240 abortos en el primer año de aplicación de la nueva ley. Según el informe no murió ninguna mujer que se haya practicado un aborto dentro del marco de la ley, con asesoramiento y cuidados médicos. Por el contrario, en el último año falleció una mujer que se hizo un aborto ilegal, de forma clandestina. A su vez, dentro de los abortos controlados por instituciones médicas, hubo una sola complicación grave de una paciente. Se le debió practicar una histerectomía post aborto. El informe del MSP indica también que fue necesario internar a una mujer en un CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) por realizarse un aborto “inseguro”. De los 6.676 abortos realizados, solo en el 0,007% hubo “complicaciones leves”, esto es, 50 mujeres debieron ser internadas. Con estas cifras, la tasa de abortos en Uruguay es de 9 cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años de edad. http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/31144/hubo-6676-abortos-en-el-primer-ano-de-la-ley-que-los-despenalizo   Informe completo del Ministerio de Salud Pública de Uruguay http://www.subrayado.com.uy/Resources/Uploads/RelatedFiles/Docs/aborto_febrero_2014.pdf