Deterioro en las relaciones entre Estado e Iglesia – Periódico La Tercera, Chile

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

EXPRESIONES descalificatorias por parte de autoridades de gobierno, enmarcadas en un programa de cambios y reformas con alto impacto en cuestiones valóricas y morales, han enturbiado las relaciones entre representantes de la actual administración y de la Iglesia Católica. Algunos sectores podrán reclamar por lo que consideran un involucramiento indebido del mundo eclesiástico en las decisiones políticas y sociales, pero lo cierto es que, además de representar las creencias y convicciones de un sector relevante de la población, la Iglesia tiene una larga experiencia que ofrecer en materias fundamentales del debate vigente, como es la educación.

Por eso es que sorprenden las declaraciones de algunas autoridades que optan por desacreditar la visión de obispos y sacerdotes sin abordar el fondo de sus cuestionamientos. Después de todo, más allá incluso del respeto que merecen las opiniones fundadas de toda persona o sector, estas expresiones han terminado por enturbiar una relación que, en otras condiciones, podría cimentar las bases de un intercambio fecundo de conocimientos y experiencias. Particular relevancia tiene, en este sentido, el debate en torno a la reforma educacional, considerando que la propia Iglesia Católica y algunas de sus congregaciones se encuentran entre los principales sostenedores de colegios subvencionados.

La Iglesia podría ser un aliado en el propósito de reformar la educación. De hecho, el documento de análisis de la propuesta gubernamental que presentó la Conferencia Episcopal coincide en el crítico diagnóstico del estado actual de la educación en Chile: “Nos asiste la convicción de que nuestro sistema educacional tiene serias dificultades para dar respuestas adecuadas a las grandes ansias del corazón de nuestros jóvenes”. Asimismo, valoriza las preocupaciones de la reforma en torno a “la calidad y equidad de la educación, la gratuidad del sistema, el lucro con dineros públicos, el endeudamiento de los pobres en la educación superior, la formación docente, la desmunicipalización y el fortalecimiento de la educación pública, entre otros”. Ninguno de estos planteamientos podría calificarse de obstruccionista, como tampoco sus reparos al debilitamiento de la provisión mixta y la imposición de una educación reduccionista.

Las descalificaciones conocidas recientemente sientan un precedente negativo, porque a fin de cuentas desestiman las opiniones por su origen o vinculación religiosa, lo que supondría una suerte de veto no sólo para la Iglesia Católica, sino para las iglesias en general respecto a su posibilidad de participar en el debate público, lo que resulta contradictorio con la aproximación e identificación con determinadas iglesias y creencias religiosas que muchos candidatos buscan en épocas electorales.

Sin duda que la postergación de discusiones de alto impacto valórico, como una legislación en torno al aborto, vienen a descomprimir el ambiente. Pero es la autoridad la responsable de velar por la altura del debate y eso implica, entre otras cosas, no confundir los argumentos con las descalificaciones.

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