El verdadero dilema entre Zuluaga y Santos – Por Juanita León

“El fin de la guerra o la guerra sin fin”, es como Juan Manuel Santos le ha planteado a los colombianos la pregunta que tendrán que resolver el 15 de junio. Es una dicotomía tan simplificada como la que ha sugerido su rival Óscar Iván Zuluaga: la paz sin impunidad (la suya) vs. la rendición del Estado a las Farc. El dilema es mucho más complejo.

Hoy todos los expertos reconocen que las “condiciones objetivas de paz” están dadas.

Por el lado del Establecimiento, los recursos del Plan Colombia aportados por Estados Unidos para financiar la guerra se han reducido a una tercera parte y no hay gran interés en el Estado de seguir haciéndolo en esa magnitud (en el Salvador, por ejemplo, se logró la paz cuando los gringos dejaron de financiar al Ejército y la comunidad internacional al Fmln).

Además, después de ocho años (o 12) de Seguridad Democrática, de la tragedia de los falsos positivos y de dos impuestos al patrimonio, para el Establecimiento ya parece claro que el costo financiero y humano de aniquilar a la guerrilla es superior a una negociación con ellas.

Hay un desequilibrio militar estratégico, principalmente por la superioridad aérea de las Fuerzas Militares y la incapacidad de las Farc de conseguir misiles tierra-aire para contrarrestarlo, lo que ha permitido que la guerrilla reduzca su agenda. Y la economía está lo suficientemente sólida para financiar las reformas que se pacten.

Si la negociación se rompe y arrecia nuevamente la ofensiva guerrillera sería muy difícil que la industria extractiva y la agroindustria jalonen la economía como se lo ha propuesto el Establecimiento.

Por todas estas razones, al Establecimiento le conviene más la negociación que la arremetida militar.

Por el lado de las Farc, la guerrilla ha perdido muchos cuadros que eran importantes para recuperar la iniciativa de la guerra y la expectativa de paz ha tenido un impacto en la mentalidad bélica de la tropa que les supondría un tiempo y un esfuerzo grande para reversar.

La plata de la coca ha disminuído porque los carteles mexicanos han comenzado a comprarla en Perú y su productividad no es la misma.

Si la negociación se rompe, Nicolás Maduro posiblemente no podrá ofrecerles un refugio a los jefes guerrilleros como el que tenían bajo la égida de Chávez y la posibilidad de morir en el combate para los jefes de las Farc es alta.

Mientras tanto, en otros países latinoamericanos ex guerrilleros han llegado a la Presidencia, lo que les permite soñar con llegar al poder por las urnas.

Por lo anterior, la guerrilla parece haber llegado a la conclusión que para alcanzar el poder es menos costoso hacerlo sin las armas.

Tanto el Establecimiento como las Farc son conscientes del costo humanitario y del cansancio de los colombianos con la guerra. También de que la comunidad internacional –sobre todo la latinoamericana- está pendiente del proceso y empujando para su resolución.

Por último está la vanidad. ¿Quién no quiere pasar a la historia tomándose la foto de la firma de la paz?

Todas estas son razones para pensar que cualquiera que sea el Presidente, hará los mayores esfuerzos por conseguir que las Farc dejen las armas.

Dónde se distancian

Lo que realmente diferencia a Santos de Zuluaga -fuera de las élites que cada uno representa- es la forma cómo ambos responden otras preguntas: ¿Qué es negociable? ¿Qué es aceptable para lograr la paz? ¿Quién es más confiable para conducir el proceso?

Estas se concretan en cosas como: ¿cómo se garantizan los derechos de las víctimas? ¿Cuál es el desarme y cómo se verifica? ¿Cuáles garantías jurídicas se brindan? ¿Qué favorabilidad política y qué protagonismo se le otorga a los guerrilleros una vez se desmovilicen? ¿Cómo se va a contar la historia del conflicto? ¿Cuál es la incidencia del proceso dentro de la agenda nacional y cuál el peso político del proceso de paz?

De cómo se respondan estas cuestiones (y se lleven realmente a cabo), habrá en diez años un país u otro muy diferente.

Las premisas del modelo de negociación de Santos son muy diferentes a las que plantea Zuluaga.

Primero, y quizás lo más fundamental, la negociación de Santos parte del supuesto de que existe un conflicto armado que tiene raíces políticas. Especificamente dos: un abandono del campo que ha creado un círculo vicioso de violencia que causa pobreza, que a su vez alimenta más violencia; y una exclusión política para los que se oponen al Establecimiento.

En cambio, Zuluaga, como Uribe, considera que no hay un conflicto armado interno sino una amenaza de un grupo terrorista contra un Estado legítimo.

De la concepción que tiene el gobierno Santos del conflicto, se deriva que el actual proceso está planteado como una negociación entre partes relativamente iguales que reconocen que no se han podido derrotar militarmente, que tienen visiones e intereses políticos contrapuestos, y cuyo fin no es derrotarse en la mesa sino llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado y que, en la medida de lo posible, sea un gana-gana para ambas partes.

La fase de la negociación, que es en la que el gobierno lleva casi dos años, consiste en resolver “el núcleo duro de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz, independientemente del color político o la ideología de cada quien. Todo lo demás es parte de la contienda política que se gana con votos en democracia”, según lo ha dicho el Alto Comisionado y arquitecto del acuerdo Sergio Jaramillo.

Básicamente el gobierno considera que si se logra un desarrollo rural integral y las garantías para que un partido disidente y radical pueda perseguir fines revolucionarios pero a través de las urnas y no de las armas se lograría poner fin al conflicto armado. La negociación consiste en crear las condiciones para estas dos transformaciones.

El que ofrece Zuluaga es un proceso de capitulación de un vencido que no tiene otra salida diferente a aceptar las condiciones que le impone el vencedor. Si las acepta y entrega las armas, habría una recompensa por haber capitulado.

Una recompensa que puede ser tan generosa como las que recibió Karina, la temida guerrillera que Álvaro Uribe ordenó perseguir hasta que se rindió. Una vez lo hizo, Uribe inmediatamente, ordenó dejarla en libertad y convertirla en “gestora de paz”.

“Si ellos muestran una voluntad de querer avanzar en una paz negociada, de suspender todas esas acciones criminales, de generar hechos reales, medibles, verificables, pues claro que estamos dispuestos a dar las oportunidades para que ellos regresen a la vida civil con las condiciones que ya he establecido”, explicó Zuluaga a La Silla Vacía en una reciente entrevista. “Siempre la política de seguridad democrática tuvo el propósito de debilitar y desarticular todas estas estructuras terroristas para llevarlas a una negociación en condiciones dignas para la sociedad

La metodología

Dado que los supuestos de los que parten son tan diferentes, la metodología para lograr los objetivos también varía. El proceso actual arrancó con la firma de un Acuerdo Marco de Negociación entre Sergio Jaramillo y el guerrillero Mauricio Jaramillo, delegado por las Farc.

En este acuerdo se estipuló una agenda concreta de cinco puntos más un sexto de garantías: desarrollo agrario, participación política, narcotráfico, víctimas y dejación de las armas. Una vez se termine esta fase de negociación y se firme el Acuerdo Final, tanto el gobierno como las Farc comenzarían a cumplir con sus acuerdos.

Es en este momento – y no antes- que se daría el cese del fuego bilateral, la identificación de las minas antipersonales, la suspensión del narcotráfico, las comisiones de la verdad, etc. En el proceso que propone Zuluaga, como es de rendición, el cese del fuego unilateral, la identificación de las minas, la suspensión del narcotráfico serían condiciones previas para seguir hablando y si uno le cree, preferiría romper los diálogos antes de ceder en cualquiera de ellas. Como los supuestos y los objetivos de ambas negociaciones son radicalmente diferentes, es de esperar que sus resultados para el país –suponiendo que ambos procesos fueran igualmente exitosos- también lo sería.”

Los países que saldrían
Suponiendo que las Farc esté tan derrotada militarmente como para aceptar las condiciones que les imponga Zuluaga si es presidente, el mejor resultado que podría salir de esa negociación es que la guerrilla deje las armas, pague seis años de cárcel y se reincorpore a la sociedad como lo hicieron los desmovilizados de los paramilitares que no se quedaron delinquiendo como bandas criminales. Los guerrilleros rasos, a los que no se les pueda probar ningún crímen atroz ni delito de lesa humanidad, podrían participar en política en las mismas condiciones de los demás ciudadanos.

“Sería un camino para que ellos entreguen las armas, tengan unas garantías para regresar al seno de la sociedad civil y puedan democráticamente participar en nuestra sociedad si quieren defender unas ideas, dentro de las limitaciones que hemos planteado. Ellos tienen que pagar por el daño que le han hecho a la sociedad”, es como Zuluaga ve un eventual proceso de paz liderado por él.

En otras palabras, las Farc tendrían un mínimo protagonismo político y la negociación tendría muy poca incidencia en la agenda del país.

Al contrario, y a juzgar por lo ya acordado, el proceso de paz de Santos, si funciona, implicaría una transformación radical del campo y de la política, así el presidente-candidato insista en sus discursos que lo único que cambiaría es que habría más plata para invertir en educación o salud.

En el primer punto sobre desarrollo rural, gobierno y Farc acordaron emprender “un vigoroso programa de formalización de tierras”, quizás el punto más revolucionario del acuerdo dado el nivel de informalidad que tiene la propiedad rural.

Como lo contó La Silla cuando analizó este acuerdo, un estudio de Ana María Ibáñez, la decana de Economía de la Universidad de los Andes y una de las mayores expertas en tierras en Colombia, estima que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación.

Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. También se acordó buscar “que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder a ella, mediante la creación de un Fondo de Tierras para la Paz.”

Además, se acordó crear una institucionalidad en el campo, comenzando por jueces agrarios que decidan los conflictos en el campo, que suelen ser la puerta de entrada para que los grupos armados se legitimen resolviéndolos.

También se acordó llevar infraestructura, créditos y los servicios básicos para que los campesinos colombianos dejen de ser ciudadanos de segunda.

“Es la posibilidad de una transformación agraria”, dice el investigador del Iepri Francisco Gutiérrez, quien ha asesorado a la mesa de negociadores en la Habana y ha estudiado durante años el conflicto armado.

La ejecución de estos programas se haría conjuntamente con los guerrilleros desmovilizados, lo que les permitiría “cobrar políticamente” estos logros e irse fortaleciendo como partido político. Zuluaga considera que esto es un exabrupto.

“El campo tiene que modernizarse, tiene que ser competitivo, la política para el campo no está en función de lo que se discuta con la guerrilla”, dijo a La Silla.

Una política muy diferente
Como la lógica de la negociación de Santos es eliminar las causas del conflicto y una de las razones que han aducido las guerrillas para levantarse en armas es la imposibilidad de ejercer una verdadera oposición política dentro de la democracia, el acuerdo sobre participación política crea las condiciones para que las Farc se puedan convertir en un partido político agrario fuerte que eventualmente –si los colombianos votan por ellos- puedan algún día llegar al poder.

Como lo explicó La Silla en su momento, lo más importante del Acuerdo es la idea de democracia directa que introduce y desarrolla. Para ello, acordaron una serie de garantías para la participación política directa de los movimientos sociales en las zonas donde las Farc tiene influencia, que va desde una especie de “estatuto de la oposición” hasta la posibilidad de que tengan minutos gratis en televisión para explicar sus propuestas y participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local.

Además, crean las circunscripciones transitorias especiales de paz, que buscan integrar a las regiones más golpeadas por el conflicto (es decir, aquellas donde tiene presencia las Farc) y es el mecanismo para garantizarles a las Farc una mayor representación política de sus bases en el Congreso.

Básicamente, en lo que consisten estas circunscripciones es en permitir que en estas regiones (al parecer son 11 zonas), y durante un período de tiempo determinado, se puedan elegir “representantes adicionales con unas reglas especiales”.

Esto, traducido, significa que, por ejemplo, la mesa campesina del Catatumbo pueda postular en esta región sus candidatos y lo mismo pueda hacer la Minga en el Cauca y que los ciudadanos de esas regiones puedan votar (o no) por ellos.

Este acuerdo logrado -si se pone en práctica como está pensado- podría modificar desde “abajo” el mismo sistema electoral ya que la participación de la gente sería mucho más directa en asuntos de planeación, de veeduría y de quienes llegan al Congreso.

Al mismo tiempo, ayudaría a fortalecer a las Farc como un partido político agrario.

“Sería un estartazo de participación política y social”, dice una persona que conoce de cerca los acuerdos pero que prefirió hablar anónimamente por el trabajo que tiene. “Una política que ha visto agotar su modelo de participación política, que ha trivializado el debate, que tiene niveles históricos de abstención, va a tener que competir con una pluralidad de discursos radicales, reivindicativos y contestarios. No va a ser fácil. Pero es una oportunidad de vigorizar la democracia.”

Pero quizás donde más se ven las diferencias entre los dos ‘modelos’ de proceso de paz es en el tema del narcotráfico.

Para Zuluaga, las Farc “son el mayor cartel de narcotráfico del mundo”, como lo repitió en todos los debates. En esa medida, a él le parece absurdo negociar con ellos la política de drogas.

Para Santos, según quedó por escrito en lo acordado en el tercer punto, el conflicto antecede al narcotráfico y aunque este negocio ilegal ha financiado el conflicto, las Farc no se agotan en el narcotráfico ni el narcotráfico en las Farc. Como el gobierno reconoce que las Farc no hacen la guerra para traficar, la negociación en este punto buscó una fórmula para trabajar conjuntamente –gobierno y Farc- en darle un vuelco a la política antidrogas.

La idea es que la meta de no tener cultivos ilícitos pase por tener un territorio con poblaciones que no estén incentivadas a meterse en la coca, para lo cual buscarían primero la erradicación concertada con las comunidades y dentro de un ambicioso programa de desarrollo rural.

Las Farc reconocieron que el narcotráfico financia el conflicto y se comprometieron a salirse del negocio y a ayudarle al país a entender cómo opera la “cadena de valor” del narcotráfico y del lavado de activos, algo que el Estado sabe en términos generales pero no en detalle, lo que dificulta la persecución de las organizaciones criminales.

En este último acuerdo es la primera vez que las Farc se comprometen a cosas puntuales. En el siguiente módulo, que es el de víctimas, lo tendrían que hacer mucho más.

Aunque, como es una negociación entre “iguales”, el Estado también tendrá que reconocer que en ocasiones ha sido también victimario y tendrá que asumir su culpa en el conflicto, algo que para el uribismo es una afrenta.

La historia del conflicto que saldrá de la negociación con Santos será muy diferente de la que saldría de una eventual negociación como la quiere Zuluaga.

En conclusión, en el proceso de paz liderado por Santos las Farc tendrían un mayor protagonismo político y lo que allí se pacte –si se cumple lo acordado- tendría un impacto profundo en la democracia del país. El de Zuluaga, suponiendo que él se mantenga en sus condiciones y que logre que las Farc las acepten, sería un proceso más parecido al que se hizo con los paramilitares.

Eso es lo que los colombianos decidirán el 15 de junio.

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