Honduras: en los últimos dos años, más de 18 mil comercios han cerrado por cobre de “impuesto de guerra”

Honduras: Más de 72 mil empleos perdidos por extorsión

Entre 2012 y 2013 se han cerrado unas 18 mil pequeñas empresas por el cobro del impuesto de guerra, pero la cifra subirá con las clausuras de negocios en este año.

La extorsión se convirtió en un monstruo que, además de sembrar luto y dolor, ha truncado el sueño de pequeños empresarios que se han visto obligados a cerrar sus comercios al no poder tener capacidad de pagar este cobro ilegal.

Entre 2012 y 2013 han cerrado unos 18 mil negocios y consecuentemente se han perdido al menos 72 mil empleos, según la cámara de comercio e industrias de Tegucigalpa CCIT.

Estas cifras son conservadoras porque se hacen en base al cálculo de los empleos directos e indirectos que genera el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes).

Una pequeña empresa está conformada por de 1 a cinco empleados, por lo que como mínimo se han perdido 18 mil empleos directos.

De igual manera, estas pequeñas sociedades hacen que se produzcan de 3 a cuatro empleos indirectos, razón por la cual , en el panorama menos crítico, se anularon 54 mil plazas indirectas.

El cierre de 18 mil empresas pequeñas en dos años implica que cada día fueron clausuradas unas 25 sociedades mercantiles.

La gerente de Desarrollo Empresarial de la CCIT, Desiré García, dijo que el efecto de la extorsión no solo se ve reflejado en la pérdida de empleos sino que también esto tiene efectos sobre el sistema tributario.

“Se dejan de pagar tributos, cotizaciones al RAP, al Seguro Social”, remarcó García.

La gerente indicó que no hay un estudio que determine cuántas empresas que cierran pueden reabrir y cuántos de los que perdieron empleos vuelven a conseguir trabajo en un mediano o largo plazo.

Quienes quedan sin ocupación buscan espacio en la economía informal, pero tampoco hay estadísticas precisas sobre el tema.

“Hay pequeños empresarios que cerraron y buscaron trabajo de empleados”, acotó.

A las 18 mil pequeñas empresas que cerraron entre 2012 y 2013 habría que sumar las que también clausuraron en los primeros cinco meses de 2014.

La CCIT espera conocer los datos sobre incidencia de la criminalidad en el sector empresarial correspondiente al primer trimestre de este año, en el que se consignarán las empresa cerradas por el cobro del impuesto de guerra.

En Honduras existen unas 300 mil pequeñas empresas y solo en Tegucigalpa se aglutinan 49,722, según la CCIT.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de la capital, realizada entre 2,920 propietarios de empresas, un 13 por ciento dijo que el principal obstáculo para invertir en Honduras es la extorsión.

Otro 13 por ciento opinó que el crimen organizado es la mayor barrera para que se instalen empresas.

Pero el 22 por ciento es del parecer que la violencia en general es la que frena la inversión privada.

Incidencia negativa

El ministro de Desarrollo Económico, Alden Rivera, admitió que la extorsión es uno de los principales lastres de la economía nacional.

“Obviamente hay una incidencia negativa en el comportamiento de le economía, de cierre de negocios que se ven afectados por casas de extorsión”, expresó.

Compete a la Secretaría de Seguridad dar respuestas a la ciudadanía sobre el combate a este flagelo, aclaró el funcionario.

“Estaremos a la espera de que esas expectativas se cumpla por parte de la Secretaría de Seguridad, han hecho un ejercicio extraordinariamente bueno”.

No obstante, Rivera valoró que Seguridad ha dado importantes golpes a las bandas de los extorsionadores.

“Trescientas bandas de extorsionadores desarticuladas, eso es positivo en términos de seguridad, pero también es positivo en términos de economía, sobre todo en pequeños y medianos y microempresarios que se ven afectados por estas acciones ilegales”.

“Estoy seguro de que vamos a tener éxito, estoy seguro de que vamos a pasar en un estrato de vida mejor”, remarcó.

La Secretaría de Seguridad creó en 2012 la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) como entidad especializada para afrontar este flagelo.

Desde se apertura en marzo de 2012 a mayo de 2014, la FNA contabiliza casi mil extorsionadores detenidos que han sido procesados judicialmente.

Producto de los arrestos también se ha logrado que se dejen de pagar a estos criminales unos 56.7 millones de lempiras.

De cobradores a empresarios

Aunque las cifras de cierre de pequeña empresa son escalofriantes, el rubro del transporte es el que más ha sufrido por la extorsión.

Y el mayor enemigo de los transportistas está en sus entrañas. Labores de inteligencia de la FNA apuntan a que decenas de cobradores y choferes de unidades están coludidos con los extorsionadores.

“Los que más saben cuando un transportista compra una unidad o la renta diaria que reciben son los cobradores o conductores y hay algunos que pasan esta información a los extorsionadores para que exijan a los propietarios el dinero”, dijo un elemento de la FNA.

“Los ayudantes de las unidades pasan mucha información más sobre dónde vive el transportistas, quiénes son sus familiares… y ese tipo de información se la dan a los extorsionadores para que intimiden a los dueños de unidades”, acotó la fuente.

Cuando algunos conductores de buses son llamados a declarar, muchos de estos dan datos erróneos para no identificar a los extorsionadores y así no darles captura.

“En ocasiones se planifican entregas controladas que pagarán los conductores, pero hay quienes hacen el pago y luego avisan a las autoridades y por eso se pierden algunos arrestos”, agregó el miembro de la FNA.

La extorsión en el rubro del transporte no se limita a la exigencia del pago de dinero, también los delincuentes exigen que les permitan incluir sus propios buses en puntos o estaciones.

“Tenemos conocimientos de personas que comenzaron como ayudantes de un transportistas que tenían solo un bus y ahora ese ayudante tiene dos buses, tiene más dinero que el que fue su jefe”, remarcó la fuente.

Una de las medidas que se han puesto en práctica para combatir la extorsión en el transporte público es el proceso de registro, documentación e identificación de conductores de unidades que comenzó en marzo de este año.

Algunos choferes han optado dejar de trabajar para no ser incluidos en ninguna base de datos.

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