Tras décadas de crisis originadas en la región, América latina se encuentra ante una coyuntura internacional favorable para su crecimiento. Una nueva arquitectura financiera, enfocada en la cooperación, el desarrollo y la integración, será clave para potenciar este proceso.

América latina ha sido altamente sensible en las últimas décadas a ciclos de auge y caída del comercio mundial, de fervor especulativo y quiebras financieras, de expectativas de crecimiento y frustración. Los vaivenes no han sido neutros. Estos han tenido un correlato de crisis políticas, ajustes económicos y sociales severísimos, cuyas consecuencias persistentes son la continuidad de un atraso estructural cuyos costos han sido cargados esencialmente en los sectores más desprotegidos de la sociedad.

La mayor internacionalización y apertura de los mercados financieros fue interpretada por organismos multilaterales y sectores dirigentes y creadores de opinión como muestras ejemplares de modernización, competencia e internacionalización, y las claves para el desarrollo económico. La realidad ha sido no sólo que no se han cumplido las promesas de integración armoniosa y complementaria de ahorro y crédito, sino que las economías periféricas han quedado crecientemente expuestas a cambios muy rápidos e inciertos.

La crisis económica mundial actual ha puesto en evidencia los peligros provocados por un proceso de globalización y concentración financiera no basado en la complementación y armonización de capacidades y recursos, sino sólo en la confianza en que los mercados libres y desregulados traerían crecimiento y equilibrio permanentes.

El proponer una visión distintiva no puede basarse en repetir evidencias de los efectos negativos de los mecanismos de concentración y de la exposición endeble de los sectores económicos y sociales a las consecuencias de la enorme crisis financiera mundial. Es preciso plantearse el desafío de analizar con seriedad condiciones, acechanzas y oportunidades potenciales para elaborar propuestas específicas y prácticas consistentes para que la economía productiva y no especulativa mantenga su dinámica imprescindible para sostener el impulso emprendedor social.

La gigantesca crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2008 ha retornado con mayor impulso en la última parte de 2011, siendo su centro de referencia el drama europeo. Pese a los salvatajes estatales posteriores para evitar el colapso, y el mejoramiento circunstancial de los mercados, luego de un período de expectativa acerca de que “lo peor ha pasado”, la incertidumbre ha vuelto a estar presente en la economía mundial. Se abren nuevas alternativas para que la dinámica económica sufra ahora nuevos embates por la caída de la demanda efectiva al comenzar a reflejarse en forma más generalizada una ola de desocupación que ya golpea a millones de personas. El consumo y la inversión tienden a caer por la caída de la actividad, los menores ingresos hogareños, la falta de crédito y las exigencias de cancelación de deudas. Se anticipa una nueva etapa de dificultades financieras por la incobrabilidad de deudas personales y empresariales. Son tan sensibles los efectos contractivos que los Estados son compelidos a ajustar sus gastos al haberse desarticulado las finanzas públicas y por ende la sociedad debe hacerse cargo del zafarrancho financiero, aun a costa de mayores impuestos cuando disminuye la actividad económica, y de la disminución de gastos sociales justamente cuando son más imprescindibles. La crisis va para largo y tendrá más capítulos.

Esto lleva a advertir sobre algo sabido de antiguo: las crisis económicas, sobre todo cuando son muy severas, pueden llevar a desarticular las sociedades en un “sálvese quien pueda”, y de no existir contrapesos económicos, financieros y sociales que impidan esta desarticulación, la marginación productiva y social pueden ser enormemente regresivas.

La gran crisis anterior, de mediados de los años ’70, desembocó en cambios de las políticas monetarias norteamericanas como la suba abrupta de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces conducida por el actual asesor del presidente de ese país, Paul Volcker. La resolución de la crisis por el ajuste cerró entonces la etapa de la posguerra de la “economía del bienestar”, caracterizada habitualmente por la intervención y participación del Estado a través de mecanismos regulatorios, para abrir paso al que bien conocemos –y sufrimos– período neoliberal. La crisis del capitalismo dio origen a un período reaccionario o regresivo para la sociedad –en América latina acompañó el último ciclo dictatorial y desarticuló la esperanza de recuperación de mejores condiciones de vida a los sectores populares y una más justa distribución del ingreso con gobiernos democráticos–. Esto puede volver a suceder si esta crisis mundializada también termina por resolverse por iniciativa de los mismos actores.

A diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores en que los países periféricos anticipaban y centraban desajustes internacionales, la enorme crisis a partir de 2007/2008 se ha manifestado con gran virulencia en países centrales. Más aún, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial (1939/1945), se suman condiciones propicias coyunturales para América latina en sus relaciones con la economía mundial: el mejoramiento circunstancial de los términos de intercambio por la demanda creciente de productos primarios de exportación por parte de las nuevas economías emergentes, flujos de capitales positivos ante las bajas tasas de interés en plazas financieras tradicionales, altos niveles de reservas de bancos centrales, etc. Este escenario propicio se manifiesta en forma desigual y contradictoria de país a país y hasta sector por sector, y ello se debe, en gran medida, a la relación directa de mayor o menor dependencia con economías y mercados en receso o expansión, y al acceso a fuentes de financiamiento para el capital de trabajo; y por supuesto, en forma mucho más restringida, para la inversión, que se limitan para muchos emprendimientos/actividades justamente por la “aversión al riesgo” que se ahonda aún más con la incertidumbre mundial.

Si bien se diluyeron los temores inmediatos a consecuencias negativas para América latina gracias el mejoramiento referido en las condiciones externas y el efecto, no menor, de medidas activas anticíclicas aplicadas, ha seguido persistiendo la preocupación por la inestabilidad internacional al mismo tiempo que se presentan nuevos desafíos. Deben ser incorporadas temáticas que requieren, por su trascendencia, una especial atención y la necesidad de tomar posición ante negociaciones y debates en desarrollo tales como soberanía económica y financiera; la coordinación monetaria para evitar peligrosas disputas por “devaluaciones competitivas”, el afrontar en forma común la crisis; bregar por una nueva arquitectura financiera que afronte los peligros de las olas especulativas; establecer regímenes para la inversión extranjera que defiendan el interés nacional y se vinculen a las necesidad de desarrollo nacional; impulsar un comercio regional más amplio y armónico y posiciones comunes en negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (incluyendo servicios financieros); la imprescindible atención a la necesidad de cambiar y financiar el patrón productivo e industrial poniendo énfasis en el cuidado del medio ambiente, y el revertir una depredación descontrolada de recursos naturales no renovables.

Los nuevos significados para el Banco del Sur

Existe hoy, en particular en América latina, en forma notable si se compara con otras regiones del mundo, un positivo impulso común de maduración y conciencia de la necesidad de una mayor unidad regional no sólo política, sino también para implementar respuestas comunes y/o de mayor complementación, no sólo de tipo comercial/aduaneras, como ha sido habitual en las iniciativas históricas de integración, sino también de tipo financiera, en una denominación muy general como “nueva arquitectura financiera regional”.

Por cierto, más allá del renacido optimismo actual, las lecciones del pasado reciente están bien presentes. Sucesivas crisis han demostrado el deslinde de responsabilidades por quiebras y desbarajustes del sistema financiero y la misma exigencia de socialización de sus consecuencias con más ajustes: los mayores saltos de crecimiento del endeudamiento público han reflejado cada desmadre.

El creciente rechazo de los pueblos contra las consecuencias de las políticas de apertura y desnacionalización financiera se asienta entonces en una dura y repetida experiencia común. En este marco es preciso analizar con mucha atención la iniciativa de poner en marcha el Banco del Sur con el propósito de abrir para América latina “una nueva lógica financiera de la región, enfocada a la cooperación y al desarrollo y a la integración de una gran nación”. De todas formas, la simple formulación de la necesidad de una institución alternativa, aunque resulte muy importante, no alcanza. En tal perspectiva, el debate sobre la formulación institucional, recursos, políticas, condiciones operativas y de gestión de una banca alternativa “sur-sur” tiene importancia central.

Por lo pronto, hay preguntas que deben ser claramente planteadas: ¿se apunta sólo a la creación de una institución complementaria y/o en competencia con entidades multilaterales internacionales, regionales o privadas y un esquema de mercados financieros abiertos, desregulados y altamente expuestos a rápidos e inciertos movimientos globales de capitales e inestabilidad cambiaria? ¿Se aspira a la simple repetición del esquema de los bancos de desarrollo y fomento en auge en las décadas de los ’60 y ’70 que, debe reconocerse, acarreó también una repetida dinámica perversa de vaciamiento, transferencia regresiva de capitales e ingresos, corrupción y un gigantesco endeudamiento público? ¿Es factible y realista proponerse avanzar en este momento en la creación de un sistema financiero público “sur-sur” alternativo que apuntale la autonomía y la complementación regional económica, incluyendo la perspectiva de una moneda común?

La repetida dinámica perversa de subordinación de políticas públicas a privilegios de acumulación privada (avales y créditos, subsidios, exenciones o privilegios impositivos y arancelarios, salvatajes, seguros de cambios, compras públicas digitadas, etc.) y sus secuencias de corrupción y malversación son sin duda factores centrales para haber llevado a América latina a ser una de las regiones en el mundo con peor distribución de la riqueza. De allí la irónica situación verificada tantas veces por la justa percepción popular, que no requiere de especialización de análisis económico: el reparto de beneficios es muy regresivo en épocas de expansión: “Las ganancias son sobre todo para ellos”, y se aplica una socialización brutal de los costos en épocas crisis: “Los problemas los pagamos nosotros”.

Más allá de una bonanza circunstancial, el panorama financiero de América latina está altamente influido por la dinámica de un contexto internacional muy fluido y frágil. Nuevas tendencias deben ser meticulosamente analizadas y respondidas. La falta de resultados, la incertidumbre y presiones retrógradas antipopulares deben generar respuestas consistentes a los mayores dilemas y desafíos.

En este marco tan dinámico e incierto, el impulso inicial del Banco del Sur ha pasado de ser una mera y sencilla idea-fuerza general a una iniciativa que ha ido ganando en los últimos meses fuerza, interés y hasta pasos precisos para su concreción. Generar una nueva arquitectura financiera alternativa es un desafío enorme. El debate en torno del Banco del Sur no es en relación con una expresión utópica o irrealizable de ideas, sino que avanza y sintetiza el entrelazamiento de movilización, tomas de posición y reacciones en desarrollo hoy con las duras lecciones de las últimas décadas.

La historia de América latina está llena de ejemplos de entidades con nombres “sociales”, “populares” y “desarrollistas” cuya perspectiva termina subordinada a la competencia de los mercados de capitales abiertos o son vaciadas/quebradas por intereses creados y grupos de interés acomodados.

Una nueva estructura financiera intrarregional debe partir de una clara diferenciación de objetivos, organización, normativa, operatoria y control democrático público respecto de las entidades financieras multilaterales cuestionadas como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Son aspectos clave a contemplar: a) su exclusivo carácter público; b) la participación igualitaria de países de mayor y menor envergadura económica; c) generar fuentes de capitalización y mecanismos para que el ahorro regional no sea rehén de una volátil inestabilidad financiera internacional; d) establecer prioridades y condiciones para el otorgamiento de créditos y/o garantías, en relación a necesidades estratégicas tanto productivas como sociales; e) canalizar la captación del ahorro para financiar proyectos clave de desarrollo con una mayor amplitud de variables para su evaluación de factibilidad y prioridad, y f) establecer una gestión eficiente y cuidadosa de recursos, con transparencia informativa y control democrático permanente.

En una era de mercados globalizados, crear condiciones y alternativas financieras para América latina no es una tarea simple. Además, el camino del Banco del Sur no puede estar desvinculado de un horizonte estratégico de complementación financiera que apunte a armonizar políticas monetarias y estabilizar relaciones a través de un uso más eficiente y extendido de los mecanismos de compensación entre bancos centrales, la utilización de mecanismos de intercambio con monedas locales, la utilización de “canastas de monedas” para estabilizar cotizaciones, y dar un horizonte de mayor previsibilidad a los intercambios.

Fuente: Jorge Marchini – Voces en el Fénix