Argentina: crean equipo móvil para casos de aborto no punible en la Provincia de Buenos Aires
Por Camila Parodi. Un móvil practicará abortos no punibles en el territorio bonaerense cuando médicos o médicas acusen “objeción de conciencia” para no respetar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Un logro del colectivo feminista, pero la lucha sigue.
En el marco de las Jornadas de Sensibilización en Aborto No Punible (ANP), llevadas a cabo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el titular de esa cartera, Alejandro Collia, dio a conocer una nueva medida: la aplicación de un “Equipo Móvil de Emergencia para casos controversiales de ANP”. En diálogo con Marcha, activistas feministas que participan de la mesa de diálogo con las autoridades explicaron cómo surge esta propuesta impulsada desde el debate interno de las organizaciones sociales y la lucha que resta por dar hasta que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
El anuncio viene a reparar en parte una ausencia que viola los derechos de las mujeres hasta el límite de poner en peligro su integridad. Se trata de un móvil que irá hacia donde se encuentra la paciente cada vez que en los centros sanitarios de su lugar el equipo médico manifiesta que no interrumpirá el embarazo por “objeción de conciencia”. El nuevo dispositivo se define como “de emergencia” y actuará hasta las 12 semanas de gestación. Si bien la medida fue bien recibida por los movimientos que buscan la equidad, falta reconocer que la acción se inspiró en pedidos de colectivos feministas. Y que aún la conquista plena de las necesidades humanas de las ciudadanas no fue alcanzada.
Luego de que en el Hospital de Moreno se le negara en mayo último el ANP a una niña de 13 años violada, movimientos feministas que gestionaron y acompañaron la situación para que la nena cumpla con sus deseos de interrumpir el embarazo denunciaron la obstaculización cotidiana que atraviesan las mujeres por parte de médicos, directores y funcionarios públicos en el sistema de salud para que se aplique la ley reglamentada en 2010 en la provincia de Buenos Aires que ordena salvaguardar la salud de la mujer ante gestaciones que pongan en riesgo su salud, haya sido producto de una relación sexual no consentida o conviva con alguna discapacidad mental.
En ese contexto, para aprovechar la efervescencia y el lugar que tomó la temática en la agenda, organizaciones sociales, feministas, gremiales y profesionales de la salud lograron articular y conformar una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud con el fin de avanzar en la aplicación de la ley y profundizar en conjunto la política pública. Si bien las propuestas y objetivos de las organizaciones aún no fueron atendidos, la realización de las primeras jornadas de sensibilización y capacitación en ANP y el anuncio del equipo móvil de emergencia son celebradas como logros.
En conjunto, la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste, Conurbanas, Mujeres al Pie del Cañón y Mujeres al Oeste -organizaciones feministas comprometidas con los derechos de las mujeres y en particular con el caso de Moreno- participan desde un inicio con propuestas y reclamos en cuanto a las responsabilidades del Estado ante los ANP. Entre las ideas llevadas a las reuniones están las que se encuentran en el plano de la urgencia, como la necesidad de un mapeo y ‘recursero’ de los lugares a donde conviene concurrir para provocar esta clase de aborto, para que las organizaciones puedan manejar esta información y no encontrarse con las burocracias que traban la práctica.
En un segundo plano, se propuso la revisión de su uso y actualización de protocolos de actuación. También, la realización de capacitaciones y actualizaciones permanentes de los equipos de salud estatales en los temas sobre los que tienen responsabilidad. Por otro lado, la reglamentación de la objeción de conciencia, con la necesidad de establecer un registro de objetores y objetoras, y su difusión. A su vez, demandaron aplicar sanciones a los profesionales que no cumplan con las leyes, reglamentaciones y protocolos.
Otra insuficiencia encontrada por las organizaciones en la aplicación de la ley radica en el ámbito de la academia porque se requiere que “los médicos del mañana” tengan conocimiento de la ley en su formación actual de grado y de posgrado por parte de los equipos de salud en ANP, como así también en otros temas relacionados con el aborto. Es dentro de esa propuesta que se sitúa la jornada de sensibilización en ANP que se llevó a cabo el pasado lunes 5 de agosto en la Universidad de La Matanza donde el ministro Alejandro Collia confirmó la aplicación del móvil de emergencia. Si bien la convocatoria a la formación fue tardía y selectiva, según analizan las integrantes de las organizaciones, el anuncio fue bien recibido y asumido como logro del movimiento feminista.
Un “paliativo”, un avance
Luego de la noticia, en diálogo con Marcha, Florencia Maffeo integrante de la Colectiva Feminista Rabiosa y de la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste, expresó que “el equipo móvil es un avance logrado por los reclamos de las organizaciones ante las negativas de atención de los abortos no punibles. Es una de las respuestas ante la insistencia de que se garantice el acceso a los ANP en los hospitales donde llegan las mujeres, que se puso en debate con lo que ocurrió en Moreno y que se vuelve a poner en evidencia con el reciente caso de La Plata en el que querían trasladar a una mujer pero finalmente se consiguió que la interrupción se hiciera en el mismo hospital.”
En esa línea, Zulema Palma de Mujeres Al Oeste pronunció que “este equipo es un paliativo para una situación que producen los equipos médicos hospitalarios y también producto del accionar tardío y muy inadecuado del propio Ministerio de Salud de la Provincia en el tema. Situaciones recientemente vividas en Moreno con la niña de 13 años violada no deberían ocurrir y menos que se tomen represalias con el personal del hospital que cumplió con las leyes y la ética.”
Por su parte, Lorena Alderete, de Mujeres Al Pie del Cañón, coincide con que si bien “con el equipo móvil no se llega a solucionar el problema de la aplicación de la ley de ANP, ya que debería haber de mínima uno por región, es un gran paso para los movimientos de mujeres que pusimos y ponemos nuestro cuerpo, cabeza, tiempo y dinero para que ninguna mujer vuelva a atravesar una situación tan violenta como la niña de Moreno.”
Palma revalida que para el anuncio de esta medida “algo tuvo que ver la mesa de diálogo”, pero que en realidad el foco debe estar puesto en otro lado: “Lo que nosotras solicitamos hasta ahora no fue respondido. Por ejemplo, que pasen la lista de hospitales de referencia para hacer ANP que dicen tener pero que nunca vimos ni nos entregaron.” Por eso, el espacio de trabajo conjunto será el espacio para profundizar en la aplicación concreta de los pedidos de las organizaciones.
“Sabemos que todavía queda mucho, que este no es el estado ideal de la situación -como comentó Maffeo – y quisiéramos que no hubiese un equipo de emergencia, que todos los equipos de todos los servicios realizaran la práctica. Pero logramos que el Ministerio de Salud se comience a tomar en serio la política sobre ANP, que avance en las capacitaciones, que se busquen los mecanismos que garanticen el acceso en todos los casos.” Hay un paso más: “Nos quedará evaluar el impacto de estas medidas, seguir trabajando para que esto sea efectivo siempre, y no sólo por el momento, y para que se mejore toda la política pública.”
Mientras, el Estado no garantiza el acceso al aborto y el debate para que sea legal, seguro y gratuito para las mujeres se cajonea en el Congreso. También se obstaculiza la práctica en los casos que se encuentra legalizado como es con los abortos no punibles, mediante las burocracias y objeciones, que legitiman así la violencia institucional hacia las mujeres, que está en correlación con otras violencias: simbólica, obstétrica, psicológica y física. Para romper con ello, Maffeo afirmó que las organizaciones feministas mantendrán su reclamo por el derecho a elegir. “Sabemos que la despenalización y legalización del aborto es la política pública concreta que permitirá allanar el camino para que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, y que se reconozca al aborto como un derecho”, enfatizó.
