Contra la especulación: todos los supermercados deberán instalar el sistema biométrico

El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó este jueves que el 30 de noviembre del presente año todas las redes de alimentación públicas y privadas del país deben tener instalado el sistema biométrico de abastecimiento.

Este sistema, que será implementado mediante captahuellas, permitirá reducir las reiteradas compras de productos por parte de un mismo usuario, que podrían ser destinados al contrabando o a la economía informal.

“El 30 de noviembre deben tener todos los supermercados e hipermercados del país una captahuellas, que permita verificar la cantidad de compras, con esto una justa distribución y atacar el bachaqueo”, dijo durante la inspección a la cadena de hipermercados Makro.

Añadió que habrá la suficiente disponibilidad en los productos de la canasta básica que requieran los venezolanos. “Va a estar por encima de los márgenes de necesidad familiar”.

Días pasados, Méndez indicó que el sistema tendrá características similares al Sistema Superior de Abastecimiento Seguro que se desarrolla en establecimientos de las redes públicas de distribución de alimentos como Pdval, Mercal y Abastos Bicentenarios del Zulia, estado donde se han registrado mayores índices de contrabando hacia Colombia, por su ubicación geográfica.

El superintendente agregó que los dueños de supermercados en el país fueron informados en una reunión sobre la instalación del sistema biométrico, “que servirá para la medición del abastecimiento a nivel nacional”.

La noche de este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó que el sistema biométrico funcionará con captahuella similar como la utilizada por el Consejo Nacional Electroral (CNE).

“Eso va a ser como las captahuellas en el sistema electoral: una bendición antifraude (…). El sistema de comercialización y distribución a través de la aplicación del sistema biométrico será un sistema perfecto. Estoy seguro de eso. Para algo es la tecnología”, dijo durante una reunión con la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

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Presas otras 28 personas por contrabando en Táchira, Zulia y Apure

El Ministerio Público logró privativa de libertad para otras 28 personas en los estados Táchira, Zulia y Apure, por su presunta vinculación con el contrabando de material estratégico, combustible y productos de la cesta básica, entre ellos un hombre por especulaciòn, acciones que van de la mano con las políticas impulsadas por el Estado venezolano para acabar con este flagelo.

En ese sentido, las fiscalías 18º, 46º, 48º, 14º y 6 del estado Zulia, imputaron a Héctor Vílchez, Rumildo Barroso, Luis González, Jhoangert López, Silveris Acosta,Luismeiro González, Reinaldo Báez, Simón Iguarán, Stepheson Atencio, Ana Fernández, José Urango, Gerardo Vílchez, Barich Zakour, Iván Díaz, Winder Tinaure,Edilson Mora, Johandry Delgado, Yanitzon Cordero, Javier Suárez y Javier Martínez, por el delito de contrabando de extracción. Reseña nota de prensa emitida por el organismo.

A su vez, la Fiscalía 48º de ese estado imputó a Ángel Medina por presuntamente incurrir el delito de especulación.

De igual modo, la Fiscalía 4º de Apure imputó a Robersi González, Daniel Ferro y José Solórzano, por el delito de extracción ilícita de combustible.

Igualmente, la Fiscalía 17º del estado Táchira imputó a Armando de La Rosa, José Parra, Roberto Céspedes y Orlando Pupo, por los delitos de contrabando de extracción y tráfico ilícito de material estratégico.

Tales acciones están previstas y sancionadas en las leyes Orgánica de Precios Justos, Contra la Corrupción, y Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Los tribunales de control de los estados Táchira, Zulia y Apure, con base en los elementos de convicción y a solicitud de los fiscales, dictaron la medida privativa de libertad para estas otras 28 personas, quienes se encuentran recluidas en centros penitenciarios del país.

Asimismo, ante la solicitud del Ministerio Público, los tribunales ordenaron la retención de los vehículos utilizados para realizar las actividades de contrabando.

Entre los procedimientos coordinados por los fiscales y ejecutados por la Guardia Nacional Bolivariana y los diferentes organismos de seguridad, se determinó la presunta vinculación de estas personas con el contrabando de cemento cable, gasolina, gasoil, café, aceite, jabón, lavaplatos, entre otros.

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