Joseph Harold Pierre, intelectual haitiano: “Sería ingenuo creer que con las críticas a la sentencia 0168/13 se acabarían todas las formas de discriminación anti-haitiana en República Dominicana”

Mucho se ha hablado y escrito sobre la sentencia 0168/13, adoptada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta medida jurídica despoja de su nacionalidad a más de 200 mil dominicanas y dominicanos de origen haitiano, bajo el pretexto de que sus padres haitianos son migrantes irregulares que están en tránsito en el país; irregularidad que se transmitiría de padre a hijo.

Estos dominicanos que pertenecen a la primera, la segunda e incluso (algunos de ellos) a la tercera generación de los migrantes haitianos se encuentran de un día para otro sin nacionalidad, en el único país que conocen y que los vieron nacer; muchos de ellos no hablan creole ni francés, los dos idiomas oficiales de Haití. Son los nuevos apátridas del siglo XXI, víctimas de una sentencia “legal” pero injusta que definitivamente ha marcado un parteaguas en las relaciones entre Haití y República Dominicana y que ha llevado a la llamada comunidad internacional a denunciar esta sentencia “discriminatoria” en contra de una minoría étnica: los dominicanos afro-descendientes, hijos de migrantes haitianos.

Ante esta ola de condenas, el gobierno dominicano viene realizando esfuerzos por resolver de manera humanitaria la suspensión de la documentación de dominicanos de ascendencia haitiana, por ejemplo, mediante la publicación de la Ley 169-14 del 23 en mayo de 2014 y el Reglamento para su aplicación (a través del Decreto 250-14 del 23 de junio del mismo año); pero, tal como lo plantea el Movimiento Reconocidos, hacen falta más acciones y hechos para que estas legislaciones garanticen un acceso real, ágil y efectivo a la documentación para quienes ya estaban inscritos en el registro civil dominicano o quienes nunca fueron inscritos por este gran muro institucional y administrativo.

El debate no es sólo legal, sino que tiene un trasfondo histórico y cultural complejo que hay que entender. Haití y República Dominicana son dos países que comparten una pequeña isla ubicada en el Caribe. La isla tiene una extensión geográfica de 76.480kilómetros cuadrados, de los cuales Haití tiene 27.500kilómetros cuadrados y la República Dominicana 48.440kilómetros cuadrados. Haití, la primera república negra en el mundo, se independizó de Francia en 1804, mientras que la República Dominicana fue colonizada por España y luego por el país vecino de 1822 a 1844. Cerca del 90% de la población haitiana es negra, mientras que los dominicanos cuyo idioma oficial es el español se consideran hispanos e incluso “indios”.

A pesar de estas diferencias, ambos países tienen mucho en común, por ejemplo: una población que es dominicana, pero que desciende de los haitianos (los llamados domínico-haitianos o dominicanos de origen haitiano). Cuando los Estados Unidos de América ocuparon los dos países de la isla, primero Haití en 1915 (hasta 1934) y la República Dominicana en 1916 (hasta 1924), los ocupantes “facilitaron” la migración de los haitianos hacia los “bateyes” dominicanos para que éstos trabajaran en las empresas azucareras norteamericanas. He allí uno de los grandes “orígenes” de la migración haitiana que se dio justamente en el marco de la introducción del capital estadounidense en la isla y, de hecho, en el Caribe y el resto del continente americano.

Sin embargo, a pesar de la gran utilidad de la mano de obra haitiana para el sector productivo dominicano, principalmente la industria azucarera (“los necesitamos, pero no los queremos”, reza un dicho), el dictador dominicano, Rafael Leonidas Trujillo, ordenó en 1937 la masacre de miles de haitianos para “dominicanizar” al país. Así se consolidó la ideología anti-haitiana que marcó definitivamente las pautas y los engranajes del sistema educativo, la cultura, la clase política e intelectual, algunos medios de comunicación, varias religiones e incluso las estructuras del Estado dominicano. Un anti-haitianismo “sistémico”, “institucional” que buena parte de la sociedad dominicana denuncia y combate, desde su lucha por un país incluyente, justo, democrático y respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad humana.

Esta lucha es contrarrestada por sectores “ultra-nacionalistas” dominicanos, pero ampliamente apoyada por intelectuales y organizaciones de derechos humanos haitianos y también por dominicanos que residen en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, etc. La Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado reiteradamente su rechazo enérgico contra aquellos actos, actitudes, políticas y decisiones jurídicas de corte discriminatoria que violan los derechos de los migrantes haitianos y sus descendientes en República Dominicana. El rechazo es cada vez más generalizado.

Uno de los intelectuales que ha venido aportando a esta lucha es Joseph Harold Pierre. Es haitiano; vive en carne propia y conoce muy bien la realidad de los migrantes haitianos y sus descendientes en el país vecino. Habla de lo que sabe y vive. Realizó sus estudios universitarios en República Dominicana, donde se graduó como magíster en Economía y licenciado en Filosofía. Ha vivido sus últimos diez años como migrante en República Dominicana, donde ha ejercido la docencia universitaria y realizado una serie de consultorías para entidades gubernamentales dominicanas y organizaciones internacionales.

Este intelectual se ha destacado también por su trabajo de movilización y organización de los estudiantes y jóvenes profesionales haitianos que viven fuera de Haití para que puedan defender sus derechos y hacer algo en favor del desarrollo de su país. Junto con otros haitianos, fundó la organización NAPSA (en creol, N ap Sove Ayiti; en español Estamos salvando a Haití) que ya es una referencia para los jóvenes haitianos que estudian o trabajan en República Dominicana y en otros países del continente americano, especialmente en Canadá y en Sud América. NAPSA viene realizando varias iniciativas, entre ellas actividades artísticas, publicación de notas de prensa, conferencias de prensa, para promover la cultura haitiana en el extranjero y la participación de los jóvenes haitianos en el desarrollo de su propio país.

Desde la publicación de la sentencia 0168/13 por el Tribunal Constitucional dominicano, el profesor Joseph Harold Pierre se ha dedicado intensamente a escribir artículos en francés y español y a dar conferencias en universidades dominicanas, haitianas e incluso extranjeras (por ejemplo, en los Estados Unidos de América) para denunciar con argumentos el carácter inhumano e injusto de esta “vergonzosa” resolución jurídica y, al mismo tiempo, elaborar propuestas en pro de la armonía en las relaciones entre ambos países. Joseph Harold Pierre es muy conocido en el mundo intelectual haitiano y dominicano; es uno de los pocos académicos de la isla que ha logrado convertirse en una referencia binacional (para ambos países) en torno a las relaciones entre Haití y República Dominicana. Sus opiniones, siempre ponderadas y basadas en argumentos y hechos, son difundidas y valoradas en ambos países.

Aceptó conceder esta entrevista al portal web del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en la que nos habla de él como migrante haitiano en República Dominicana, de su trayectoria académica y profesional, de la situación de los migrantes haitianos y sus descendientes (en particular, la de los jóvenes) en el país vecino y de los grandes retos sobre la posibilidad de mejores relaciones entre ambos pueblos en un contexto histórico y actual muy complejo. Nos presenta también un análisis detallado de la sentencia 0168/13, de sus falencias y de sus impactos sobre la comunidad de los dominicanos de ascendencia haitiana. Termina la entrevista, abriendo perspectivas interesantes para la cooperación sudamericana con Haití y República Dominicana.

Joseph Harold Pierre, ¿háblanos de ti? ¿De dónde vienes en Haití? ¿Qué te motivó a estudiar y trabajar en República Dominicana?

JHP: Nací en Haití en Arniquet, un municipio en el sur de Haití, donde hice mis estudios primarios y parte de los estudios secundarios. Luego, me trasladé al Séminaire-Collège de Mazenod en Camp-Perrin, otro municipio en el sur haitiano, donde me gradué bachiller. A los 20 años, ingresé a la Compañía de Jesús (Los Jesuitas) que me envió a República Dominicana. Dos años después, salí de la Congregación y seguí mis estudios de licenciatura en Filosofía y Ciencias sociales, al tiempo que realicé estudios de licenciatura y maestría en Economía. En España, realicé estudios de maestría en Ciencia política y en Administración Pública.

Desde que era niño, siempre me he interesado por el trabajo social y comunitario. Fui miembro de varios grupos, entre ellos la Juventud Mariana que fundé en Camp-Perrin. En República Dominicana, mi vida está compartida entre trabajos sociales (en NAPSA, Centro Bonó y Fundación Juan Félix Pepén) orientados a apoyar a mis compatriotas haitianos, y trabajos profesionales y académicos. También soy miembro del Grupo de Reflexión y Acción Para Un Haití Nuevo (GRAHN), dirigido por el profesor Samuel Pierre.

¿En qué instituciones has trabajado en República Dominicana? Desde tu experiencia como estudiante y profesional, ¿qué puede aportar un joven haitiano a ese país?

JHP: Desde 2011, estoy trabajando como investigador económico en el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. Asesoro también en temas de economía, política y relaciones dominico-haitianas a algunas instituciones como la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y Grant Thornton-República Dominicana. Además, soy profesor de Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y docente de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana. Por otra parte, soy miembro del Comité científico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), que se encarga de realizar publicaciones científicas y organizar coloquios y otros eventos similares en el país.

Hoy día, la República Dominicana es una tierra de oportunidades. Es una economía emergente que necesita mano de obra barata para seguir progresando y competir a escala internacional. En este contexto, los trabajadores haitianos y especialmente los jóvenes pueden aportar mucho a este país. Sin embargo, la condición migratoria irregular de un gran número de haitianos y su bajo nivel educativo los hacen muy frágiles y vulnerables en el mercado laboral dominicano,y por lo tanto reciben salarios muy por debajo de lo que ganaría cualquier otro obrero (dominicano o extranjero) por el mismo trabajo. Los trabajadores haitianos aportan mucho a la economía dominicana, pese a que una parte de la sociedad dominicana piensa equivocadamente que los haitianos suplantan la mano de obra local y representan una “carga” para los gastos públicos, especialmente de salud y educación.

Aparte de los obreros del sector informal a quienes me acabo de referir, existe un grupo de jóvenes, estudiantes en su gran mayoría, que trabajan en los centros de llamadas telefónicas (llamados “Call center” en República Dominicana). El manejo fluido de varios idiomas (inglés, francés, español y creole haitiano) es la ventaja que permite a esos jóvenes haitianos trabajar en estas compañías internacionales implantadas en República Dominicana. En este sector de servicios, los haitianos reciben un mejor trato en comparación con sus compatriotas que laboran en otro campo de actividades; algunos logran incluso obtener puestos más importantes que los mismos dominicanos en este sector de las telecomunicaciones.
La presencia de los jóvenes haitianos, especialmente los estudiantes, puede ayudar a la “deconstrucción” de los prejuicios y estigmatizaciones que existen en República Dominicana en torno a Haití. En efecto, muchos dominicanos tienden a ver a Haití como un país de pobres, donde se practican el vudú (considerado equivocadamente como magia negra y superstición) y la brujería, lo que para ellos significan lo mismo, y donde prevalece la violencia. Estas estigmatizaciones generan desprecio y han sido fuente de actos criminales abiertamente anti-haitianos, como lo que ocurrió en Hatillo Palma en 2005 (donde dos haitianos fueron degollados y sus cadáveres fueron expuestos) y otras tantas barbaries, por ejemplo: este año un dominicano mató a un haitiano dentro de una iglesia en Santiago de los Caballeros (la segunda ciudad más importante del país) simplemente porque el haitiano le había dicho en broma que vendiera su motocicleta si ésta no podía arrancar.

Ante esta triste realidad, los jóvenes haitianos en República Dominicana organizan actividades culturales y deportivas, encaminadas a proyectar una mejor imagen de Haití, hermanar a ambos países y armonizar sus relaciones.

Pensando en el futuro, por ejemplo en menos de una década, muchos de los jóvenes dominicanos ocuparán puestos de mando en su país. Si las autoridades haitianas priorizan la inclusión de los egresados de las universidades dominicanas dentro del Estado haitiano, será más fácil para estos profesionales (que ya hablan muy bien el español, conocen la cultura y la historia del país vecino y cuentan con compañeros universitarios dominicanos que seguramente estarán dirigiendo su país) realizar las negociaciones con la República Dominicana; esto podría convertirse en una estrategia ventajosa para ambos lados. Así, será un gran aporte no sólo para Haití sino también para República Dominicana que ha sido en repetidas ocasiones objeto de severas críticas tanto internas como externas por su trato a los inmigrantes haitianos y sus nacionales de origen haitiano.

Como profesor universitario, economista, politólogo y conocedor del tema de las relaciones haitiano-dominicanas, ¿cuáles son las principales falencias de la Sentencia 0168/13? ¿En qué ha afectado esta medida jurídica a los migrantes haitianos y a los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana?

JHP: Antes que todo, permítame contextualizar la sentencia. Esta última resultó de un fallo del Tribunal Constitucional dominicano, pronunciado el 23 septiembre del año pasado; tiene como objetivo despojar de la nacionalidad dominicana a cerca de 250 mil individuos, cuyos padres (e incluso abuelos y bisabuelos) han hecho sus vidas en el país sin un estatus regular. La medida surge del recurso de amparo depositado por la dominicana de origen haitiano Juliana Deguis Pierre ante el Tribunal Constitucional en contra de la Junta Central Electoral (JCE) que se había negado a entregarle su cédula de identidad y electoral. Esta decisión que ha dividido la sociedad dominicana y ha conmovido a la comunidad internacional sufre de algunas falencias que quiero presentar sucintamente:

1)La falencia del “en tránsito”: La sentencia se fundamenta en que los padres de los individuos afectados estaban «en tránsito», por lo que supuestamente no corresponde a sus hijos la nacionalidad dominicana conforme al artículo 11.1 de la Constitución del 1966. No pueden estar “en tránsito” personas que han estado por décadas viviendo en un territorio. Además, el Reglamento de 1939 sobre migración define « en tránsito » como la situación de una persona que dura solamente 10 días en el país.

2)la falencia del recurso a la Constitución haitiana: Se ha defendido la sentencia con base en que el artículo 11 de la Constitución haitiana de 1989 estipula que “posee la nacionalidad haitiana de origen cualquier individuo que haya nacido de padre haitiano o de madre haitiana nacidos haitianos y que nunca hayan renunciado a su nacionalidad al momento del nacimiento”. Bajo este argumento, las personas en condiciones irregulares de origen haitiano, nacidas en República Dominicana, supuestamente no serían apátridas sino haitianas en virtud de este artículo de la Constitución haitiana arriba mencionado. La falencia estriba en que la República Dominicana, siendo independiente, no puede regirse por la Constitución política de otra nación.

3)la falencia de la violación de la Constitución dominicana: La sentencia viola la Constitución dominicana de 2010 (vigente) que establece el principio de la no-retroactividad de la ley (art.110), ya que intenta aplicar el principio del jus sanguinis (derecho de la sangre) reconocido por esta Carta magna a personas nacidas bajo otro régimen constitucional y jurídico. Las Constituciones dominicanas anteriores otorgaban la nacionalidad por el derecho del suelo (jus soli), tal como lo plasma el artículo 11.1 de la Constitución del 2002 (a título de ejemplo). La sentencia viola también el principio de la favorabilidad (art. 74.4), según la cual un individuo que acude a una ley debe gozar de una interpretación favorable en orden a la protección de sus derechos.

4)La falencia de la violación de Tratados y Convenciones internacionales, firmados por la República Dominicana: Según la Corte interamericana de los derechos humanos (CIDH), el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos. Además, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los acuerdos de la CIDH son definitivos e inapelables y no pueden ser revisados al nivel interno por los países miembros.

5)La falencia de responsabilizar a los ciudadanos de los errores del Estado: Los ciudadanos no pueden dudar de la validez de un documento entregado por el Estado. Así pues, no se puede negar la nacionalidad a ciudadanos nacidos antes del 2010, incluso si son hijos de extranjeros aun cuando su inscripción en el Registro civil se llevara a cabo en condiciones irregulares, por error o inexactitud, porque no se les puede castigar por los errores cometidos por el Estado (por sus funcionarios o por el mal funcionamiento de sus estructuras y de los servicios que brinda a la ciudadanía).

Además, vale la pena subrayar que dicha sentencia ha afectado a los dominicanos de origen haitiano y los inmigrantes en su ser más profundo. Cualquier ser humano necesita un mundo, como diría Max Scheler, desde donde relacionarse con la realidad. Los afectados por la sentencia están “arrojados” al mundo, pero no existen, porque no son reconocidos como ciudadanos, como personas. O sea, les hace falta un espacio que los acoja y desde el cual puedan construir su mundo, sus proyectos de vida y sus relaciones. De un día para otro, se esfuma este trasfondo óntico y antropológico que necesita todo ser humano para su autorrealización. Este vacío creado por la sentencia acarrea otras graves consecuencias de varias índoles. Es el tema de la apatridia que no constituye sólo un problema jurídico-legal, sino un drama humano.

Muchas expresiones han sido utilizadas para calificar la “ignominiosa” sentencia 0168/13: genocidio civil, limpieza étnica-racial, apartheid, etc. Todas traducen de cierta manera los daños psicológicos, legales y socio-políticos que causa dicha sentencia a los afectados. En efecto, la sentencia ha llevado la marginalización de los dominicanos de origen haitiano (la minoría más excluida del país, además de los migrantes haitianos) a su nivel de deshumanización más bajo. Forman un mundo aparte sin ninguna identidad. Mientras que el reconocimiento del otro forma parte de su existencia como persona y contribuye al desarrollo de la misma. La privación de la nacionalidad los despoja ipso facto de sus derechos fundamentales como la educación, la salud y el trabajo decente. Por otro lado, se ha intentado quebrar los lazos de solidaridad y el sentido de pertenencia a la comunidad. Consecuentemente, al encontrarse sin ningún asidero social estos seres humanos podrían sufrir de neurosis tan severos, como la paranoia y la esquizofrenia.

“Vivir sin patria es vivir sin honor”: esta escueta frase del patricio dominicano Juan Pablo Duarte resume la situación en la que se encuentran los individuos afectados por la sentencia. Será siempre un honor para cualquier individuo participar en la construcción de un espacio socio-político. Sin embargo, la sentencia está a punto de privar a estos más de 200 mil dominicanos del derecho de participar en la vida política de su país. Ahora bien, es importante subrayar que si la nueva Ley 169-14 intenta devolver a esa gente la nacionalidad (estatus legal de miembro de un Estado), pero no está fuera del alcance del marco jurídico proporcionar la ciudadanía plena, ya que una ciudadanía plena o sustantiva se fundamenta en el gozo pleno de los derechos civiles, sociales y políticos, articulados en la libertad individual, el bienestar social y la participación política, respectivamente. La realidad de estos dominicanos dista mucho – y eso, hace ya mucho tiempo- de estos principios.

Al nivel económico, las personas afectadas por la sentencia serán más frágiles en el mercado laboral, por lo que su salario se verá disminuir y seguramente se incrementarán la pobreza y la desigualdad en República Dominicana, con el agravante de que afectarán principalmente a una minoría étnica históricamente excluida.

¿Cómo está la situación de la comunidad haitiana en República Dominicana, principalmente la de los jóvenes, ante estos nuevos acontecimientos? ¿Cuáles son las principales propuestas de la organización que contribuiste a crear, NAPSA (Estamos Salvando a Haití), para apoyar concretamente a los jóvenes estudiantes y profesionales haitianos en República Dominicana?

JHP: La comunidad haitiana en República Dominicana está constituida por medio millón de miembros (500.000) aproximadamente. Esta cifra se eleva a casi 700 mil si se le suman los dominicanos de origen haitiano. Los inmigrantes haitianos pueden agruparse en cinco categorías socio-económicas: la primera incluye a los trabajadores de los sectores agrícola y de la construcción, detallistas (la mayoría de ellos, vendedores ambulantes) y taxistas, amas de casa y vigilantes; la segunda está compuesta por los empresarios; y las tres restantes son formadas por religiosos, estudiantes y profesionales, y artistas.

En términos etarios, la población de entre 18 y 29 años representa el 60% del total de los inmigrantes, que equivale a cerca de 275 mil personas; por lo que este grupo es el más numeroso. Este dato se revela muy significativo en cuanto al aporte de los haitianos a sectores específicos de la economía dominicana, ya que los jóvenes obran en sectores como la construcción y la agricultura efectuando trabajos que requieren de gran fuerza física, y para cuya realización personas de otras edades son menos dotadas. Estos jóvenes pueden dividirse en dos subgrupos: los obreros y los estudiantes.

Se estima el número total de estudiantes haitianos en República Dominicana a más de 20 mil, con base en una investigación que realicé en el 2012, es decir, equivale a la misma cantidad de estudiantes que tiene actualmente la Universidad del Estado de Haití (UEH). Según el mismo estudio, las carreras que más eligen los estudiantes son la salud (medicina, enfermería, etc.) que abarca casi la mitad del total del estudiantado; la ingeniería (industrial, civil, informática, etc.) que comprende casi una cuarta parte; y ciencias administrativas (administración de empresas, turismo y hotelería) que tiene el 15% de los inscritos. Cabe señalar que la medicina y la administración de empresas son los campos de estudios con mayor número de haitianos en el país vecino.

La juventud haitiana no puede estar ajena al desarrollo de su país. NAPSA nace como un espacio de y para jóvenes estudiantes y profesionales impelidos por la situación de Haití, avergonzados por la miseria del país y preocupados por su porvenir. NAPSA quiere ser una plataforma de acción, diálogo y tolerancia, desde la cual la juventud pueda participar en la construcción social, cultural, económica y política de Haití. La organización fue fundada en Puerto Príncipe el 26 de febrero de 2011 por un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes que viven tanto dentro del país como en la diáspora [en el extranjero]. La organización consta ahora de alrededor de 400 miembros; estamos presentes en Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Venezuela, entre otros. Actualmente, el directorio de NAPSA está conformado por los filósofos Gulin Bonhomme y Smith Augustin, el ingeniero industrial Allentz Annacacis, todos residentes en Haití; el ingeniero Jean-Edwidge Luxama quien cursa una maestría en Canadá, el profesor Wooldy Edson Louidor quien vive en Colombia, y yo. NAPSA convoca a los jóvenes estudiantes y profesionales haitianos a aportar a la consolidación democrática, el desarrollo económico y la cohesión social de Haití. Para eso, la organización crea espacios de convivencia para sus miembros y de integración con otros haitianos, especialmente los pobres y los campesinos. En cada uno de estos países, NAPSA está realizando una labor según el contexto, en torno a una o varias de estas cinco áreas de acción: la orientación académica y profesional, el trabajo con los campesinos, la promoción de la cultura haitiana, la incidencia sociopolítica, y el acompañamiento a la comunidad, principalmente el sector religioso.

Los cinco ejes de acción de la organización son implementados en República Dominicana. En cuanto a la orientación académica y profesional, durante dos veces al año NAPSA ofrece un taller de un día sobre la realidad dominicana, el funcionamiento de las universidades y las relaciones dominico-haitianas. Esta labor es muy importante ya que los candidatos inscritos en las universidades dominicanas (bachilleres haitianos) suelen llegar al país vecino, sin ninguna orientación académica. Con respecto al trabajo con los campesinos, la organización trabaja con migrantes haitianos en el sur (Barahona) y el este (San Pedro de Macorís) de la República Dominicana. Dos veces al mes, un grupo de napsistas (miembros de NAPSA) sensibilizan a los inmigrantes haitianos sobre la necesidad de adquirir sus papeles de identidad. Además, se les ofrecen talleres de economía doméstica y salud. En el marco de estas actividades, cada año se celebra con estos compatriotas el Día internacional del trabajo, el primero de mayo. En lo concerniente a la promoción de la cultura haitiana, queremos presentar una imagen de Haití que sea capaz de “desconstruir” los clichés, prejuicios y estigmatizaciones que existen en República Dominicana (y casi en toda América Latina) en torno a nuestro país; incluso algunos se atreven a pensar equivocadamente que no hay nada bueno ni bello en Haití. Realizamos cada año la fiesta de la cultura haitiana denominada “Kul’tura NAPSA” y otras actividades como exposiciones de pintura, etc.

Por otra parte, la rama de la NAPSA en República Dominicana publica regularmente sus posicionamientos sobre las relaciones entre Haití y República Dominicana que vienen pasando por un momento muy difícil, principalmente después de la publicación de la sentencia 0168/13 en septiembre de 2013. La organización participa activamente en los procesos de regularización y documentación de los inmigrantes haitianos, realizados respectivamente por los Estados dominicano y haitiano. Un comité fue constituido para ofrecer ayuda a la Embajada haitiana en el proceso de documentación. Finalmente, NAPSA realiza una labor con las iglesias para ayudar a los fieles, sobre todo los jóvenes, a unir la acción a la oración. Este último punto se fundamenta en que los haitianos, sobre todo los pobres, son muy religiosos.

La sentencia 0168/13 ha recibido una ola de críticas no sólo en la comunidad haitiana y de los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, sino también en los sectores llamados “progresistas” del país, en Haití e incluso a nivel regional e internacional. ¿Esto abriría una posibilidad para, de una vez por todas, erradicar todas las formas de discriminación anti-haitiana a las que se han enfrentado los migrantes haitianos y sus descendientes en la sociedad dominicana?

JHP: Sería ingenuo creer que con las críticas a la sentencia 0168/13 se diera de una vez por todas la posibilidad de erradicar todas las formas de discriminación anti-haitiana en República Dominicana. Hay que analizar la estructura social y lo que yo llamaría las tendencias antropológicas en República Dominicana para ver por qué tengo serias dudas en cuanto a este cambio radical, por lo menos, para las próximas dos décadas. En cuanto a la dimensión socio-económica, la sociedad dominicana es muy desigual. El crecimiento económico estimado a 5% que ha conocido este país en las últimas cinco décadas – el más alto de toda América latina – no fue acompañado de una reducción de la pobreza en la misma proporción, ya que alrededor de 40% de la población es pobre. La zona septentrional llamado El Cibao es próspera, mientras que el sur tiene un índice de desarrollo humano muy bajo. Como el poder económico determina, por una gran parte, el estatus social; los inmigrantes haitianos y los dominicanos de origen haitiano, dada su pertenencia a la capa más baja de la sociedad, serán objetos de rechazo y discriminación. Esto es una regla general en cualquier país muy desigual como lo es la mayor parte de las naciones de América Latina, especialmente Haití y Brasil.

Otra explicación aún más convincente tiene que ver con lo que llamo las tendencias antropológicas. La identidad dominicana se fragua en el rechazo a lo negro. En la novela “Enriquillo” de Manuel de Jesús Galván, la primera que trata de la idiosincrasia del país, el prototipo del dominicano es el indio. El negro no tiene cabida en la obra, a pesar de que existe una importante presencia negra en el país. Por otra parte, durante la dictadura de Rafael Trujillo y los 12 años de Joaquín Balaguer en el poder, éste y otros intelectuales dominicanos se han esmerado en sentar las bases de una identidad dominicana como blanca, en contraposición con la identidad haitiana negra. Una de las consecuencias de este trabajo ideológico consiste en fomentar una nueva categoría étnica-racial llamada “indio” en República Dominicana que fue atribuida a los negros dominicanos, justamente para no usar la palabra “negro”. Este modo de ser dominicano marginaliza a los negros y los pone en una especie de gueto. La sentencia es una consecuencia directa de esta cultura, perniciosa para el país, ya que conlleva a que la mayoría de los negros y pobres sigan teniendo una alta probabilidad de permanecer en su condición socio-económica, del nacimiento hasta la tumba.

Al lado de estos factores internos, la deplorable situación de Haití no ayuda para nada. En efecto, los dominicanos se avergüenzan y se indignan cada vez que recuerdan que un país tan miserable como Haití los “ocupó” [de 1822 a 1844]. En República Dominicana, se suele justificar el trato a quienquiera tenga sangre haitiana en sus venas, por las condiciones de miseria en Haití y del maltrato que ciertos haitianos infligen a sus compatriotas en su mismo país.

Dados estos factores de injusticia e inmovilidad social al nivel interno, y la actual situación deplorable de Haití tomada como pretexto, no se puede esperar que los sufrimientos de los dominicanos de ascendencia haitiana y los inmigrantes haitianos se eliminen en un futuro mediato. Sin embargo, al igual que otros movimientos en la historia como el de Martin Luther King en los Estados Unidos,las críticas contra la sentencia pueden ser un paso decisivo para la liberación tanto de las víctimas como de los victimarios. El camino, en mi opinión, será largo, espinoso, fangoso y pedregoso. El fin se divisa al horizonte, pero no será para las próximas dos décadas. La cura sicoanalítica que le hace falta al grupo de dominicanos anti-haitianos tomará tiempo y el cuerpo social desarrollará fuertes anticuerpos contra la misma. El desarrollo de Haití tendrá que jugar un papel relevante en la misma, ya que será un catalizador que generará una nueva percepción en República dominicana respecto a su vecino país. Sin olvidar el grano de arena que estamos aportando como migrantes haitianos en República Dominicana.

¿Por qué vale la pena luchar por mejores relaciones entre Haití y República Dominicana? ¿Qué podrían aportar los países sudamericanos a esta lucha?

JHP: Creo firmemente que, donde sea que esté el ser humano, siempre puede mejorar su vida y la de los otros. Ésa es mi convicción con respecto a la realidad haitiana en general y las relaciones entre Haití y República Dominicana en particular. Vale la pena luchar porque el establecimiento de relaciones armoniosas entre dos pueblos vecinos no podrá sino tener impactos positivos para el desarrollo integral de ambos. Los países sudamericanos tales como Perú, Colombia, Argentina, Chile, etc., han tenido experiencia de conflicto con sus vecinos. El llamado “conflicto del Beagle”, entre Chile y Argentina, es uno entre tantos. Aunque no es de la misma naturaleza que los problemas entre Haití y República Dominicana, estos dos países nos podrían brindar lecciones y aprendizajes muy valiosos para ayudarnos a mejorar las relaciones dominico-haitianas. Una de tantas acciones que se puede hacer para concretar esta ayuda podría ser la siguiente: que los países de Sud América ofrezcan una serie de formaciones a jóvenes haitianos y dominicanos en varios temas como resolución de conflictos y desarrollo económico, geopolítica, etc., para ir fomentando una cultura de paz y diálogo en nuestros respectivos países y en la isla en general. Además, pueden propiciar la integración de jóvenes de ambos países en iniciativas binacionales, multiculturales y pluri-étnicas realizadas en Sud América para facilitar la creación de nuevas relaciones binacionales y la superación de prejuicios en nuestra isla, de tal modo que esto nos ayude a superar las heridas del pasado común y los impases actuales.

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