Guatemala: organizaciones sociales rechazan la “Ley Monsanto”

Mientras aumenta el rechazo social a la Ley de Protección de Obtención de Vegetales, las modificaciones o derogación de la normativa se encuentran inmersas en un pulso político entre el Partido Patriota (PP), que busca mantener el incremento al techo presupuestario del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y sus opositores, que quieren derogarla.

La propuesta oficialista fue lanzada el lunes último, con el planteamiento de modificar 16 artículos. Sin embargo, un día después, en la sesión plenaria, promovía una moción para eliminar el 99 por ciento de la normativa, con excepción del artículo 46, que autoriza el incremento de Q550 millones al presupuesto del CIV y que figura en la misma Ley de Vegetales.

Aunque al principio la propuesta tuvo el aval de la mayoría de bancadas aliadas, horas después fue rechazada, por lo que no vio la luz.
Para efectuar las modificaciones en tres lecturas, el PP requiere 80 votos.

Sin embargo, el bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder) presentó la semana recién pasada una propuesta para derogar toda la normativa, y advirtió de que no apoyará ninguna otra iniciativa, por lo que la propuesta oficial pierde 53 votos.

La misma posición sostiene Compromiso, Renovación y Orden (Creo). Selvin García, uno de los ocho diputados de ese bloque, aseguró que aceptan la eliminación del 99 por ciento de la ley, pero no apoyarán el incremento presupuestario al CIV.

“No apoyamos los recursos para Comunicaciones en julio, cuando se aprobó la Ley, menos lo vamos a hacer ahora. Queremos que se derogue por completo o no votaremos a favor del incremento cuando llegue el momento”, manifestó García.

Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, indicó que su bancada —de tres diputados— tampoco apoyará las reformas, y “en lugar de dejarle el paquete al Congreso, el presidente —Otto Pérez Molina— debería vetar la Ley, para que ya no entre en vigencia”.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, afirmó que rechazan una reforma parcial por medio de modificar los artículos o eliminar parcialmente la normativa, pues buscan la derogación, eso pese a que firmaron la moción del oficialismo.

Sin embargo, hoy podría insistirse en aprobar la moción del PP, ya que la de Líder se encuentra en la Comisión de Agricultura, a la espera de dictamen, junto a una presentada por Amílcar Pop, de Winaq, que plantea la derogación de uno de los artículos que han generado conflicto y la inclusión de otro que protegería las semillas utilizadas de manera ancestral por los campesinos.

Manifestación

Mientras tanto, organizaciones sociales, campesinas e indígenas anunciaron que hoy se concentrarán frente al Congreso, para exigir que sea derogada la normativa.

A criterio de los representantes de las diferentes organizaciones, la Ley de Vegetales amenaza la seguridad alimentaria porque obliga a los campesinos a pagar por las semillas de sus cultivos.

Alcances de la norma

Hay temor por posible privatización de las semillas.

Las personas individuales o jurídicas que hayan creado o descubierto una variedad de semillas quedan habilitadas para registrarla.

La Ley aplica inicialmente a 15 géneros o especies vegetales, y tendrá un plazo de 10 años a partir de que entre en vigor, que sería la tercera semana de septiembre.

Se establecen sanciones de prisión de uno a cuatro años y multas que van desde Q1 mil hasta los Q10 mil para quienes violen el derecho obtentor que otorga la normativa.

Se concede el derecho de obtentor para una variedad que ya no sea nueva en la fecha de entrada en vigor de la Ley. Eso es interpretado por los opositores como el permiso para inscribir, incluso la variedad de granos básicos como maíz y frijol que han sido utilizados por los campesinos.

Se otorga hasta por 25 años la exclusividad de la variedad a quien la haya inscrito, y se le concede la reserva y salvaguardia de sus intereses, permitiendo la reproducción o multiplicación en su propia explotación.

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