Demagogia e irresponsabilidad opositora – Semanario La Época, Bolivia

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La demagogia de la oposición ya no tiene límites. Samuel Doria Medina se ha mostrado partidario de que el gobierno “legalice” los autos “chutos” que hay en el país. Juan Del Granado, dice estar a favor de que se conceda el doble aguinaldo y el bono de Bs 3.000 a los jubilados. Jorge Tuto Quiroga propone entregar a los ciudadanos una libreta de accionistas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Lo común de esas posiciones es altamente llamativa pues los dos primeros proponen medidas con las que no han estado de acuerdo en el pasado, particularmente Doria Medina, quien sostuvo que la legalización de los vehículos indocumentados representaba un atentado a la economía nacional y a los importadores autorizados. En el caso del heredero del dictador Banzer lanza una propuesta que fracasó con la “capitalización”.

Pero lejos de reflejar fortaleza y lucidez, lo que saca a la superficie ese tipo de planteos es la debilidad y la desesperación de una oposición que no sabe cómo disminuir la diferencia que les lleva el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera y que expresa, además, la carrera entre los tres para ver quién se coloca como cabeza de oposición.

Hay, sin embargo, algo más en el tintero. Y es lo que no se dice. Esas propuestas demagógicas lo que hacen es poner de manifiesto el reconocimiento de su derrota anticipada. Es decir, que sabedores de que no lograrán la victoria ni una segunda vuelta, lo que hacen es ofrecer irresponsablemente medidas que en otras circunstancias no lo harían.

En lo que resta de la campaña vamos a presenciar varios otros ofrecimientos de parte de la oposición que, empero, enfrentan una gran desventaja. La gente los conoce como políticos que ofrecen y no cumplen, una imagen que les será muy difícil de cambiar en pocas semanas. A eso hay que sumar el dato de una institución privada en sentido de que más del 90 por ciento de la población no comparte la medida de legalizar los vehículos indocumentados.

La Época