El primer semestre de Bachelet: ensayo de un balance – Por Javier Couso

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En estos días, se cumplen seis meses de la segunda administración de Michelle Bachelet, lo que impone un balance preliminar, atendido lo mucho que ha ocurrido en un tiempo relativamente corto.

Lo primero que llama la atención, es la convicción exhibida por la Presidenta para comenzar a sustituir un modelo neoliberal por uno efectivamente socialdemócrata. En efecto, Bachelet se ha propuesto cumplir su programa con una determinación que sorprendió a muchos que pensaron que su plataforma electoral sólo buscaba obtener votos, y no ser una verdadera “ruta de navegación” de su gobierno. Esto le ha permitido lograr la aprobación de una reforma tributaria que no sólo allegará recursos indispensables para introducir mayor igualdad en nuestro país, sino que confirma que –a diferencia de experiencias populistas– la Nueva Mayoría es fiscalmente responsable, porque ha buscado obtener recursos permanentes para financiar reformas permanentes.

Un segundo elemento que ha marcado a estos meses es la sobrerreacción de la mayor parte de la derecha y de algunos sectores empresariales ante las reformas tributaria, educacional, laboral y constitucional. A pesar de que éstas fueron debidamente propuestas durante la campaña electoral (y que sólo alinean al país con las prácticas políticas y económicas de las democracias de centroizquierda de la OECD), algunos de los actores mencionados más arriba han rasgado vestiduras, acusando pulsiones “refundacionales”, “radicales” o incluso “revolucionarias” detrás de ellas. En los casos más delirantes, se ha llegado a afirmar que la implementación del programa –que pasaría por “reformista” en países como Venezuela o Ecuador– retrotraería al país a la caótica situación previa al golpe militar de 1973.

Otro aspecto distintivo de este periodo, ha sido la dificultad para consolidar un genuino affectio societatis entre los integrantes de la coalición de gobierno. Esto, tanto entre los diferentes partidos que la integran como entre los sectores “transversales” de distinto cuño ideológico de la misma. En efecto, los sistemáticos signos de desafección mostrados por un sector la Democracia Cristiana –que ha ventilado sus diferencias y matices con las propuestas de gobierno más por la prensa que por los canales habituales de una coalición– han sido replicados por personeros de diferentes partidos de la antigua ‘Concertación’, que sienten que el querer aggiornar el rumbo de la política pública hacia horizontes socialdemócratas representa una suerte de demérito de lo realizado por ellos.

Por otra parte, la desaceleración de la economía ha sido un factor creciente de tensión al interior de la administración Bachelet. Si bien, como lo consigna un economista poco abanderizado políticamente (Vittorio Corbo), la caída del crecimiento del producto se explica mucho más por factores externos que internos, la desaceleración ha llevado a sectores conservadores a plantear que las reformas laborales y la propuesta de avanzar hacia una nueva Constitución crean incertidumbre. Lo que este aserto olvida es que la incertidumbre que las reformas mencionadas generan en ciertos grupos empresariales representarán, sin embargo, certidumbre para los millones de trabajadores que hoy temen asociarse en sindicatos o votar una huelga, por temor a sufrir represalias por parte de empleadores inescrupulosos. En efecto, mirado en retrospectiva, todas las conquistas laborales de los últimos cien años (como el límite de la jornada laboral, el descanso semanal obligatorio, las vacaciones pagadas y la seguridad industrial) generaron incertidumbre la primera vez que fueron propuestas, pero en el largo plazo han contribuido a contar con una sociedad más justa y humana.

Finalmente, es evidente que en estos seis meses han ocurrido desprolijidades importantes, especialmente en materia educacional. Esto, sin embargo, puede enmendarse en los meses que vienen, en la medida en que las autoridades organicen mejor la reforma educacional y sean capaces de explicar a la ciudadanía el sentido de lo que muchas veces aparece como pura negatividad (no al copago, no al lucro, etc.), y no como algo positivo, es decir, que puedan ‘dibujar’ la fisonomía que tendrá la reforma educacional una vez implementada. Algo parecido sucede con el terrorismo. En este ámbito, el gobierno de Bachelet debe ser capaz de enfrentar este flagelo recordando al país que perseguir a los terroristas no es contradictorio con el respeto al debido proceso.

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