Honduras: organizaciones exigen el esclarecimiento del crimen de líder campesina

Diferentes organizaciones campesinas, defensoras de derechos humanos, comunitarias y políticas nacionales e internacionales se han manifestado en contra el asesinato de la dirigente campesina, Margarita Murillo, y exigieron al Estado hondureño el pronto esclarecimiento del crimen.

Frente al “ataque mortal contra los sectores del campesinado organizado”, la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) emitió un comunicado en el que condenó el asesinato de Margarita Murillo y exigió al gobierno “una rápida investigación y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de este horroroso crimen”.

Asimismo, el Foro Social Valle de Sula (FSVS) condenó “el crimen cometido contra nuestra compañera de lucha y la forma vil y cobarde en que actuaron sus sicarios”.

También aseguró que este crimen “responde a la ola de violencia e inseguridad desatada en el país, tanto por grupos del crimen organizado y la delincuencia común, como por las propias autoridades policiales y el régimen de turno, que ha militarizado el país y criminalizado las luchas populares en el afán de contrarrestar toda oposición a sus intereses dictatoriales”.

Ante la ola de violencia y criminalidad que se vive en Honduras, así como el desinterés mostrado por las autoridades, el FSVS exigió a las autoridades el cese inmediato de “su política de criminalización, militarización e intolerancia a las luchas de los distintos sectores populares y gremiales del país”.

Del mismo modo, las mujeres de 26 organizaciones que conforman la Plataforma Nacional Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna – Honduras, señalaron sentirse “embargadas por el dolor y con profunda indignación denunciamos el vil asesinato de nuestra querida compañera de lucha por la defensa de la tierra-cuerpo-territorio”.

Igualmente, representantes del FONDO ACI-ERP se declaró “tres días de duelo sin suspensión de labores” por la muerte de Margarita Murillo a quien recuerda como una “destacada líder del Movimiento Campesino Social, así como de otras organizaciones políticas y sociales de Honduras”.

De su lado, el Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), condenó el asesinato de la defensora de derechos humanos a quien calificó como una de “esas mujeres heroicas que siempre estuvo dispuesta a luchar por los derechos de las comunidades más empobrecidas del país, como son las comunidades campesinas a pesar de la persecución, la tortura y el exilio forzado durante la década de los 80´s”.

Beneficiaria de Medidas Cautelares

La defensora era beneficiaria de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las amenazas en contra de su integridad física, durante el golpe de Estado militar de junio de 2009.

Para la Asociación Centroamericana de Sociología “este perfil de liderazgo y de práctica social, en el movimiento social hondureño es probablemente la razón de los enemigos del campesinado para eliminar a Margarita Murillo”.

En otro comunicado público, las feministas de la Colectiva del Centro de Estudios de la Mujer expresaron su “profundo dolor la muerte de Margarita”, “una soñadora, una constructora de paz y de justicia, su vida la dedicó a crear propuestas de transformación para que miles de campesinas y campesinos lucharan por el derecho a la tierra, el bienestar y a la justicia”.

Así también el Movimiento de Mujeres en Resistencia, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), destacó la lucha incansable de la dirigente que “nos deja un claro legado, porque sus ideas no mueren”.

Constante riesgo con el conflicto agrario

Actualmente, Murillo era presidenta de la “Empresa Asociativa Campesinos de Producción de las Ventanas” en el municipio de Villanueva, departamento de Cortes. Según informes de prensa, en abril de este año, el grupo campesino perdió violentamente a otro de sus miembros, Raymundo García, tesorero de la empresa campesina.

En el Congreso Nacional de la República se guardó un minuto de silencio a solicitud de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Alda Facio, quien llegó para hacer una disertación ante los y las diputadas sobre la discriminación contra la mujer.

El Diputado Rafael Alegría presentó una manifestación en la cual señaló que el campo se vuelve a enlutar, recordó que hay cerca de 200 campesinos asesinados, unas 700 campesinas están acusadas en los tribunales por reclamar un pedazo de tierra.

Alegría reclamó que desde hace cinco meses se ha presentado la Ley de Reforma Agraria Integral y la misma aún no se discute en la comisión de agricultura. Hasta ahora han sido asesinados dirigentes de base o medio nivel pero la guerra sucia no ha tocado hasta ahora un dirigente de estas alturas de la estructura orgánica de la Resistencia Popular Hondureña.
El asesinato ocurre en momentos cuando el Partido Libre también pasa por una crisis interna debido a la concentración del poder en pocas manos, en donde la base de miles de militantes, tanto de la Resistencia como de Libre siente que la democracia interna se ha reducido a un mínimo. Margarita fue una dura crítica de esas maniobras y criticó duramente las tendencias de caudillismo.

Igualmente, las organizaciones que integran la Plataforma Agraria señaló que “en Honduras han sido asesinados al menos dos centenares de campesinos y campesinas a nivel nacional en los últimos cinco años por la defensa del derecho a la tierra, estos ocurren en medio de una crisis agraria y alimentaria que ha sido generada desde 1992 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, a través de la aprobación de la Ley de Modernización de Desarrollo del sector agrícola, misma que fue financiada con fondos del Banco Mundial”.

Miembros del grupo campesino que lideraba la infortunada mujer manifestaron que la junta directiva fue citada el pasado martes a las oficinas del Instituto Nacional Agrario (INA) y en el lugar se dieron algunos enfrentamientos por la disputa de tierras. El campesino Domingo Orellana dijo que se encontraban en otras plantaciones de la comunidad, pero a lo lejos lograron escuchar varios disparos, por lo que se desplazaron y encontraron bajo un árbol de mango el cadáver de su dirigente.

La zona del Bajo Aguán, valle de 200 mil hectáreas ubicado en los norteños departamentos de Colón y Yoro, también ha sido escenario de conflictos por tierra entre empresas agroindustriales y organizaciones campesinas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado preocupación por las amenazas y detenciones de líderes campesinos en el Bajo Aguán . En mayo último, miembros de la Policía, el Ejército y guardias de seguridad privada habrían desalojado violentamente a 300 familias del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán en el municipio Trujillo, Colón, señaló ese órgano de la Organización de Estados Americanos.

Otras 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez habrían sido expulsadas de manera violenta por autoridades hondureñas de la finca Paso Aguán, según la CIDH, que instó al Gobierno a adoptar las medidas para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores humanitarios. A las voces nacionales se unió el Partido de la Izquierda Europea (PIE) quien condenó “profundamente este asesinato cobarde y pedimos que se presione internacionalmente al Gobierno de Honduras para resolver este crimen, y que los asesinos intelectuales y reales del mismo sean llevados ante la justicia”.

Organziaciones internacionales

Izquierda Europea expresó sus “profundas condolencias” a la familia de Margarita Murillo y a los miembros del FNRP y del partido LIBRE, en cuya fundación participó la política.

“Nuestra compañera Margarita Murillo dio su vida sembrando dignidades contra la injusticia, contra la opresión. Como mujer campesina entregó su fuerza, su espíritu de combate, su afecto, su escucha, para la construcción de la patria grande, para el abrazo a la madre tierra, y la ternura de los pueblos fue su guía de ruta”, expresó el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ), Herramienta de lucha de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora CRBZ, al extender su solidaridad incondicional al Frente de Unidad Nacional Campesina (FENACAMH) y la Central General de Trabajadores del Campo (CNTC).

Para el FNCEC “el gobierno de Juan Orlando Hernández asume una practica de terrorismo de Estado, criminalizando la luchas sociales” por lo que instó a la comunidad internacional a los Organismo de los Derechos Humanos a no dejar impunes estos hechos de vil asesinato a dirigentes populares.
La Plataforma Nacional Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna–Honduras, aseguró que Honduras vive una “estrategia de criminalización, terror y asesinato de luchadoras y luchadores sociales y defensores de los derechos humanos”.

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