Gobierno firma resolución para revisar portes de armas en todo el país

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció este lunes que su despacho y el Ministerio para la Defensa firmaron una resolución conjunta para revisar los portes de armas en todo el país, a fin de fortalecer el Plan de Desarme Voluntario, activado el pasado 29 de septiembre.

Así lo informó el titular de la cartera de justicia a través de la cuenta por la red social Twitter, @atodavidamij, quien agregó además que los venezolanos con portes de armas tendrán hasta abril próximo para revisar su arma en la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex).

De este modo, advirtió que “quien no vaya a revisar su arma como lo establece la resolución, esa arma quedará como un arma ilegal”.

A una semana de su puesta en marcha, el Plan de Desarme Voluntario ha recolectado un total de 315 armas de fuego, que luego de realizarles las experticias correspondientes, son enviadas a la Daex para ser destruidas y transformarlas en material de construcción (cabillas) para los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El Plan Nacional de Desarme fue aprobado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 21 de septiembre durante la celebración del Día Internacional de la Paz. El mismo se suma al conjunto de iniciativas impulsadas por el Estado para fortalecer los territorios de paz en todo el país y motivar a la gente a que se movilice por el desarme.

Estará activo por un año, tiempo en el cual se espera recoger las armas de fuego que están en manos de civiles, a cambio de incentivos: becas completas para estudios universitarios en cualquier universidad del país, equipos electrónicos para estudiantes, materiales de construcción, herramientas para trabajar e intervenciones quirúrgica (no estéticas).

Para tales fines se activaron 76 centros de recepción en todo el país.

AVN

Rodríguez Torres descartó robo o delincuencia en crimen de Serra

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, afirmó que la muerte del diputado Robert Serra se debió “a la orden de alguien que quería asesinarlo” y no obedece a la delincuencia común como se ha intentado ver en algunos medios de comunicación y redes sociales.

“Lo que se hizo ese día, sin duda obedeció a alguien que quería acabar con la vida de ese importante líder de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, dijo durante su programa radial A Toda Vida Radio.

Adelantó que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicpc) colectó suficientes elementos que permitieron hacer una presunta reconstrucción del hecho sobre el asesinato de Serra y María Herrera.

La hipótesis cuenta con el número de los individuos, cómo entraron y cómo salieron.

Aseguró que “hubo un trabajo previo de vigilancia, de conocimiento, para saber exactamente cuál era la rutina de Robert Serra y de quienes le acompañaban”, aunque prefirió no mencionar al detalle los elementos recolectados para no alertar a los criminales.

Descartó el robo como móvil del homicidio, “tenemos un 95% de certeza de que a Robert Serra no fueron a robarlo, fueron exclusivamente a matarlo, porque no se robaron nada”.

“Su maletín con su laptop y su tablet no lo tocaron y ese es un elemento de valor para un ladrón normal”, por lo tanto se descarta de inmediato el móvil del robo”, refirió nota de prensa del ministerio.

PARTICIPACIÓN DE LA DERECHA

Detalló que los hechos de violencia originados por la oposición venezolana partieron “casualmente” desde que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ganara las elecciones en Colombia en el año 2002, desde ese momento “Henrique Capriles Radonski y Leopoldo López hicieron contacto con Uribe para recibir asesoría, orientación, la bendición, y quizás algunas otras cosas más”.

Añadió que en ese mismo año “López le pide a Uribe ser su consejero de seguridad y el ex alcalde de Chacao Emilio Graterón contrató los servicios como asesor policial a José Obdulio Gaviria, quien es primo hermano de Pablo Escobar Gaviria”, explicó.

Por otra parte, recordó los hechos de violencia ocurridos en abril del 2002 en la plaza de Altamira, donde se planificaron y organizaron una serie de situaciones, entre ellas la colocación de artefactos explosivos con composición C-4 en los consulados de Colombia y España, donde resultaron heridas varias personas y se produjeron daños en las infraestructuras, “hubo participación del sector político de la derecha y fue una acción netamente terrorista”, aseveró.

En el año 2004, 150 paramilitares colombianos residían en la finca Daktari, ubicada entre los municipios Baruta y El Hatillo con protección de las policías municipales, “fueron liderizados por el comandante Lucas, la mano asesina del paramilitar Salvatore Mancuso, el cual declaró en Estados Unidos que estos colombianos estaban en Venezuela por instrucciones de Álvaro Uribe Vélez”, dijo.

RESOLUCIÓN DE PORTE DE ARMAS

El ministro además notificó que su despacho y el ministerio de la Defensa firmaron una resolución conjunta donde se expresa que “todo venezolano que tenga porte de armas legal tiene desde la presente fecha, hasta el mes de abril del próximo año, para presentarse ante la División de Armas y Explosivos (Daex)”, aseveró.

Los ciudadanos podrán chequear su expediente, demostrar la legalidad de su arma y renovar su documento. “Quien no lo haga le será incautado su armamento en cualquier punto de control de la Fuerza Armada Nacional”.

Destacó que en la primera semana el Plan Desarme Voluntario colectó 315 armas. Invitó a los venezolanos a impulsar la entrega de armas voluntarias.

Ciudad CCS