Honduras: policía desaloja comunidad Garífuna en Barra Vieja
El desalojo ocurre debido a la urgencia de ampliar las instalaciones del complejo turístico Indura Beach Resort para confort sobre todo de turistas extranjeros, así se ha mandado a la calle este dia a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722), ha denunciado la Ofraneh.
Tegucigalpa. Este día fuerzas militares por orden judicial desalojaron a los pobladores garífunas de la comunidad Barra Vieja, ubicada cerca de la ciudad de Tela en el norte de Honduras.
Según organismos de fraternidad negra esto obedece a la campaña emprendida por el actual gobierno en contra del pueblo Garífuna, y en esa línea se desalojó a la comunidad de Barra Vieja, Tela. Esto ocurrió a instancias de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y el Indura Beach Resort, que pretenden desalojar a más de 450 personas, vistos como estorbo para el proyecto turístico causante de la destrucción de parte de los humedales de la laguna de Micos (RAMSAR 722).
La Organización Fraternidad Negra de Honduras (OFRANEH), ha dicho que la Corte de Apelaciones de La Ceiba ha repetido la ofensiva en contra de Barra Vieja perpetrada desde el pasado 6 de agosto pasado, cuanto un contingente de policías arremetió contra los habitantes de la comunidad, allanando sus moradas y sacando los enseres, con el propósito posterior de demoler las viviendas.
Hasta este día, la resistencia pacífica de la comunidad evitó que las fuerzas del Ministerio de Seguridad llevaran a cabo su objetivo, pero hoy cumplieron su amenaza de que regresarían con un mayor número de efectivos para lograr su objetivo. Desde entonces, se había decretado una guerra sicológica en contra de los garífunas de Barra Vieja, lanzando globos sonda cargados de intimidaciones y amenazas del desalojo.
Un dirigente garífuna entrevistado en la zona por medios televisados ha dicho hace unas horas que “el Estado de Honduras ha demostrado en las recientes audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un irrespeto total en relación a los derechos territorial que poseemos los garífunas, denegando nuestra condición como pueblo indígenas”.
Las presiones territoriales existentes en Honduras en contra de los pueblos indígenas, expone Ofraneh, se agravan con la entrada en vigor de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ciudades modelo) la que incluye a más de 20 comunidades en siete de las 10 zonas señaladas para la entrega al capital extranjero, con el propósito de crear repúblicas cuasi independientes y recurrir a la tercerización de la justicia.
El desalojo en Nueva Armenia y Barra Vieja, no es más que la antesala de la tercera reubicación de Castilla, comunidad que fue trasladada en 1941 y en 1978. La primera vez para la construcción de una base militar estadounidense y la segunda cuando el general Álvarez Martínez obligó a las comunidades de Cristales y Río Negro a ceder la vieja Castilla a la Empresa Nacional Portuaria. En fecha reciente se efectuó un desalojo en un terreno en disputa en Puerto Castilla, lo que no fue más que un ensayo para la expulsión de la comunidad con el objetivo de asentar en el lugar, una de las ciudades modelo-ZEDE.
“Existe enorme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con relación a los derechos de los pueblos indígenas y su territorio ancestral, aunque no exista un reconocimiento del estado sobre dichos territorios”, expone la organización.
Y en un comunicado indica que tanto en la Audiencia en Costa Rica en mayo anterior sobre el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz, y este mes en Paraguay sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra, la Comisión interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado de Honduras su incongruencia en relación al reconocimiento territorial, el cual debe incluir los territorios no titulados.
“Desgraciadamente, ya sea por omisión o ignorancia la Corte de Apelaciones de La Ceiba desconoce las sentencias de la Corte IDH y con base a una cuestionable Ley de Municipalidades y la ilegal Ley de Propiedad, pretende satisfacer los mandatos de los empresarios hoteleros. De esta forma una vez más el Estado viola la Convención de Viena y el Convenio 169 de la OIT”.
