República Dominicana: preocupa la cantidad de huérfanos por feminicidios

La gran cantidad de niños y niñas que están quedando huérfanos por muertes calificadas de feminicidios suponen un problema altamente preocupante en la República Dominicana y demandan una responsabilidad que el Estado no ha querido asumir.

Así lo planteó este martes Marisol Tobal, procuradora general adjunta para Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, al evaluar la situación de las políticas de protección de la niñez en el país.

La magistrada expresó que cuando la madre muere y el padre es apresado, los niños y las niñas quedan en una situación de extrema vulnerabilidad, amparados por parientes que muchas veces no tienen recursos para hacerse cargo de ellos y menos para mantenerlos unidos.

“Esos niños se tratan como cosas. Ni siquiera tienen derecho a vivir el dolor unidos porque un solo familiar no se puede encargar de tres o cuatro niños. Son separados. Creo que el Estado tiene que tomar medida rápida con esto”, apuntó Tobal.

Explicó que la separación de hermanos huérfanos y la falta de una atención psicológica adecuada profundizan la pena y los traumas que el feminicidio les genera a los menores, que en muchos casos ocurre en su presencia.

Tobal reparó en que el Estado está llamado a tomar las medidas adecuadas para “llevar el dolor de ese niño o esa niña a su mínima expresión”.

La procuradora adjunta se refirió también a la explotación sexual de menores, afirmando que supone un delito del que todavía las autoridades dominicanas no se han empoderado totalmente pese a su elevado nivel de gravedad.

En este aspecto, también resaltó la necesidad de asumir con mayor nivel de compromiso los correctivos del problema.

Asimismo, mostró preocupación por la alta tasa de embarazo en adolescentes y la timidez con que de las políticas públicas para encarar el problema.

“Es grave, grave, lo que está pasando en el país. Porque todavía el Estado no ha creado las políticas fuertes para encarar el problema que ya tenemos ni para evitar que más adolescentes sigan quedando embarazadas”, criticó.

En este punto recordó que la ley 136 califica como abuso toda práctica sexual de un adulto o de una persona cinco años mayor con un niño, niña o adolescente, pero en el país se le hace caso omiso a la cláusula.

“Generalmente con esas personas que embarazan a estas adolescentes, nada pasa”, criticó Tobal.

Agregó que a esto se suma que las adolescentes embarazadas suelen ser objeto de abuso perpetrado tanto por los compañeros de clases como por el sistema escolar, “porque ya las ven como un problema”.

Ofreció las declaraciones en el Foro sobre el estado de la protección de la niñez, celebrado por Visión Mundial este martes. En el evento, el organismo presentó un estudio sobre los desafíos y las oportunidades de América Latina para fortalecer sus sistemas de protección de la infancia.

El análisis, de autoría de Francisco Leonardo, apunta que los diez países estudiados se caracterizan por tener escasa información sobre la protección de la niñez y que, en cada país se destaca con mayor nivel de gravedad una problemática distinta.

Este es un resumen de los problemas identificados por Leonardo:

Brasil: Más de 355 niños y niñas son víctima de violencia. En el 64.5% de los abusos sexuales contra menores de diez años tiene lugar en el ambiente familiar o el hogar.

Bolivia: 313 mil niños y niñas trabajan. 366 mil se encuentran en situación de abandono.

Ecuador: El 51% de los menores de 18 años no cuentan con identificación o no han sido registrados.

Guatemala: 834 mil niños y niñas trabajan.

Haití: Tiene altos niveles de violaciones sexuales y de explotación sexual. La data es escasa. Había más de 10 mil casos de violación sexual en 2004.

Nicaragua: El 38% de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no fueron castigados. La tasa de embarazos en adolescente es de 27.5%.

Perú: Destaca por ser el país con mayor número de niños trabajadores. 7.5 millones de niñas y niños trabajan. Muchos en actividades de alto riesgo.

El Salvador: En 2012 había 1,190 denuncias de delitos sexuales en contra de personas menores de 18 años.

Honduras: Los datos también son viejos. Había más de 340 mil niños trabajando en 2007.

República Dominicana: Más del 20% de los niños no tiene inscripción o registro de nacimiento. En la zona rural y en la población de ascendencia haitiana, el impacto es más alto. Tiene una de las tasas de embarazo en adolescentes más elevadas de la región.

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