Tensión en cuarteles – Diario El Tiempo, Honduras

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El conato de insubordinación en la Policía Nacional (PN) por la destitución de su director en jefe, comisionado general Ramón Antonio Sabillón, ha puesto en escena el descontento intramuros de la entidad policial por diversos motivos, entre ellos su preterición institucional y el descuido en su habilitación y equipamiento.

No es común esta clase de rebeldía al cambio de mandos superiores en los organismos de seguridad del Estado, pero los hay cuando se conjugan varios elementos controversiales que resquebrajan la autoridad vertical, a costa de la integridad institucional. Ese parece ser el plexo nervioso en este caso.

De cualquier manera, es una señal –por momentos tensa– de una situación muy compleja en la institución policial, agravada por una artificiosa política de Estado en materia de seguridad, y, sin duda, contradictoria al interés nacional y a la necesidad de articular un sistema de seguridad interna democrática y de vocación comunitaria.

La entidad policial hondureña, seriamente afectada por la pérdida de confianza pública, que llegó al clímax con el affaire de los estudiantes universitarios asesinados en octubre de 2012, además de la infiltración del crimen organizado, a duras penas empezó a rehabilitarse —y a reestructurarse— mediante un lento proceso de depuración que todavía no acaba.

En el transcurso de ese proceso, e involucrado prioritariamente el sistema policial en la lucha contra el crimen organizado y su principal componente, el narcotráfico, se ha construido en nuestro país un intrincado modelo de seguridad, con inspiración y apoyo internacional, de esencia militarista y fundamentalmente represivo.

De esa manera, la adopción de la doctrina de seguridad ciudadana o democrática, que empezaba a tomar cuerpo antes del golpe de Estado 28-J de 2009, fue radicalmente abandonada para restituir la doctrina de la seguridad nacional, de fatal ejecutoria en la década ’80 —la Década de los Desaparecidos— del siglo XX, que es actualmente la plataforma doctrinaria e ideológica de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada para erradicar la estructura policial de orden civil.

Por supuesto, ese es, en última apreciación, el trasfondo verdadero de la tensión provocada por esa contradicción doctrinaria y estructural que hoy día se impone en la realidad hondureña, siempre con los objetivos de controlar, en primer lugar, la energía colectiva a través de la “fuerza de choque”, del paramilitarismo y del terrorismo de Estado, a la larga —si no es que a mediano plazo— también perjudicial para la institucionalidad militar, para las Fuerzas Armadas.

En este sentido, el intento de rebeldía a que hacemos referencia, con su inevitable conclusión, es únicamente una manifestación del magma volcánico que anida en el interior de la seguridad institucional, y que, como sucede siempre cuando esto deviene en proceso, tendrá a la postre una resolución definitiva, cruenta o incruenta, según sean las circunstancias.

Todo depende, para que los daños fueren irrelevantes, de la inteligencia y ponderación con que se maneje el conflicto, algo que hasta este momento no asoma en el horizonte con la necesaria congruencia que el interés público merece y demanda, particularmente en lo que importa a la plenitud constitucional.

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