Chile: senadores oficialistas plantean sancionar lucro en educación hasta con 15 años de cárcel

Ayer en la mañana, el ministro Nicolás Eyzaguirre llegó hasta la sede del Congreso en Santiago para reunirse con los senadores oficialistas de las comisiones de Educación y de Hacienda.

Cuando casi la totalidad de los parlamentarios estaban presentes en las dependencias de la corporación, un grupo se dirigió a un salón para hacer un anuncio que sorprendería al resto de los legisladores. En una conferencia de prensa, Carlos Montes (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alejandro Navarro (MAS), entre otros, presentaron indicaciones al proyecto que pone fin al lucro, copago y selección en los colegios particulares subvencionados. Y fue una propuesta, en particular, la que terminó reflotando una discusión que había enfrentado al sector durante la tramitación en la Cámara: establecer sanciones penales, incluso con cárcel, a los sostenedores que lucren con recursos públicos o usen la subvención en un fin distinto al proyecto educactivo.

En el documento presentado se propone hacer extensivo a los sostenedores el tipo penal de “malversación de caudales públicos” que hoy se les aplica a los empleados públicos que hacen mal uso de recursos del Estado. Esta misma figura hoy rige, incluso, para los alcaldes, quienes también arriesgan penas de cárcel por mal uso de la subvención escolar.

“El artículo 238 del Código Penal establece una norma de comunicabilidad que permite aplicar la normativa del Título de malversaciones del Código Penal a los encargados de la administración de la educación municipal”, se lee en el texto. “De esta forma, todo uso ajeno a los fines educativos constituiría alguna forma de malversación”, se agrega.

Así, la indicación se remite a un párrafo del Código Penal en el que se estipulan las distintas sanciones. Dependiendo de su gravedad y de los montos involucrados, las penas van desde multas o presidio menor en su grado mínimo (61 días) hasta presidio mayor en su grado medio (15 años de cárcel).

Cita con Eyzaguirre

El tema fue abordado posteriormente en la reunión con Eyzaguirre, en la que también participó la titular de la Segpres, Ximena Rincón, y los jefes de comité de la Nueva Mayoría.

Asistentes dicen que el titular de Educación expuso los principales “nudos” del proyecto, dando paso a una discusión sobre las “fórmulas” para resolverlos. Así, se mencionaron los mecanismos de control para evitar el lucro; las “excepciones” en las que se podría mantener algún tipo de selección; los arriendos entre partes relacionadas sin fines de lucro y la opción de ampliar el período de transición para que los colegios se transformen en corporaciones.

Sin embargo, tras la cita la idea de penalizar el lucro volvió a enfrentar visiones en la Nueva Mayoría. Desde la DC volvieron a acusar un intento por “criminalizar” uno de los objetivos del proyecto. “Yo no creo que el camino sea penalizar, criminalizar, con penas de presidio (…). Ahí tenemos una diferencia, que vamos a tener que procesar”, dijo el presidente de la DC, Ignacio Walker.

Pese a eso, la indicación tuvo un amplio respaldo en el resto de la Nueva Mayoría. De hecho, en su elaboración también participaron los senadores Alfonso de Urresti (PS), Alejandro Guillier (independiente), Adriana Muñoz (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS).

Ya durante la discusión en la Cámara se había intentado penalizar el lucro, indicación que fue presentada, entre otros, por Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC) y Fidel Espinoza (PS). Sin embargo, en esa propuesta -que fue rechazada- no estaba explícita la figura de malversación, por lo que la sanción era menor (61 días a 5 años) a la que planteó este grupo de senadores.

Consultado, el abogado penalista Enrique Aldunate, quien redactó aquella indicación, explicó ayer que “en términos comparativos, la nueva formulación que se hace es mucho más severa respecto a lo que se planteaba en la Cámara”.

La discusión, sin embargo, sigue abierta. Hoy se realizará una nueva reunión para avanzar en el acuerdo en torno a las indicaciones, que deben ingresarse hasta el 2 de enero.

La Tercera